La oportunidad desperdiciada por México: ser una potencia en la industria farmacéutica cannábica


Alejandro Madrazo es Director del Programa de Política de Drogas del CIDE. Estudió la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Creo que México va a la retaguardia en cuanto a política de drogas, aunque muchos abogados de todo el mundo dedicados a este tema piensan que estamos a la vanguardia. El fallo del caso conocido como SMART —en el que nuestra Suprema Corte reconoció que el uso de la cannabis es una actividad tutelada por nuestra Constitución— es célebre más allá de nuestras fronteras, debido a que quizá sea el más robusto fallo judicial sobre regulación de las drogas en el mundo.

SMART pudo haber sido un parteaguas. El fallo de la Corte pareció sacudir a la clase política. De inmediato, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo convocaron y realizaron debates nacionales paralelos sobre qué debemos hacer con la mariguana. La sociedad civil —organizada y desorganizada—, la academia y el sector salud acudimos y opinamos. Llevamos información y propuestas. Se abrió así una oportunidad única para repensar la política de drogas en forma seria y comprehensiva, pero la desperdiciamos.

La evidencia presentada fue abrumadora sobre lo contraproducente que resulta la prohibición y el consenso casi unánime de que la regulación, como está hoy, es insostenible e inaceptable. A pesar de ello, el Congreso no ha movido una coma a la regulación de la cannabis a más de un año de esos debates.

Cuando el presidente Peña presentó una iniciativa tan restrictiva como le fue posible imaginar —una que permitiría exclusivamente el uso de derivados farmacéuticos de la cannabis con fines medicinales (que, además, tendrían que ser importados)— supe que la oportunidad que la Suprema Corte había abierto iba a ser desperdiciada. El gobierno simplemente no esta dispuesto a entrarle al problema relacionado con la cannabis que más nos afecta, el de la violencia oficial desplegada contra usuarios de cannabis y el de la violencia generalizada que criminales y autoridades dispersan por todo el país desde hace una década. La pobreza de la iniciativa presidencial era tanto más evidente cuando se le contrasta con la otra iniciativa —presentada como resultado de esos foros— elaborada por iniciativa de México Unido por la Delincuencia por un equipo de académicos, especialistas, activistas, abogados y legisladores y finalmente adoptada por el entonces presidente del Senado, Roberto Gil.

Sin embargo, con toda su pobreza imaginativa y su conservadurismo moral, la iniciativa del presidente Peña —corregida de sus principales errores en el dictamen aprobado en el Senado— tenía dos virtudes. La primera, es que, de aprobarse, implicaría el primer paso en la dirección correcta: hacia la regulación y alejándonos de la militarización. La segunda, es que abría una nueva oportunidad: hacer de México una potencia de la industria farmacéutica mundial. Sí, tal como lo leen. Si hace una año hubiésemos aprobado la iniciativa presidencial, hoy México llevaría ventaja a nivel mundial para el desarrollo de la industria de mariguana medicinal que tiene enorme potencial y que veremos crecer aceleradamente ahora que otros países —especialmente Canadá— han tomado la delantera.

Llevo 10 años pensando en cómo debemos regular la mariguana una vez que salgamos de ese atolladero que es la prohibición absoluta y militarizada. Durante todo ese tiempo, el problema central que me ha ocupado es el de la violencia —sea criminal u oficial— que genera la prohibición. En segundo lugar, me he preocupado por encontrar un entramado normativo e institucional que evite caer en los errores en que hemos caído al regular otras substancias —el tabaco y el alcohol— haciéndolas un problema grave de salud pública. Los problemas de la regulación del alcohol y el tabaco se derivan, estoy convencido, de haber establecido una regulación que permitió el desarrollo de una industria poco competitiva y con una enorme capacidad para capturar —esto es, corromper— a los agentes del estado responsables de regularles.

Por ello, reflexionar sobre cómo podemos fomentar el desarrollo de una industria lucrativa en torno a la cannabis me resulta ajeno. Hoy, sin embargo, quiero hacer justo eso. Éste es más un ejercicio de especulación reflexiva, que el resultado de la investigación académica. Se informa de un cúmulo de experiencias anecdóticas y conversaciones que, a lo largo de los años, he tenido con reguladores, estudiosos y empresarios de la cannabis, así como de las inferencias a raíz de mi trabajo académico en otras áreas. La expondré a partir de una serie de hechos o supuestos que suscribo y que, por si solos, llevan a la conclusión que la iniciativa presidencial ya aprobada en el Senado, y que podría aprobarse en los siguientes días en la Cámara de Diputados, pueden aún permitirnos abandonar al retaguardia en la política de drogas, pues permitirían aprovechar esta oportunidad.

Primero

La industria más lucrativa que se desarrollará cuando abandonemos la prohibición de la cannabis va a ser la de mariguana medicinal, no la lúdica, recreativa o de uso personal. La gente suele asumir que dado que la cantidad de usuarios de cannabis con fines personales es un universo más grande que la de usuarios de cannabis con fines medicinales, el mercado importante está en los productos para uso personal o lúdico. Yo creo que esto no necesariamente será así y que, aún siéndolo, la cantidad de usuarios no tiene por qué determinar el volumen de las utilidades.

Déjenme explicarme: la industria de la mariguana medicinal lleva más de 20 años siendo legal en Estados Unidos, cuando California abrió camino desde 1996. Mucha gente asume que los empresarios que comenzaron a construir la industria entonces no hacían más que usar lo “medicinal” como excusa para vender al mercado de usuarios “lúdicos”. Se equivocan. Además de aprovechar la ventana legal, algunos empresarios comenzaron a invertir en desarrollar nuevos productos con fines medicinales. Hace unos años, uno de ellos me platicaba que habían desarrollado productos no sólo para enfermedades graves y catastróficas que no encontraban tratamiento en la farmacopea ortodoxa, sino también para padecimientos cotidianos como el dolor de cabeza. ¿Se imaginan lo que implica en términos económicos un medicamento que pueda competir con la aspirina? ¿Uno hecho con CBD exclusivamente —cero THC—, de forma que no “pone” y permite a su usuario desarrollar sus tareas normalmente pero sin padecer la migraña que busca atacar? ¿Uno que a diferencia de la aspirina, que mata a miles anualmente, no tiene efectos secundarias conocidos?

Los cannabinoides usan el sistema de receptores neuronales más extendidos en nuestro cerebro. Su potencial para interactuar con nuestro sistema central nervioso es enorme. Pero casi nada se ha invertido en investigar sus potenciales usos medicinales, si se compara con otras substancias. Por ejemplo, el National Institute for Drug Abuse de Estados Unidos sólo invierte en investigación que busca documentar los efectos negativos de la cannabis pero, por mandato, no invierte un solo dólar en explorar su potencial como fuente de medicamentos. Conforme se invierta más y más dinero —privado primero, público después— en desarrollar medicamentos derivados de la cannabis, es probable que veamos una revolución en la industria farmacéutica mundial.

Segundo

En México la regulación de la cannabis farmacéutica sería federal y por lo tanto, daría acceso a las patentes. Muchos dirán “si EU lleva veinte años de haber legalizado la mariguana medicinal, ¿por qué no vemos esos productos en los muchos estados que la permiten?” Pues bien, aquí viene el segundo punto clave para entender nuestra oportunidad: los medicamentos son lucrativos, en gran medida, porque se les puede patentar. Esto es, quien lo desarrolla, lo patenta y tiene exclusividad en su explotación comercial por algún tiempo. Pero allí está el detalle: la regulación de la propiedad intelectual —que incluye las patentes— en Estados Unidos es de competencia federal. Eso quiere decir que si bien los empresarios de la mariguana medicinal han podido producir y vender mariguana y sus derivados desde hace dos décadas, no han podido ni podrán patentar los medicamentos que han derivado mientras se mantenga la prohibición federal en el país vecino.

En contraste, la iniciativa que está pendiente de aprobación por nuestros Diputados legalizaría el uso farmacéutico de la cannabis a nivel federal. En automático, los desarrolladores tendrían acceso a usar el régimen de propiedad intelectual mexicano para patentar los medicamentos que desarrollen. Podrían así patentar y tener exclusividad para venderlos en el mercado nacional de inmediato. Pero hay algo más: a través de la patente mexicana, los desarrolladores de medicamentos estarían en condiciones de hacer valer su exclusividad a nivel mundial. Verán, México —como discípulo estrella del libre comercio— ha firmado prácticamente todo tratado comercial que se le ha puesto enfrente en los últimos treinta años. Entre los muchos convenios y tratados firmados, suscribimos el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Así, cualquier país que lo haya suscrito, debe respetar las patentes que el nuestro haya registrado primero y hacer valer la exclusividad del titular de la patente en su jurisdicción. Así es: conforme los países del mundo legalicen la cannabis medicinal, abrirían sus jurisdicciones a los medicamentos desarrollados en México y patentados aquí. Vamos: las industrias farmacéuticas transnacionales podrían desarrollar y patentar en México medicamentos para, desde aquí, conquistar el mercado mundial.

Tercero

El beneficio podría ser para el público. A diferencia de países como Uruguay o Jamaica, que legalizaron la cannabis a nivel nacional, México tiene la capacidad para desarrollar medicamentos derivados de la cannabis. Nuestras universidades y centros de investigación juegan en una cancha distinta que las universidades de estos otros dos países. Aquí tenemos la capacidad y la tecnología para desarrollar una industria farmacéutica de punta, incluso para la manipulación genética de las plantas.

Otros países no cuentan con esa posibilidad, nosotros sí. Pero esa posibilidad implica, además de desarrollar los medicamentos, hacerlo de tal forma que sean nuestras instituciones académicas —la UNAM, el Poli, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, etc.— y nuestro sector salud, los beneficiarios de esta industria. Si nuestras universidades desarrollaran los medicamentos y registraran las patentes, las utilidades no tienen por qué irse al sector privado o a las farmacéuticas trasnacionales. Lo que es más, si la parte pública del Sector Salud utilizara su capacidad —que no es menor— para desarrollar por si, o en conjunto con las universidades (o incluso con privados), los medicamentos derivados de la cannabis, podrían patentarlos, explotarlos y luego invertir las utilidades en mayor desarrollo de medicamentos o -por qué no- en mejorar nuestros programas de prevención de adicciones y educación.

Para ello, requeriríamos una política industrial en torno a la cannabis medicinal. Lo que el gobierno debería hacer es no sólo abrir la posibilidad de una industria farmacéutica robusta con los derivados de la cannabis, sino también procurar que los beneficios de esa industria no sean para unas pocas empresas sino para todo el país. Tristemente, desde hace treinta años, nuestros economistas públicos suscriben el credo de que “la mejor política industrial es que no haya política”, así que veo difícil que el gobierno tenga la visión para la política industrial que esta oportunidad merece. Si la Secretaría de Salud ha sido el principal lastre para avanzar en dirección que nos aleje de la prohibición militar y nos lleve a la regulación responsable, no imagino a la Secretaría de Economía desarrollando un plan serio para vincular universidades, sector salud y empresarios para la construcción de una industria farmacéutica boyante que beneficie a los mexicanos. Pero si lo hiciera, otro gallo nos cantaría.

Por supuesto, esta reflexión no está exenta de pesimismo. A nuestro Congreso no parece importarle aprobar la ley en puerta ahora que la regulación de la cannabis ya no es escándalo mediático. Nuestra administración pública está atorada en el pantano de las inercias prohibicionistas y hasta nuestros especialistas en salud parecen más cómodos delegando a policías y soldados la política pública en materia de drogas. Mientras tanto, Canadá avanza triunfante para ocupar justamente el nicho internacional que yo quisiera ver a México ocupar. Su apertura a la cannabis es nacional, no provincial, y en consecuencia tiene acceso al derecho de patentes. Lo que es más, hace unos días The Economist reportaba cómo los canadienses están llevando la apuesta del desarrollo de la industria de la mariguana medicinal a niveles serios, con el desarrollo de vehículos de inversión en la industria más sofisticados. Lo más probable, es que los canadienses nos coman el mandado. Cuando lo hagan, sólo podremos culparnos a nosotros mismos.

La muy estrecha iniciativa presidencial tiene pocos beneficios, pero uno potencialmente enorme. Y ese, lo estamos desaprovechando. Quedan pocos días para que cierre el Congreso. Tras año y medio de discusión nacional, y tras su aprobación en el Senado, a la cannabis farmacéutica le falta sólo un pasito para ser realidad en México. Si lo damos, quizá aún estemos en condiciones de subirnos a ese tren. Ya dejamos pasar la oportunidad de revisar a fondo nuestra política de drogas. Ya dejamos pasar la oportunidad de ser la locomotora en el tren que va a llevar a la cannabis a abrir camino en la industria farmacéutica internacional. No dejemos pasar la oportunidad de subirnos a ese tren, aunque no seamos la cabeza. Hoy por hoy, no podemos culpar a Estados Unidos o al ya fracturado consenso internacional prohibicionista. Nuestra posición en la retaguardia la hemos elegido y sostenido a pulso, a pesar de los muertos, los desaparecidos, las fosas, los usuarios criminalizados, las familias destrozadas.

Hoy estamos dejando pasar incluso la posibilidad de prosperar haciendo medicinas que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas. Así de grande es nuestra afición por la retaguardia.

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