Indígenas de Oaxaca y Chiapas planean reconstruir sus comunidades sin las reglas del gobierno


No deja de temblar en el Istmo de Tehuantepec. A un mes del sismo de 8.2 grados que devastó los estados con mayor población indígena de México, las réplicas siguen causando estragos en la vida de quienes habitan estos lugares ancestralmente.

En la cancha de la asamblea del pueblo indígena ikoot de San Dionisio del Mar, pueblo que emerge entre la Laguna Superior y el océano Pacífico, los pobladores instalaron una cocina comunitaria y un albergue nocturno para enfrentar su situación de manera colectiva.

Porfiria, una joven de no más de 25 años, teje cintas de palma mientras se mantiene en vigilia por temor a “que jale” un nuevo temblor. Se turna con otras mujeres: mientras algunas descansan, otras trabajan. Como miles de mujeres, Porfiria mantenía económicamente a su familia cociendo tortillas en los tradicionales hornos de comixcal, pero la mayoría resultaron dañados con el terremoto.

“El terremoto vino a afectar la mayoría de las mujeres que dependemos del horno. Se nos rompió todo: las ollas de barro, todo se desbarató por completo. Para volver a reconstruir necesitamos dinero” dice Porfiria.

Con las cintas de palma usadas para moldear sombreros no ganan ni una tercera parte de los 100 pesos diarios que obtenía de los famosos totopos istmeños. Al caminar por San Dionisio del Mar prácticamente no hay cocina que no se haya caído. Algunos hogares quedaron totalmente cuarteados o, de plano, están en el suelo. La gente vive y duerme en la calle o en los albergues. Este es el escenario que vive toda la región indígena del Istmo de Tehuantepec y la costa de Chiapas.

El periodista Luis Hernández Navarro publicó una columna titulada “Istmo oaxaqueño, el malestar de los olvidados” donde narra el colapso de redes de agua potable, drenaje y caminos. Los políticos, a decir del periodista, se han aprovechado de ello, al igual que las empresas eólicas que han causado fuertes conflictos sociales debido a la implantación de 25 parques con enormes ventiladores en esta, la zona más ventosa del país. Las empresas están regalando despensas para agenciarse voluntades.

“La etapa más difícil viene”, dice Bettina Cruz, una mujer zapoteca de Juchitán, la comunidad indígena más grande del país, ubicada a una hora de San Dionisio del Mar. Cruz se ha destacado por la defensa del territorio de los pueblos de la región en contra de la instalación de los parques eólicos. Además, es integrante del Congreso Nacional Indígena, una organización que desde 1997 aglutina a diversos pueblos originarios del país que pretende lanzar una candidatura presidencial independiente para el 2018.

Al plantear la manera en la cual realizarán la reconstrucción de Juchitán y las comunidades mareñas de Oaxaca, Cruz dice que se basarán en las formas de existir del pueblo zapoteco: “La ayuda mutua. Antes, cuando alguien iba a poner una casa iba todo mundo de ayudar y daba de comer. Ahorita no tenemos que dar de comer, pero vamos apoyando y ayudando”.

Para cuidar los hogares juchitecos, los vecinos formaron ya barricadas por manzana. Ante el aumento de los saqueos y la rapiña en la capital de la región istmeña, la población ha tomado la seguridad en sus manos con rondines y cerrando los pasos. Inclusive, como en San Dionisio, algunas calles de esta ciudad han creado cocinas comunitarias donde la gente no hace largas filas para recibir una despensa, sino que se ofrece para cocinar.

El panorama de Juchitán no deja de ser desolador. Lo que fue un floreciente municipio de izquierda, que logró el primer gobierno socialista de todo el país en los setenta, después se institucionalizó. Hoy, los líderes de aquel movimiento, repartidos en diversos partidos políticos, acaparan la ayuda y la conducen a sus bases clientelares.

Juchitán empeoró a partir de la réplica del 23 de septiembre. Varias construcciones se fueron abajo. La gente ahora vive en la calle. Bettina cuenta que, en este escenario tan difícil, el reto es pelear por el modo de casa que va de acuerdo con su identidad: amplias, de madera y con horcones: “Supongo que nos van a querer poner casas de losa, bajas, pequeñas, fuera de nuestra identidad. Eso va a tener que ser también una lucha”.

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“Estamos peor”, dice Rodrigo Flores, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. Habla de la réplica como quienes recuerdan el sismo del 19 de septiembre de 1985 y el temblor del día siguiente: “fue devastador porque tiró otro poco de casas. Nos dejó peor que en el inicio. Juchitán se convirtió en un pueblo fantasma. Como llueve diario, las familias duermen a la intemperie y sin lonas. La ciudad es intransitable”.

Flores cuenta que el mercado de Juchitán comenzaba a reactivarse y se regresaba a la vida. Pero ahora colapsó y se vende en la calle. Grandes sectores de la población están atentos a las despensas, los víveres que llegan del gobierno.

La revista Proceso publicó un texto llamado “Súper negocio” con tarjetas electrónicas y venta de materiales de construcción en Oaxaca. En la nota aparece un video en el que aparecen tráileres con material de construcción con lonas que dicen: “En este establecimiento se acepta la Tarjeta para compra de materiales #FuerzaMéxico” “#FuerzaMéxico. Holcim. En este establecimiento se acepta la tarjeta para compra de materiales”.

El video circuló inmediatamente después de la cuarta visita del presidente Enrique Peña Nieto a la región. Ahí prometió que el gobierno destinará una inversión de 7 mil millones de pesos para la reconstrucción. El dinero se reparte en tarjetas —para daños parciales es de 15 mil pesos, para pérdida total de 120 mil pesos— para material y mano de obra.

El principal reto de las organizaciones independientes es resistir todo ese oleaje de dinero que, sospecha Rodrigo, serán condicionadas por apoyo para las elecciones presidenciales del próximo año. Frente a ello, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo ha intentado ligar cocinas comunitarias independientes para, a partir de ellas, plantear el trabajo de reconstrucción.

“La vivienda va a ser tanto como la defensa del territorio”, explica Rodrigo, “una vivienda digna se incorpora a nuestra demanda del territorio y de la vida: acorde con nuestra cultura y nuestras tradiciones”.

“El uso del adobe con materiales de la región y el trabajo colectivo en lugar del asistencialismo promovido por el gobierno federal. Ese es el centro del otro tipo de reconstrucción”.

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Una larga fila de mujeres se forma frente a la cocina comunitaria De San Dionisio del Mar. Esperan una despensa. Así es como el ayuntamiento ha repartido las “ayudas” en este pueblo indígena. Pero también los partidos políticos operan de esta manera: desde el PRI hasta Morena, han mandado camiones donde las mujeres se agolpan para recibir artículos como en un mitin político.

En la cocina comunitaria de este pueblo ikoots intentan mantener un modelo distinto.

Emmanuel es muxe, un tercer sexo en la cultura del Istmo de Tehuantepec. Emmanuel explica que la reconstrucción se basa en el tequio, que en zapoteco es “ayudar a una persona sin cobrarle un solo peso”.

Así, su albergue funciona con tequio, da cobijo y de comer por las noches, y visitan a quienes no pueden caminar. Muxes y mujeres aportan trabajo en la cocina de manera voluntaria: “Si en cualquier fiesta se hace de esta manera, más ahora, sobre todo para los niños y los abuelitos. Son nuestra prioridad. Entre todos se siente uno protegido”.

“No estamos como los partidos; acá es general”, cuenta Emmanuel, “ellos puro embolsarse todo y enriquecerse. Ahorita tienen las despensas guardadas”.

Aquilino Rodríguez, vocal de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio, cuenta que su organización comunitaria es anterior al sismo. Comenzaron a partir de la lucha contra la empresa eólica Mareña Renovable, la cual pretendía instalar un parque para generar energía en su playa. El presidente municipal Miguel López Castellanos firmó un convenio sin realizar una consulta con el pueblo. La población lo corrió del auditorio municipal y la asamblea se instaló ahí mismo en 2012. Y ahora usan el ayuntamiento como refugio.

“Vamos a reconstruir, pero no podemos hacerlo solos. Pedimos apoyo de la sociedad civil, con despensas, pero también para remover escombros y reconstruir nuestras viviendas”, cuenta Aquilino.

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El camino de Oaxaca a Chiapas se encuentra sembrado con enormes ventiladores de las empresas eólicas. Esta región se hizo famosa recientemente por el cuestionamiento que los habitantes hicieron de este modelo energético, que supuestamente se presenta como una alternativa pero ha resultado en la pérdida del derecho de los pueblos sobre su tierra. La lluvia cae, fuerte de repente. Los efectos del sismo se hacen visibles al pasar a Chiapas, en el municipio de Tonalá.

Nathaniel Hernández es defensor del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, una organización destacada en toda la región costera de Chiapas. Cuenta que en los recorridos que ha realizado para documentar lo ocurrido en el lugar, ha encontrado que diversos pueblos de su municipio, y del vecino Pijijiapan, no ha llegado Protección Civil ni Secretaría de Salud a recabar información ni explicar el procedimiento de los censos.

“Esto se vuelve cada vez más crítico porque llegamos al mes del sismo”, asegura Nathaniel, y explica que la ayuda se está politizando: “Han surgido figuras políticas que llegan a las comunidades a dar ayudas condicionadas. Para que te den alguna despensa o apoyos de construcción les piden documentos o con credencial de elector o los hacen firmar formatos o son selectivos”.

El defensor de derechos humanos explica que la ayuda debe ser organizada y coordinada con las comunidades afectadas. No paternalista ni asistencialista. Para ello, se preguntan las necesidades propias de las comunidades. Eso implica recorrer el terreno preguntando a la gente cuál es la situación real y la necesidad inmediata.

“Empezar el proceso de la reconstrucción en la lógica de la participación de las comunidades. Que ellos se involucren en los trabajos y construyan sus propias casas. Así den su tiempo para que sea fácil y se ayuden unos con otros”.

Para ello, el Digna Ochoa está solicitando ayuda nacional e internacional, además de apoyo de especialistas y técnicos de la sociedad civil que puedan aportar sus conocimientos para elaborar formas de construcción más resistentes. Y es que las casas en Tonalá son de adobe, tejado de madera con teja, de palma.

“El trabajo con palma, mangle, madera y adobe reduce los costos porque la gente tendría que ir a buscar los materiales”.

El 26 de septiembre, decenas de organizaciones, entre las que se encontraban despachos de arquitectos, lanzaron el comunicado “Por el derecho a construir con tierra”, en el que reivindican el derecho de los afectados a construir de acuerdo con los materiales de su región. Hernández cuenta que en los recorridos vio que se usa cemento como resello sobre las casas de adobe y eso fue lo que se agrietó. Muchas casas de adobe resistieron, pero usar esos materiales pero hacerlos más seguros y que tengan la consistencia para aguantar un sismo como el del 7 de septiembre.

“La gravedad de la situación es que mucha gente sigue viviendo en sus casas porque el estado ha sido incapaz de plantear un refugio donde las personas no sólo vayan, sino que guarden sus pertenencias. La situación es cada vez más complicada por la lluvia, porque las casas se ablandan, se hacen más frágiles”, cuenta el activista.

Como ha ocurrido en otras partes del país, brigadistas y activistas críticos de las estrategias estatales han sufrido represalias. El pasado 2 de octubre, en la madrugada, personas ingresaron al domicilio de la concejal indígena Guadalupe Núñez Salazar, también integrante del Digna Ochoa, y del Congreso Nacional Indígena. Dos días después, el centro denunció actos de intimidación por parte de Agentes de Investigación Criminal de la PGR después de realizar un recorrido con periodistas por las zonas afectadas.

“Me parece que les causa molestia; para que no evidenciemos las omisiones en las que han incurrido”, sospecha Hernández.

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Una organización itstmeña llamada Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio publicó una serie de fotografías en las que jóvenes pintan la frase “esta es mi herencia. No se destruye” en las paredes de sus casas dañadas. El Comité y 14 organismos más, entre los que se encuentran asambleas comunitarias y centros de derechos humanos, lanzaron el 9 de octubre un comunicado en el que denunciaron los embates de maquinarias con personal de empresas y gobierno contra hogares afectados: “demandamos la detención inmediata de la campaña de demoliciones, sobre todo de viviendas tradicionales”, además de que exigen el derecho a la vivienda digna con una reconstrucción decidida por los afectados.

Un día después, la Asamblea de Pueblos de Istmo mandó una carta a Jorge León Wolpert Kuri, director de la Comisión Nacional de Vivienda, en la que resalta el derecho a la vivienda digna del artículo 48 y el acceso a los fondos públicos a través de la figura de Producción Social de Vivienda: que incluye la participación local, de “apoyo mutuo y que fortalezca nuestras costumbres y cultura”. Cuestionan los diagnósticos hechos por el estado y cuestionan la reciente campaña para derribar hogares en diversos lugares de la región, así como la entrega de folios de reconstrucción de manera discrecional, la imposición de un modelo particular de casas y la compra de material industrializado. Por ello exigen un nuevo censo con participación de especialistas independientes. Además de que proponen la construcción de un Comité Nacional para la Reconstrucción Digna.

El Congreso Nacional Indígena lanzó el 14 de octubre del 2016 un comunicado llamado “Que retiemble en sus centros la tierra”. En él anuncia una consulta en diversas comunidades originarias del país para crear un Concejo Indígena de Gobierno. Diversos pueblos indígenas decidieron armar asambleas para nombrar concejales que lleven la voz de sus pueblos ante el país. Rodrigo Flores opina que el terremoto puede ser una oportunidad: “la tierra puede retemblar para nosotros”, pero “nos debemos saber organizar”. Además, Bettina Cruz agrega que esa organización no sólo debe ser de los pueblos zapotecos:

“También de quien pueda ayudar. Una sociedad donde quepamos todos, pero está fortalecida de lo comunitario de los pueblos indígenas, nuestra alimentación, nuestra lengua, de nuestra arquitectura tradicional. De eso está formada nuestra esperanza”.

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