QRoo discute una ley para evitar malas prácticas atribuidas a Roberto Borge


Ante la serie de ilícitos que el gobierno de Roberto Borge presuntamente realizó a través del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) de Quintana Roo, el actual gobernador, Carlos Joaquín, propuso desaparecer esa dependencia y crear un organismo descentralizado que se encarge de vigilar, cuidar y proteger los bienes del estado: la Agencia de Proyectos Estratégicos.

La propuesta, que se prevé sea discutida por los legisladores locales este jueves en su periodo extraordinario, plantea controles a la enajenación de propiedades estatales, con el propósito de evitar que sean vendidas a precios irrisorios, así como la venta de reservas naturales. Autoridades federales y de Quintana Roo señalan que la administración de Borge, hoy detenido en Panamá, incurrió en estas prácticas y produjo un daño al erario por más de 5,000 millones de pesos.

Ve: El gobierno de Borge remató 10% de la reserva territorial de QRoo

En febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 25 predios vinculados con estas irregularidades. Según la institución federal, dichos terrenos fueron vendidos por el gobierno de Borge a un precio por debajo de su valor real y terminaron en manos de familiares y otras personas cercanas al exmandatario.

A esto se suman otras actividades documentadas por investigaciones periodísticas como Los Piratas de Borge, en la que se reconstruye cómo la administración de Borge despojó de bienes a empresarios y particulares, por medio de juicios amañados.

En noviembre, el gobierno de Carlos Joaquín presentó denuncias por estas y otras irregularidades, que derivaron en una orden de captura contra Borge y en su posterior detención en Panamá por el delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. A la fecha, el exgobernador está a la espera de un proceso de extradición a México para enfrentar los cargos en su contra.

Aquí presentamos una guía sobre la propuesta que busca evitar las malas prácticas de las que se responsabiliza a la administración de Borge.

Recomendamos: Los Piratas de Borge, una investigación de Expansión y MCCI

El ABC de la ley

La iniciativa plantea reformas y adiciones a la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, entre las que destacan la transformación del IPAE en Agencia de Proyectos Estratégicos, para que tenga como principal misión administrar eficazmente y hacer un óptimo aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la administración pública estatal, las reservas territoriales de dominio privado y las Asociaciones Público-Privadas (APP), así como otorgar y celebrar contratos de APP, formular y conducir la política inmobiliaria, y mantener actualizados el Registro del Patrimonio Público del Estado y el Sistema de Información Inmobiliaria.

Se propone que la agencia tenga jurisdicción en todo el estado y su oficina central esté en Chetumal. Se contempla que tenga una Junta de Gobierno, conformada por el gobernador, el secretario de Desarrollo Económico, los titulares de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Ecología y Medio Ambiente, de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor, y por tres ciudadanos designados por un comité asesor.

La iniciativa plantea que la desincorporación del régimen de dominio público de los bienes sólo pueda hacerse si el Congreso local lo aprueba, con previa solicitud del Ejecutivo aprobada por la Junta de Gobierno.

Ve: Borge desincorpora predios y los remata a amigos y familiares

En caso de enajenación de inmuebles, se ordena que la agencia se encargue de vigilar que el valor de la operación no sea inferior a los precios mínimos establecidos, que sea de conformidad con la Ley de Valuación local y que no se requiera el otorgamiento de escritura ante notario.

La propuesta también prohíbe hipotecar el inmueble vendido o constituir sobre él derechos a favor de terceros, mientras no esté pagado totalmente el importe de la enajenación, y advierte que a falta de pago o violaciones a lo pactado se podrá rescindir el acuerdo.

Se plantea que la enajenación mediante subasta pública de bienes muebles y/o su arendamiento sean únicamente cuando se acredite por la Secretaría de Infraestructura y Transporte que ya no son adecuados para dar servicio. La subasta sería pública, y tendría que ser convocada con 30 días de anticipación en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación.

Además, la iniciativa establece que el Ejecutivo estatal pueda adquirir inmuebles que considere indispensables, pero la agencia determine el valor máximo a pagar a los propietarios.

Por último, se propone que la agencia deba elaborar un programa de aprovechamiento inmobiliario anual, a fin de establecer mecanismos eficaces de control que permitan identificar, controlar y administrar el patrimonio inmobiliario del estado.

Lee: Las 4 claves sobre la captura de Borge en Panamá

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