¿Sirve ampararse para usar mariguana legalmente en México?


En México parecen estancados los caminos por los que sectores activistas han empujado el uso de mariguana y sus derivados para diversos fines. Quienes han buscado amparos y permisos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para aliviar a sus familiares enfermos, y quienes lo han hecho para fines recreativos, creen que nos encontramos a mitad de un camino que ha sido bloqueado.

Y es que desde noviembre de 2015, cuatro personas han obtenido un permiso para consumir mariguana legalmente con fines recreativos, frente a las 389 solicitudes que ha recibido la COFEPRIS, mientras que quienes ahora importan medicamentos derivados del cannabis creen que las legislaciones actuales y los 266 permisos de importación no garantizan el abasto justo que requieren.

Julio Sánchez y Tepoz, comisionado de la COFEPRIS, dijo en una entrevista reciente que “muchas [de las solicitudes] ya han sido desechadas, otras están en prevención y actualmente estamos dando seguimiento puntual”. La COFEPRIS no especifica cuál es el periodo en que se han hecho estas solicitudes, pero el grupo más grande de peticionarios, 50 miembros de Jóvenes del PRD, protestaron en marzo reclamando después de un año sin respuesta.

Las cuatro personas amparadas son miembros de SMART, una organización que existe exclusivamente para empujar por una vía jurídica la posibilidad de una futura legalización de la mariguana en México. De acuerdo con la solicitud de amparo citada en el proyecto creado y votado en la Suprema Corte a finales de 2015, la prohibición de la mariguana es una “indebida restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo individual, […] así como el derecho a la disposición de la salud”, es decir, puedes ser un mariguano y verte como uno —quién sabe cómo se ve un mariguano— si se te da la gana.

SMART se amparaba ante una negativa de COFEPRIS, que de acuerdo a la Ley General de Salud, no puede justificar entregar un permiso para el uso de cannabis a quien no lo requiere para fines médicos. El resumen de la estrategia de los peticionarios es pedir permiso, recibir la notificación de que no hay permiso, pedir un amparo, y pelear porque éste sea atraído otra vez por la Suprema Corte para que después de varias resoluciones similares exista jurisprudencia para abrir paso a leyes que no se han logrado a través de las cámaras.

Decenas de iniciativas legislativas rechazadas en ambas cámaras respaldaban este proyecto de litigio estratégico de SMART, y coordinada por el abogado Andrés Aguinaco. Se podría utilizar el camino de los amparos y el criterio de la Suprema Corte como una alternativa a las iniciativas legislativas que se han congelado en la última década.

Estamos viendo una popularización de las iniciativas legislativas”, dijo Lisa Sánchez, directora de política de drogas de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), con quien platicamos en noviembre de 2016. Aquella vez mencionó cómo han aumentado el número de iniciativas de políticas de drogas en las cámaras: Entre 2006 y 2012 se generaron cinco, el número se duplicó entre 2013 y 2015, mientras que entre 2015 y 2016 se generaron 29 iniciativas sobre política de drogas, 16 de ellas específicamente sobre cannabis.

La última de las iniciativas es un dictamen de reforma a varios artículos de la Ley General de Salud aprobada por el Senado, y que modifica los químicos considerados como de utilidad médica, como Nabilona, un canabinoide que se utiliza para tratar náuseas en pacientes con cáncer; el THC en concentraciones menores a 1 por ciento y el cáñamo. Si quieres leer el dictamen (aquí), el lado izquierdo muestra la redacción final, y el derecho lo que la comisión encargada agregó o eliminó. En este momento se encuentra en manos de la Cámara de Diputados para ratificarse, y sobre la cual no tenemos ningún indicio de próxima discusión o voto —el periodo de sesiones está programado para terminar el próximo 30 de abril. La ley incluye también una posible siembra que deberá ser regulada por el ejecutivo.

Según los críticos de la reforma, estas modificaciones alientan la participación de farmacéuticas sin entregarle ningún poder al usuario final, criminaliza al usuario a pesar de que, como en el caso de los amparados a través de SMART, la Suprema Corte reconoció que su uso es legítimo, y por supuesto mantiene mercados ilícitos. Con medidas tan bajas de THC, muchos pacientes que requieren de su uso seguirán siendo criminales al usarlo.

“La mayoría de los pacientes, aún sabiendo que el THC les ayuda […], no pueden tener acceso a él porque la única manera es mediante un amparo”, dice Raúl Elizalde, padre de Grace, una niña de Monterrey que recibe tratamiento con THC gracias a este método. La familia Elizalde siguen siendo las únicas personas en México que pueden usar el THC legalmente.

“Un paciente de cáncer no quiere gastar sus fuerzas para recurrir a este tipo de tratamientos”, dice Raúl. “Ese es el problema sin regulación, estamos teniendo productos de pésima calidad, sin ningún control sanitario, sin ninguna regulación. Los pacientes lo tienen que hacer por que lo necesitan”.

Raúl dice que el movimiento de usuarios médicos, para el que él y su esposa Mayela se han convertido en líderes, sigue creciendo. “Lo que va de este año hemos ayudado a más de mil personas, de todos los tipos de padecimiento y para diferentes usos”, dice Raúl.

“Lo único a lo que están orillando a los pacientes es recurrir a un mercado negro”.

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