Tribunales de Tratamiento de Adicciones: la falsa alternativa que recriminaliza a los consumidores mexicanos


El debate sobre el uso y la regulación de la mariguana en México está prácticamente congelado. Mientras la ley que permitiría el uso medicinal de la planta se encuentra detenida en la Cámara de Diputados, los usuarios recreacionales —la mayor parte los consumidores de mariguana en el país— siguen siendo perseguidos, juzgados y encarcelados. Por el otro lado, tenemos un sistema penitenciario sobresaturado en donde aquellos presos por delitos comunes —como posesión simple— conviven con personas detenidas por crimen organizado.

A esto hay que sumar que, tras diez años de una política de drogas basada en la persecución y la criminalización, los resultados muestran saldos negativos: el consumo de drogas ha aumentado en el país, así como la violencia relacionada con el narcotráfico. Ante este escenario, se han buscado diversas maneras de replantear esta política con el fin de reducir el costo social y proteger a uno de los sectores más vulnerables: los usuarios.


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En México, la alternativa planteada para que los usuarios consumidores de drogas no enfrenten la prisión fueron los tribunales de tratamiento de adicciones. Basados en las cortes de drogas surgidas en Estados Unidos durante los años ochenta, los TTA en principio buscan hacer frente a las altas tasas de encarcelamiento. En teoría, se presentan como una alternativa para quitarle presión al sistema penitenciario.

En 2009, Nuevo León implementó el primer acercamiento a un Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Unos años más tarde —en 2013— el gobierno federal decidió expandir el modelo a nivel nacional. Sin embargo, al día de hoy, son cinco estados los que cuentan con este modelo: Nuevo León, Estado de México, Morelos, Chihuahua y Durango. Pero a pesar de ser una política que actualmente se encuentra en funcionamiento, sus resultados son escasos y no muy alentadores.

Recriminalización de los usuarios, tratamientos insuficientes, malas prácticas policiales, y en general la falta de una estrategia de implementación son los principales resultados observados tras la implementación de estos tribunales. Hablamos con Tania Tlacaelelt Ramírez, licenciada en derecho por el CIDE y quien ha trabajado desde 2014 con los Tribunales de Tratamiento de Adicciones en México, para entender más sobre el origen de este modelo y su futuro en el país.

¿Qué son los Tribunales de Tratamiento de Adicciones?
Tania Ramírez: Se trata de un modelo que surge a finales de los ochenta en Estados Unidos para reducir las altas tasas de encarcelamiento que se daban en medio de la epidemia del crack. Están diseñadas para crear alternativas al encarcelamiento; ese fue uno de los fines para los que fueron creadas. En México también están pensadas como una alternativa a la prisión, pero dentro del sistema penal. Se utilizan para personas que cometieron un delito bajo la influencia de drogas o que cometieron algún delito para conseguirlas. 

¿Cómo funcionan estos tribunales?
En México funcionan bajo la figura de suspensión del proceso a prueba. Eso quiere decir que, una vez que una persona fue puesta a disposición del ministerio público, se puede solicitar —ya sea la persona detenida, o en ocasiones el MP— que se suspenda el juicio para someterse a tratamiento, cuando se cumple con las características: que sea un delito menor con una pena promedio de hasta cinco años (como robo no calificado, daños contra la propiedad, posesión simple), que sean primodelincuentes, y que la persona pueda presentar un problema de abuso de sustancias.

Entonces el caso es evaluado, supuestamente por todo un equipo de expertos de salud, y el juez de control decide si se admite a esa persona en el programa. Si no se admite, continúa por la vía judicial. Si se admite, el juez decreta la suspensión provisional del procedimiento a prueba: se suspende el juicio hasta que logren terminar el programa. 

Si logran terminar el programa con las condiciones impuestas —por ejemplo, someterse a tratamiento, tener ciertas sesiones a la semana, ver al juez cada cierto tiempo—, entonces el juez decreta que la causa termina ahí, y no hay ninguna otra sentencia ni sanción. Pero si no logra completar el tratamiento con las condiciones impuestas, entonces se reanuda el procedimiento hasta que reciba una sentencia.

¿Cuáles son los resultados de estos tribunales en México?
En México es difícil conocer toda la información porque las cifras y la información sobre los tribunales es muy escasa y obtenerla es una complicación. Aún por medio de solicitudes de información, a veces no hay un registro completo de los casos y de las características de éstos.

Pero cuando se revisa esta información, las estadísticas de los tribunales para el tratamiento de adicciones —o cortes de drogas—, al menos en México, resulta que la mayor parte de los participantes, más del 90 por ciento, está ahí únicamente por el delito de posesión simple; y en la mayoría de los casos se trata de mariguana. Solamente el menor porcentaje está ahí por otros delitos.

La mayoría de los estados están persiguiendo a los usuario simples de mariguana y lo que tampoco se ha podido comprobar pero se puede suponer, es que son los usuarios más fáciles de aprehender. Eso puede tener un efecto perverso, donde en los estados que implementan los tribunales de drogas, incremente también la detención de usuarios. Por otro lado, no hay un registro sobre reincidencia que nos pudiera orientar en un futuro. Es fundamental contar con más información: nos faltan más detalles, cifras, evaluaciones.

¿Hay planes para implementarlos en otros estados?
Con este gobierno, en 2013, se hizo de este modelo una política. Era solamente un modelo local implementado en Nuevo León, pero en ese año, el gobierno federal decidió que era buena idea expandirlo a otros estados. En una primera etapa empezaron con esos estados. Para una segunda etapa estaba planeado incluir a la Ciudad de México y Chiapas. Yo empecé a trabajar con estos tribunales en 2014, y aparentemente están a punto de arrancar y no han arrancado. Yo noto que el empuje a este programa ha disminuido comparado con el arranque del sexenio. La idea era expandirlo a todos los estados pero bajó el ritmo de empuje.

¿Cómo podrían mejorar estos tribunales?
Una de las primeras recomendaciones que se han hecho es que se dejen de admitir los delitos de posesión simple como parte del programa. Esto ayudaría, por lo menos, a no recriminalizar a los usuarios, aún en el marco de una política como la vigente.

Otra recomendación sería evitar las sanciones por recaída. También acortar los tiempos de duración del programa: duran de 18 a 20 meses, que es demasiado para un tiempo de tratamiento. Otra práctica que hay que cuidar son los exámenes antidopings, y también mejorar la oferta de tratamiento. Y una cosa más: no crear tribunales de tratamiento de adicciones para menores de edad. En Nuevo León y en Chihuahua hay, y en ambos casos, el 98 por ciento son poseedores simples de mariguana.

Con este modelo, los usuarios siguen formando parte del sistema judicial.
El modelo presume que hay una relación causal entre la comisión de delitos y el consumo de sustancias. Este es el paradigma sobre el que descansa el modelo. Desde su diseño hay una criminalización del uso de sustancias. Pero también en la práctica: lo que hacen es criminalizar a los usuarios. Sobre todo en México, en donde la posesión de cierta cantidad mayor a lo establecido en la tabla de la Ley General de Salud está todavía penalizada.

En este sentido, las cortes de drogas están funcionando como un mecanismo de recriminalización de los usuarios de drogas porque se enfocan de manera mucho más fuerte en los poseedores, que muchas veces son simples consumidores y no han cometido ningún otro delito.

Además, no tenemos tratamiento para ofrecer a las personas que no están dentro del sistema criminal y aún así montamos todo un aparato institucional para establecer el programa de tribunales de tratamiento. Por otro lado no hay tratamiento diferenciado: el tratamiento está basado en la abstención como un fin en sí mismo. Se castigan las recaídas —con más días de tratamiento, visitas más frecuentes, o en algunos estados se castiga con días de aprensión— porque se hacen frecuentemente antidopings. No puedes castigar con detención si lo que quieres es dar una alternativa a la prisión.

Cuál podría ser una verdadera alternativa para los usuarios.
Este modelo ya es una realidad. Muchos países lo están implementando y otros más ya lo tienen funcionando. Yo creo que aceptando que este programa es una realidad, nos guste o no, a la par de promover este tipo de respuestas se tendría que promover la creación de más oferta de tratamiento. Así, si tú vas a implementar cortes de drogas, es importante que vayan acompañadas de un fortalecimiento en la parte de tratamiento. Y esto puede generar buenas prácticas. Una buena práctica sería ofrecer tratamiento variado, porque no todas las sustancias y los abusos se tratan de la misma forma. Cambiar el enfoque para que no sea basado únicamente en la abstinencia. Debe haber más responsabilidad de los gobiernos al implementar cortes de drogas. Pero muchas veces no existe la voluntad ni la planeación para implementarlo, pero debería ser algo fundamental de los estados.

Esto finalmente está usando recursos del estado para un programa de tratamiento de adicciones que está captando a usuarios simples. Lo que deberíamos esperar es que si en verdad hay un problema de abuso —porque el que seas usuario no te hace tener un problema de abuso o adicción— pues que hubiera oferta para atenderlos. Pero quienes no tienen un uso problemático o no han cometido otro crimen, pues en realidad no deberíamos usar recursos del estado —aunque sea por medio de los tribunales— para tenerlos ahí dentro del sistema penal. Esos serían los escenarios viables para dejar de perseguir a quienes no deberíamos de perseguir.

¿En términos de drogas, se podría separar el tema de salud del jurídico?
Sí. Hay otros modelos y otras alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas. Muchas solo se pueden implementar con un cambio de paradigma en el tema de las drogas, como ocurrió en Portugal. Pero hay algunos modelos locales que también han funcionado. En cambio, las cortes han tenido tanta expansión no tanto por ser exitosas sino porque hay una estrategia para impulsarlas. Más que la falta de alternativas, lo que vemos es que muchos países están aceptando el modelo de cortes de drogas como un modelo exitoso y comprobado, cuando la verdad es que no existe evidencia para afirmar que lo haya sido. No hay evidencia conclusiva para decir que es un modelo efectivo.

En México, además, estamos importando un modelo creado en un sistema criminal distinto al nuestro. Y no solo eso, sino que se implementó en Nuevo León, y antes de expandirlo a otros estados no hubo la suficiente evaluación sobre si en verdad estaba funcionando. Es decir, se intentó hacer de los tribunales de drogas una política nacional cuando no había evidencia ni estudios diagnósticos suficientes para afirmar que podía ser una experiencia positiva. Antes de promover la expansión de una alternativa hay que hacer buenos diagnósticos para promover políticas basadas en evidencia. No se tomaron todos lo factores en cuenta. No hay evaluación, no hay evidencia, no hay transparencia en los datos, es difícil obtenerlos. No hay evaluaciones del gobierno.

¿Qué alternativas hay para evitar que los usuarios lleguen a la cárcel?
Lo más deseable sería un cambio en la ley, porque técnicamente la posesión de sustancias en cantidades mayores a lo establecido en la tabla sigue siendo un delito. Estas cantidades son muy bajas y no corresponden con el uso real de los usuarios. Además, conocemos las prácticas de corrupción en donde la autoridad llega a plantar los gramos que falten para llegar a una extorsión. El más deseable, pero también más difícil, sería un cambio en la ley para despenalizar esa conducta. Eso implicaría mucha voluntad política y un cambio de paradigma en la materia.

Asumiendo que eso no suceda, otro alternativa sería no perseguir de facto a los consumidores, como ha ocurrido en otros países. Eso se puede hacer. De hecho se ha planteado en términos legislativos, hubo alguna iniciativa para dar prioridad cero a la persecución de delitos como éste. Así se vendieron los tribunales de tratamiento en México: como una alternativa al encarcelamiento porque el sistema penitenciario ya está muy lleno. Pero este mecanismo no le quita carga, porque el policía sigue persiguiendo, el MP sigue enviando casos, y el juez sigue participando. No están cumpliendo con el objetivo de quitar peso a nadie. No estás ayudando a los usuarios porque siguen siendo criminalizados ni al sistema porque continúa saturado.

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