“Venezuela llegó al punto de no retorno”: ¿Qué está pasando en el país?


Desde la semana pasada, una serie de manifestaciones por parte de la oposición venezolana tienen al país en un estado de conmoción. El pasado 28 de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró la nulidad de la inmunidad del actual parlamento “por los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales”.

Con el fin de “garantizar la gobernabilidad del país” la sentencia también “da órdenes” al presidente Nicolás Maduro de tomar “las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales” para evitar lo que, según la Sala, se convertiría en un “estado de conmoción”. El TSJ asumirá las competencias de la Asamblea Nacional de Venezuela —que es de mayoría opositora—, a la que declaró en “desacato”, y agregó que mientras este continúe, todo lo que haga este parlamento será inválido y sus decisiones consideradas nulas. Esto, en resumen, significa que Nicolás Maduro tiene todo los poderes políticos en Venezuela en sus manos.

A esta sentencia hay que sumar la inhabilitación de los principales líderes opositores —como Henrique Capriles Radonski—, presos políticos, la no realización del Referéndum Revocatorio, el haber dejado en un “limbo” las elecciones regionales del país, y la grave crisis humanitaria que vive Venezuela a diario; en donde conseguir medicinas necesarias o productos alimenticios y de higiene es una utopía para el ciudadano de a pie.

Las marchas y manifestaciones multitudinarias resultantes están metiendo una presión al gobierno no vista desde 2014, cuando Leopoldo López —uno de los líderes de la oposición— convocó las protestas conocidas como “la salida” (protestas del 2014 en Venezuela contra el Gobierno) que generaron su encarcelamiento, con lo que se convirtió en otro de los tantos presos políticos del gobierno de Maduro.

La represión a estudiantes —uno de los grupos más presentes en las marchas— y manifestantes de oposición está en su momento más duro. Hay reportes de que la Policía Nacional Bolivariana está usando unos gases rojos de dudosa procedencia, bombas lacrimógenas vencidas, y perdigones lanzados directamente a los manifestantes y edificios residenciales, aún cuando esto está penado por la Constitución Bolivariana de Venezuela. Hasta el día de hoy, van 134 manifestantes detenidos, según el Foro Penal.

“Va escalando el nivel de sadismo en la represión gubernamental”, denunció en su cuenta de Twitter el periodista Luis Carlos Díaz, quien además hizo eco de las denuncias de robos de teléfonos, manoseos a mujeres, lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y más.

También han sido bombardeados hospitales y clínicas, de acuerdo con Rafaela Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), quien asegura que han tenido que evacuar a bebés para evitar que se asfixiaran. Por otro lado, Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, denunció el uso de bombas lacrimógenas dentro de la clínica donde está hospitalizada, y compartió un video como prueba en su cuenta Twitter.

Por su parte, el gobierno de Maduro ha tomado medidas como el cierre de 12 estaciones del Metro de Caracas. Además, el domingo nueve de abril se registró una fuerte represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado en Las Delicias y Base Aragua, en la ciudad de Maracay, en donde tanquetas del gobierno disparan arbitrariamente a manifestantes. Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en lugar de atender las denuncias de represión hechas por los manifestantes, ha preferido bloquear de Twitter a todo usuario que use esta red para reclamarle, haciendo caso omiso y haciendo invisibles las quejas.

Foto Guardia Nacional en disturbios, vía twitter Melanio Escobar.

Imagen de estudiante herido de la Universidad de Carabobo vía twitter RCTV.net.

El internet y uso de redes sociales también está en la mira de Nicolás Maduro desde hace varios días; ya que es el único medio real para informarse en Venezuela. Los canales principales de televisión están amenazados, pactaron con el gobierno, o simplemente prefieren transmitir caricaturas y telenovelas mientras en el país las calles parecen una especie de guerra civil. Incluso algunos periodistas han compartido una guía para burlar la censura de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra el internet en Venezuela.

Esta mañana se confirmó el asesinato de Daniel Queliz, un estudiante de la Universidad Arturo Michelena, tras recibir un balazo en la nunca mientras formaba parte de una manifestación en una urbanización de Los Caobos en Valencia, en el estado de Carabobo. Según su primo, Jonathan Arias, él y Daniel estaban protestando en una urbanización que tiene a su lado un módulo de la Policía de Carabobo, y estos empezaron a reprimirlos con perdigones para luego pasar a las balas, confirmó en declaraciones a El Estímulo. 

Las recomendaciones más sensatas de periodistas y activistas son documentar en videos, fotos y testimonios, la acción de cuerpos represivos, ya que estos no no van a aparecer en ningún medio de comunicación tradicional venezolano. La única manera que nos queda a los venezolanos regados por el mundo de que el planeta se entere de lo que está pasando, es utilizar nuestras redes sociales de la manera más responsable posible: documentando, verificando fecha, hora y lugar del evento e implicados; para así poder proceder a cualquier tipo de denuncia.

Enseñar lo que está pasando en Venezuela actualmente es una tarea difícil, que requiere de mucho cuidado y análisis profundo. No es fácil explicar todas las violaciones de Derechos Humanos que están sucediendo en el país, ya que desde Venezuela no sale ningún tipo de información. Platicamos con algunos activistas políticos y periodistas del país para intentar comprender lo que está pasando ahí desde que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las facultades de la Asamblea Nacional, lo que desencadenó las protestas masivas que se están viviendo hasta hoy.

Foto de manifestante herido por bomba lacrimógena en la cara la cual le causó heridas en el cráneo, vía twitter de Gerardo Blyde, Alcalde de Baruta.

Jován Pulgarín, editor de El Estímulo

Comprender lo que sucede en Venezuela es complicado para el ciudadano de a pie y por lo tanto, mucho más para el que no vive en el país. ¿Por qué? Porque el chavismo es un híbrido que suma cualquier práctica que le sea provechosa para imponer y mantener un poder que por la vía democrática le habría sido imposible. Por lo tanto, usa maniobras de regímenes fascistas y su idea de sociedad refiere a cualquier sistema totalitario, aún cuando el presidente fue electo por el voto. Y ahí debemos detenernos para entender el presente.

El estrecho margen que le permitió a Nicolás Maduro vencer a Henrique Capriles Radonski —menos del 2 por ciento— en 2013 presagiaba el cambio que sucedería dos años después con la elección de la nueva Asamblea Nacional. Esa apabullante victoria de la oposición, 112-55 sobre el PSUV, definió la renuncia del presidente a la Constitución Nacional.

El natural desgaste de un proceso que suma 18 años, y el fin de la bonanza petrolera que acabó con la importación y subsidio de productos básicos, minó el apoyo y el capital político que había dejado Hugo Chávez. Maduro tuvo la oportunidad entonces de dar un giro en su plan de gobierno. No sólo por los resultados en esa votación sino por la impopularidad de su mandato, explicada por la escasez y la inseguridad, registrada en las propias encuentras del Estado. Decidió, sin embargo, huir hacia el frente y darle mayor protagonismo al área más radical del chavismo, representada ideológicamente por Tareck El Aissami —a quien nombró Vicepresidente de Venezuela — y militarmente por Vladimir Padrino, el actual ministro de Defensa.

Foto de manifestante herido por Iván Reyes.

Para comprender el peso del personal castrense, en Venezuela más de un tercio de los 32 ministerios son dirigidos por militares desde 2013 y bajo el mando de Maduro ha crecido 37 por ciento. Los militares manejan los rubros en los que más existen denuncias de corrupción, como la comida, y no hay ninguna transparencia en la adquisición de armamento. Este dato es revelador: Venezuela es el décimo octavo país del mundo, de 172, que más armas adquiere, según el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI). Entre 199 y 2015 el chavismo ha gastado 7,284 millones de dólares en la compra de armamento. Padrino incluso se ha manifestado públicamente a favor de la destitución del Secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, actuando de facto como un político de gabinete.

Esa radicalización del proceso eliminó cualquier resquicio democrático y profundizó la unión entre los principales poderes del país que no fueron electos por los venezolanos. Colocados a dedo y sin el debido proceso legal, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral han seguido las instrucciones dadas por el Ejecutivo, retardando u obviando las fechas para las elecciones de los gobernadores, que debían realizarse en 2016 y de los alcaldes, que están pautadas para el cuarto trimestre de este año. 

Foto por Ildemaro Trias. 

Ante ese panorama, y tras fracasar en un diálogo en el que nunca hubo un compromiso del Estado por cumplir las peticiones de la oposición —entre ellas cumplir con el cronograma de las elecciones—, el enfrentamiento ha vuelto a la calle una vez que el TSJ, con las ya famosas sentencias 155 y 156, asumía las funciones de la Asamblea Nacional y despojaba a los legisladores de la inmunidad Parlamentaria.

Luego de que la Fiscal Luis Ortega Díaz —en un movimiento que aún resulta inexplicable debido su conocido afecto al proceso—, advirtiera que el hilo constitucional se había roto, Maduro apareció en una cadena nacional nocturna asegurando que había resuelto el entuerto. El propio TSJ enmendó algo a todas luces ilegal, pero dejó al Presidente con las facultades para crear empresas mixtas y conceder recursos sin consultar al legislativo.

De tal manera que en la práctica, la AN quedó de adorno y sin el reconocimiento de las fuerzas armadas nacionales, ni del Presidente de la República. Ahora tiene solo dos espacios para expresar dar su lucha: el internacional, donde cuenta con cierto apoyo de los países no alineados con el eje Cuba-Ecuador-Bolivia en Suramérica y Rusia-China en Europa y Asia y la calle, donde debe trabajar duro para recobrar el apoyo de un sector —el opositor—, que aún se debate entre otorgar o no por enésima vez un voto de confianza a quienes no han logrado traducir en una fuerza cohesionada al enorme descontento nacional.

Esta podría ser la última vez que los venezolanos opositores se la jueguen por sus representantes, aún a sabiendas de que ni el Gobierno ni los militares respetan los derechos humanos.

Víctor Amaya, periodista

Hacer periodismo en Venezuela no es tarea fácil. En los últimos años, de hecho, se han ido profundizado las dificultades con la censura, la autocensura, y los peligros de la calle. Lo que ocurre actualmente en el país, denuncias que van y vienen, cruzadas incluso, sobre golpe de Estado, desconocimiento de autoridades de otros poderes, rumores y silencios oficiales se convierten en factor importante a la hora de trabajar.

Hablamos de un país donde la televisión nacional decidió entregarse al silencio y donde las limitaciones financieras de los medios independientes complican las coberturas amplias y detalladas.

Pero además, así como se ha ido imponiendo en EU, en Venezuela abundan los fake news desde hace años. Datos oficiales que no pueden ser contrastados, o “verdades” gubernamentales que no son tales, como se ha demostrado. Todo eso abunda en desconfianza y, también, en la necesaria activación de procesos de verificación. Porque además no sólo el gobierno miente, la oposición también lo hace.

Foto por Andrea Daniela Sandoval.

Es entonces un reto documentar lo que sucede y poder traducirlo de la manera más fiel y comprensible posible al público interesado en tomar decisiones informadas. Además, se recrudece la cobertura de calle, con represión que no tiene demasiados miramientos con la prensa.

En cuerpos de seguridad la prensa es vista como enemiga, como el ojo intruso en su actuación “por el orden”. Y ante eso también hay que estar alerta porque cuando las autoridades consideran el trabajo de la prensa libre parte del otro, y no una herramienta de la sociedad democrática, los peligros aumentan. Allí vimos a la Guardia Nacional agrediendo brutalmente a Elyangélica González, corresponsal de Caracol en Caracas; un ejemplo reciente que se suma a tantos otros que además, muchas veces terminan con complicidad institucional y ningún castigo para los agresores.

En Venezuela se hace periodismo de guerra aun en un país “en paz”, aunque convulso hasta la médula.

Henkel García, director de Econométrica

Según entiendo distintos factores de gobierno estudiaban llevar adelante una medida que traspasara las competencias de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia para así destrancar el juego del financiamiento y la redacción de leyes que también permitiesen conseguir mayores recursos. No todos los factores estaban de acuerdo con la medida; salió sin el visto bueno de muchos de ellos.

Lo que algunos temían se dio, y fue un amplio rechazo tanto en la esfera internacional, como en la interna. La medida para mí profundiza las fracturas que ya existían dentro del gobierno. La declaración y deslinde de la Fiscal es una evidencia clara de ello. Hoy el gobierno se encuentra desligitamado, sin fuentes de financiamiento, y con una crisis económica y humanitaria que se agrava día con día.

La tensión social, política y la internacional tienden a ir in crescendo. Crisis agravada en la que cabría decir que Venezuela llegó al punto de no retorno y nos podríamos preguntar, ¿La crisis actual desembocará en la tal esperada transición? Es un evento posible, que se hace cada vez más probable.

Eugenio Puzkas, periodista especializado en temas electorales

En Venezuela hay una incertidumbre total, y las sentencias del TSJ siguen siendo un tema que tiene más incidencias ante la comunidad internacional que internamente en el país. Las sentencias son muy graves pero, para el venezolano de a pie no cambia nada lo que ha ocurrido en el último año, es decir, un Parlamento que no tiene competencias reales porque no hay algún organismo del Estado que acate lo que dicte la Asamblea Nacional. Entonces, con esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia lo que hicieron fue ratificar algo que ya estaba ocurriendo en la práctica. No obstante, son sentencias muy graves ya que una de las dos sentencias (la 155), le otorga poderes absolutos a Maduro en el ámbito civil, militar, legislativo. 

Maduro tiene competencias para legislar en el ámbito penal, y ya hemos vistos como opositores o personas críticas al gobierno de Maduro no han podido ser juzgados en jurisdicción civil sino que han sido pasados a jurisdicción militar. De hecho, todos los diputados que votaron a favor del debate de la Carta Democrática en la OEA, en la sentencia 155 se les acusa de “Traición a la Patria” y ese es un delito militar. 

Foto del gobernador del estado Miranda, Henrique Carpiles Radonski, afectado a causa de los gases lacrimógenos por María Cecilia Peña.

Así que, para la comunidad internacional sí es un tema delicado que va a generar mucho ruido, mucho más que el Referendum Revocatorio, porque este es una figura que no está en la Constitución de muchos países y no se entiende cómo funciona; pero el Parlamento sí. Los países que en su momento han tenido gobiernos militares no autocráticos que han disuelto los parlamentos saben lo que esta decisión significa. Ahora bien, si la Fiscal General no se hubiese manifestado en contra de esta decisión, esto no pasaba de ser un conflicto interno de Venezuela. De hecho, el Ministerio Público —que depende de la Fiscal General—, ha emitido órdenes de excarcelación a personas que están detenidas y los cuerpos militares (SEBIN) no han acatado estas órdenes, ya que la Fiscal desde hace un año está marcando una línea separada al Gobierno (siendo por años uno de los brazos más fuertes del chavismo). 

Esta declaración de la Fiscal evidentemente cambia el tablero de juego sobre todo a nivel internacional, porque ya no se trata de que la oposición venezolana está denunciando un Golpe de Estado, el cual el Gobierno podía desestimar tranquilamente alegando que era algo coyuntural, o que no era verdad. La Fiscal General ahora ha dado argumentos de que en Venezuela se rompió el orden constitucional. En conclusión hay una incertidumbre completa de lo que pueda ocurrir en los próximos días.

Melanio Escobar, periodista y director de la ONG Redes Ayuda

Desde que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó estas dos últimas sentencias en donde quitan las facultades a la Asamblea Nacional de legislar y, asimismo, la inmunidad parlamentaria a los diputados, la sociedad civil y la opinión pública e internacional, ha determinado esta situación como un Golpe de Estado. Esto ha sido condenado por organismos internacionales como la OEA, y su secretario general Luis Almagro ha hecho énfasis en que esta situación es una dictadura luego de  que el Gobierno Bolivariano de Venezuela tomara esas decisiones a través del brazo Judicial.

Obviamente todas estas decisiones han creado una desestabilización en la sociedad civil, que se ha mantenido permanentemente en las calles reclamando su derecho a tener unas elecciones; a que la Asamblea Nacional pueda legislar y obviamente a cambiar de gobierno. Decenas de miles de ciudadanos han tomado las calles ejerciendo su derecho de manifestar pacíficamente exigiendo las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores que se viene posponiendo desde el 2016. Asimismo, se están exigiendo unas elecciones generales desde la sociedad civil.

Foto por Andrea Daniela Sandoval.

Una coalición de organizaciones de derechos humanos —que embarcan más de 110 organizaciones sociales y de colegios de abogados—, dieron una rueda de prensa exigiendo la destitución del Defensor del Pueblo Tarek William Saab, ante su apoyo a la medida inconstitucional tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, decidió pronunciarse catalogando la decisión como inconstitucional y que rompía el Estado de Derecho en Venezuela así como el orden constitucional. A raíz de esta situación, tenemos inclusive poderes del chavismo que desafían la decisión de Nicolas Maduro de quitarle toda la potestad a la Asamblea Nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Ante las manifestaciones, el Estado venezolano ha optado por la represión utilizando armas que son inconstitucionales —como el gas pimienta, piedras y palos—, por parte de efectivos de seguridad oficiales del Estado: Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana. También se han unido cuerpos de choque llamados “Colectivos” que en realidad son cuerpos parapoliciales que con armamentos inconstitucionales han disparado a manifestantes a quemarropa.

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