La guerra contra las drogas persigue primero a mujeres y usuarios


Josefina tenía un hijo enfermo y otros más sin alimentos. Dedicada las labores del hogar, las pruebas médicas que necesitaba su hijo requerían dinero urgentemente. Así fue como pidió un préstamo a un hombre del pueblo, quien a cambio le pidió llevar mariguana desde Oaxaca a otra ciudad. Como nunca lo había hecho, no sabía que de ser detenida, ella enfrentaría un proceso cuya pena es de 10 a 25 años de prisión.

La bajaron en un retén y sin ser informada por qué, la trasladaron al Ministerio Público. Ahí, Josefina, quien no sabe leer, firmó una declaración en la que dice que llevaba un celular con fotos, dinero, un arma. En los dos años que duró el proceso de su caso, su abogado no se presentó a las audiencias, a los careos con federales ni con el juez.

Hoy Josefina cumple una sentencia de diez años por transporte de mariguana. Ella no se llama así, y el nombre está reservado para que el día que ella salga, la historia que ella vivió en la cárcel no la persiga el resto de su vida. Es uno de varios casos documentados por la organización Equis, Justicia para las Mujeres como parte de una investigación sobre mujeres encarceladas por delitos de drogas en Oaxaca, a quienes proponen que puedan ser procesadas con medidas alternativas a las que establecen las leyes actuales.

Como con el caso de Josefina, las cárceles federales distan de estar ocupadas por grandes criminales. Y como Josefina se ve la mayoría de las mujeres que ahí cumplen una condena relacionada con delitos de drogas: son mujeres detenidas y procesadas por transportar drogas. El otro perfil de pobladores en cárceles, como se ve casi la mitad de las hombres procesados por drogas, es el de una persona detenida por tener una cantidad mayor a la permitida para consumo personal. Ambos datos según la Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptacion Social que publicó en 2012 el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Las primeras son personas vulnerables, de sectores socioeconómicos bajos, algunas veces indígenas, que no participan en las organizaciones criminales sino como transportistas que requerían dinero. Los segundos son personas que podrían no participar en narcotráfico. Son quienes, por ejemplo, fueron detenidos por traer más de medio gramo de cocaína, 2 gramos de opio o 5 gramos de marihuana. Nadie creería que quien guardaba diez gramos de mariguana puede dirigir un cartel, o ni siquiera ser una pieza clave que opera la ciudad a favor de cualquier organización criminal.

“La Procuraduría General de la República tendría que ser el aparato más especializado que está persiguiendo a personas como El Chapo Guzmán o los grandes narcotraficantes”, dijo Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE en el Programa de Política de Drogas y una de las coordinadoras de la encuesta en centros penitenciarios. “Lo que vemos es que casi la mitad de lo que se hace en materia de drogas y que terminan en cárceles locales es posesión de narcóticos”, dijo Pérez Correa.

Esta encuesta hace una diferencia entre quienes son procesados federal y estatalmente. Podría ser casi intuitivo pensar que los esfuerzos en los años anteriores a la publicación de la encuesta, las cárceles se llenaron de personas que fueron perseguidas por delitos contra la salud: más de la mitad de los hombres y el 80 de las mujeres que cumplían condenas en cárceles lo hacían por delitos relacionados con drogas. Un poco más de la mitad de todas estas personas, por mariguana.

Entre 2012 y 2014, las procuradurías reportaron al CIDE 6,584 personas por mariguana, 3,179 por cocaína y luego el resto de las sustancias. Estos datos que compartió Pérez Correa corresponden a solo ocho procuradurías o fiscalías estatales. Las demás 24 dicen que no saben o realmente no saben.

Pareciera que los números se replican en las diferentes instancias del sistema penal. En este caso, los penalizados son quienes tienen más mariguana que la que el Estado creen que pueden consumir.

Una forma de determinar qué está persiguiendo el Estado es ver qué otros delitos cometieron estas personas. “La mayor parte de las personas no traía armas, no están cometiendo ningún otro delito, sino específicamente están portando esa sustancia”, explica Pérez Correa. Posesión de narcóticos es sólo eso, no que la consumes, porque esa parte no es ilegal; no que la transportas ni que la comercializas o regalas, eso se castiga diferente.

“La pregunta que hay que hacerse es qué es lo que sanciona el delito de posesión simple”, explicó Catalina para dejar el punto claro. “Pareciera que poseer una sustancia por si mismo es peligrosa. Como manejar en estado de ebriedad: no necesitas que choques, se te quita la licencia y se sanciona porque sí es peligroso manejar en estado de ebriedad. Así se sanciona la posesión simple”.

Te castigan por atascado

Ana Pecova, directora de la organización Equis, comparte la postura de Catalina Pérez Correa sobre la situación de mujeres en cárceles. En diferentes palabras, ambas dicen que es muy grave. Las mujeres son procesadas casi el doble que los hombres por transporte de narcóticos, dice Correa.

Según Pecova, el número de mujeres encarceladas en la región por delitos relacionados con narotráfico ha crecido por más de 50 por ciento en la última década.

“No necesariamente hay más mujeres que se involucran en esas actividades”, dice Pecova. “Nos habla de una criminalización de cierto tipo de conductas que nosotras vinculamos con las políticas de drogas. Tenemos a mujeres sirviendo penas mucho más largas que los hombres. A los hombres por posesión, a las mujeres con fines de venta”.

La postura de la organización es ejercer una pena que considere los contextos por los que las mujeres se involucran en este tipo de actividades. Para personas en su situación, tal vez hacerlo es inevitable.

“Las mujeres han resultado ser víctimas fáciles. Un análisis en el perfil de las mujeres que se involucran en ese tipo de actividades sí habla de altos niveles de vulnerabilidad”, dice Pecova. El resto son los esteoreotipos de mujeres pobres, muy pobres, estudios de primaria, algunas abusadas sexualmente, 96 por ciento de ellas son madres.

Según la perspectiva de Pecova, también cumplir con un rol de mujer las ha llevado a estación. “O es la madre que toma la decisión de transportar la droga porque no hay otra manera de obtener esos ocho mil pesos, o cumplir con el papel de pareja a proteger y ayudarle al novio, o al hijo a que esconde la droga”, dice Pecova. “Al hijo nunca lo capturan, pero a la mamá sí”.

“La carcel no necesariamente es la mejor respuesta”, dice Pecova al citar las características de mujeres vulnerables, primodelincuentes y un deficiente sistema penitenciario que solo tiene la opción de castigar. “Está bien, han cometido un delito, pero probablemente puedan cumplir de otra forma”.

El estudio de Equis a mujeres encarceladas en Oaxaca se ha convertido en una propuesta de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México. Justo ahora hay una versión más actualizada en negociación para ser discutida y votada en la cámara de Diputados durante el periodo de sesiones que termina la próxima semana, el 30 de abril.

Aún te castigan por ser mujer.

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