¿Dónde quedó el dinero para los mexicanos más pobres?


La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos (31 millones de dólares) para repartir 500.000 paquetes de alimentos, camisetas y gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, recién creado por el gobierno para combatir la pobreza extrema.

Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que solo se entregó el 7 por ciento de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancias de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.

Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.

En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones (unos 124 millones de dólares), que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.

Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, “sólo” se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos (unos 12 millones de dólares).


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Pero el resto del dinero, poco más de 2 mil millones de pesos (casi 112 millones de dólares), se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades tal que debían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.

Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.

La investigación arrojó que los recursos se les entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar. Sólo una es legal.


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La Sedesol, sin embargo, se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones de pesos por parte de las universidades a cambio de nada.

Pincha aquí para leer en reportaje completo en Animal Político.

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