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Pactan en secreto la Marina y EU

La Secretaría de Marina de México y el Pentágono de Estados Unidos tienen firmado desde hace cuatro años un pacto de confidencialidad.

Dicho acuerdo es para intercambiar información de seguridad nacional y no revelar ésta ni las operaciones que hagan en función de ella a ninguna autoridad gubernamental, empresa, institución u organización ni incluso a un tercer Gobierno.

El Acuerdo General de Seguridad de Información Militar (GSOMIA, por sus siglas en inglés), que se ha mantenido en reserva y permanece vigente hasta hoy, fue firmado en septiembre de 2008 entre el almirante Francisco Saynez, Secretario de Marina, y Paul McHale, subsecretario del Departamento de Defensa, tras negociaciones iniciadas en 1981.

Después de la firma de ese convenio, el Gobierno de EU ha preferido el apoyo de la Semar en operaciones clave por encima de otras dependencias mexicanas, como fue el caso del operativo contra Arturo Beltrán Leyva del 16 de diciembre de 2009.

El Acuerdo podría explicar la secrecía sobre la identidad de los dos funcionarios del Gobierno estadounidense emboscados el viernes en Morelos, así como las razones de su presencia en el lugar junto a un capitán de la Marina.

El contenido del GSOMIA, que consta de 22 artículos, fue filtrado a WikiLeaks a través del cable diplomático 08STATE98436, clasificado como confidencial, hasta ahora inédito y al cual se tuvo acceso.

El cable está firmado por la entonces Secretaria de Estado de EU, Condolezza Rice, quien señala: “Tenemos entendido que no es necesaria la aprobación de ninguna otra autoridad del Gobierno de México para que entre en vigor una vez firmado, más allá de la aprobación ya concedida por la SRE”.

El propósito del convenio es generar un intercambio “más suave y fluido con la Semar, especialmente entre el personal militar”, y permitir y regular el intercambio de información de seguridad nacional clasificada entre ambas partes, la cual puede estar catalogada como “confidencial”, “secreta” y “ultra secreta”.

También se definen protocolos para proteger esa información que incluyen escoger al personal que tendrá acceso a la misma, que debe ser de “incuestionable lealtad, integridad y honradez”.

Según el convenio, éste vence en septiembre de 2013 y será automáticamente renovado cada año a menos que una de las partes avise con anticipación de su terminación.

El cable 08STATE98436 da cuenta además, que se buscaba llegar a un acuerdo similar con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Construir instituciones de seguridad comprometidas a trabajar conjuntamente para atacar a los cárteles de la droga fue una de las motivaciones principales del Gobierno de EU para firmar ese acuerdo con la Marina, explica el cable 09Mexico283 fechado el 4 de febrero de 2009 y firmado por Leslie Basset, ministra consejera de la Embajada de EU en México.

El diagnóstico en esas comunicaciones era dramático. Advertían que “la sociedad mexicana percibe correctamente que las instituciones de orden público mexicanas son ampliamente ineptas y corruptas” y que “las capacidades de recolección de inteligencia del Gobierno de México son limitadas”.

Se afirma que gracias al GSOMIA, se realizó una conferencia de intercambio de información de inteligencia sin precedentes entre la Marina y el Comando Norte del Departamento de Defensa de EU “centrado en antinarcóticos y antiterrorismo”.

El Gobierno de EU señala en el cable 09MEXICO3573, fechado el 17 de diciembre de 2009, que la aprehensión de Arturo Beltrán Leyva se dio gracias a ese intercambio de información y destacó el “entrenamiento” dado por el Comando Norte a la Secretaría de Marina (Semar).

En ese cable se ponen de manifiesto la preferencia por la Semar así como las críticas a la Sedena por ser “reacia” a realizar operativos de alto nivel con base en buena información de inteligencia y a la SSP de Genaro García Luna.

“El Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna también se puede contar como un perdedor” después de la exitosa operación de la Semar contra Arturo Beltrán Leyva. Y apunta que la SSP consideraba que detener a Beltrán Leyva era su responsabilidad y que en privado García Luna reclamó que la operación debió haber sido suya. No lo fue.

El acuerdo

El Almirante Francisco Saynez, por parte de la Secretaría de Marina, y el subsecretario Paul McHale, por el Departamento de Defensa, se comprometen a proteger la información de seguridad nacional compartida entre ambas instituciones ya sea por la vía “oral, visual, electrónica, magnética, en forma de documentos o en forma de equipos de tecnología”.

El artículo 3 del convenio estipula que se considera información protegida por el acuerdo “la generada por o en nombre de una de las partes o la información que se encuentra bajo su jurisdicción o control y requiere protección en interés de la seguridad nacional de la parte que generó la información”.

Se especifica que para el Departamento de Defensa de EU la información se clasifica en tres categorías: “confidencial, secreta y ultra secreta”, mientras que para la Semar la clasificación es “reservado, confidencial, secreto y alto secreto”.

En el artículo 4 del Acuerdo se establece que nadie, bajo ninguna circunstancia, “podrá ser autorizado para tener acceso a la información clasificada únicamente sobre la base de su rango, posición o control de seguridad”.

“La parte receptora no podrá suministrar la información a cualquier otra entidad gubernamental, persona, empresa, institución, u organización de la parte receptora o a cualquiera otra entidad de un tercer país sin el consentimiento por escrito de la parte que proporciona la información.

“La parte receptora no podrá utilizar la información para ningún otro propósito que para el que fue destinada si no tiene consentimiento por escrito de la parte que proporciona la información”, señala el Acuerdo.

 

Previendo la posible fuga de información, el Departamento de Defensa de EU, que fue el que propuso el Acuerdo, estipuló la forma en que debe llevarse el control de las personas que pueden tener acceso a la información compartida y el perfil de éstas.

Se establece que “cada centro o establecimiento que maneje la información clasificada debe de llevar un registro claro de los individuos autorizados a tener acceso a esa información”. Y sólo se permitirá acceso a personas de “incuestionable lealtad, integridad y honradez y a quien se conduce a sí mismo de una manera que no deja lugar a dudas en cuanto a su discreción y el buen juicio en el manejo de información clasificada”.

También se obligan a cumplir protocolos en el momento mismo del intercambio de información.

Se especifica que, antes de que el representante de una de las partes, ya sea Semar o el Pentágono, entregue información clasificada a un agente o representante de la otra parte, la parte receptora de la información deberá proporcionar una “garantía” de que el funcionario que recibe la información cumple con el nivel necesario de “limpieza”, y la parte que recibe debe garantizar la adecuada protección de esa información.

Puertas abiertas

El GSOMIA contempla que cada una de las partes pueda visitar las instalaciones de la contraparte con el fin de intercambiar información clasificada in situ.

“La parte que será visitada será responsable de notificar a la institución o establecimiento de la visita, el alcance o propósito del mismo y el nivel máximo de información que le puede ser proporcionada durante la visita”.

“Cada parte será responsable de la protección de la información clasificada de la otra parte mientras la información esté en tránsito o almacenada en su territorio”, señala el artículo 9.

Esta cláusula podría explicar por qué, a diferencia de los agentes del ICE asesinados en San Luis Potosí el año pasado, esta vez los funcionarios del Gobierno de EU atacados el viernes 24 de agosto en el estado de Morelos llevaban como escolta a un capitán de la Marina.

Para evitar fugas de información, en el Acuerdo se exige que los documentos con información clasificada deben ser “destruidos por incineración, trituración, reduciendo a pulpa o cualquier otro medio que impida la reconstrucción de la información contenida en el documento”. También demanda que lo mismo se haga con el “equipamiento clasificado”.

En el artículo 21 del acuerdo firmado por el Secretario de Marina, éste acepta que el Departamento de Defensa, y viceversa, haga visitas de supervisión periódicas para corroborar que la protección de la información se está cumpliendo como lo estipula el GSOMIA.

Según la última cláusula, el Acuerdo, firmado en septiembre de 2008, tendrá una vigencia de cinco años, es decir hasta 2013, y será renovado cada año automáticamente “a menos que una de las partes notifique a la otra por escrito y por vía diplomática su intención de concluir el acuerdo con 90 días de antelación”.

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