Los ciudadanos anticorrupción van a los juzgados contra los estados incumplidos


<![CDATA[ Los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tomaron acciones judiciales contra los estados que han incumplido en tiempo y forma con la armonización de sus leyes con las federales en materia de combate a los actos deshonestos, a través de la interposición de dos amparos.

El primer amparo va en contra de que las entidades no reformaron sus constituciones ni emitieron leyes locales contra la corrupción y busca que un juez federal los obligue a hacerlo, mientras que el segundo busca que se reconozca que el Congreso de la Unión es el único que puede legislar en materia de responsabilidades administrativas —es decir, que los legislativos estatales están impedidos.

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Luis Pérez de Acha, integrante del CPC y quien está a cargo del instrumento jurídico, confió en que los jueces les otorguen los amparos esta misma semama, y afirmó que están dispuestos a dar seguimiento a su demanda, incluso si terminara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El problema es que los estados, los congresos, no están aceptando someterse a lo que estable la Ley General del SNA sino irse por su propia vía, lo cual crea un ambiente de inseguridad jurídica”, comentó a Expansión.

El CPC señaló que, además de corregir las irregularidades, estas acciones sentarán un precedente para que las organizaciones de la sociedad civil locales emprendan su propio camino y los estados cumplan con lo que les toca.

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“Estamos seguros de que a través del juicio de amparo, los CPC locales y las organizaciones de la sociedad civil de todo el país, potenciarán su participación en el combate a la corrupción y en la correcta implementación de los SLA”, confió el CPC en un comunicado.

El escudo contra la inconstitucionalidad

El pasado 19 de julio se venció el plazo para que los estados homologaran sus legislaciones y conformaran sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) como lo mandata la Ley General del SNA; sin embargo hubo estados —como Chihuahua y Veracruz— que ni siquiera reformaron su Constitución.

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El primer amparo promovido busca que un juez obligue a los estados incumplidos a reformar su legislación y ajustarse a las reglas a nivel federal, que el 14.78% de sus integrantes sean ciudadanos y que se corrijan irregularidades como la omisión de dotar presupuesto a los SLA.

Este recurso legal se turnó al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro.

“(Este amparo) se dirige a solicitar que todos los Sistemas Locales Anticorrupción, cumplan con los mínimos que se establecen en la Constitución Federal y en la Ley General del SNA. Lo que tenemos detectado es que varios estados traen niveles de incumplimiento o bien pretendieron cumplirlos violando las reglas de esas bases mínimas”, explicó Pérez de Acha.

El segundo amparo, turnado al juez Décimosexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Ricardo Gallardo, pretende acabar con la incertidumbre que existe en los estados sobre cuál es la legislación aplicable ante la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Pérez de Acha indicó que ellos, como enlace ciudadano del SNA, sostienen que los estados carecen de competencia para legislar en materia de responsabilidades administrativas, y que lo único a lo que están autorizados es a aplicar la ley General del SNA.

De acuerdo con el abogado, los estados tuvieron que derogar la ley local existente y abstenerse de crear una nueva, lo que en algunos casos no sucedió. Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán emitieron nuevas leyes.

“Nuestra intención es que se acepte por un juez que los congresos de los estados carecen de facultades para emitir leyes (en esta materia)”, dijo.

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