El Nuevo Aeropuerto deja la información financiera ‘al aire’, según la Auditoría


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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el gobierno federal carece de un mecanismo que lleve un control del gasto realizado para el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La instancia revisora detectó un total de 22,010 millones de pesos ejercidos entre 2011 y 2016, integrados por recursos del presupuesto federal y diversos fondos y fideicomisos, sin vigilancia por parte de algún organismo de la administración central.

“A raíz de las auditorías practicadas por la ASF a este proyecto, se determinó que no se ha designado a ninguna instancia —dependencias, entidades y figuras jurídicas del gobierno federal— la responsabilidad de la consolidación, registro y seguimiento de las erogaciones realizadas”, indicó el segundo informe de la revisión a la Cuenta Pública de 2016, presentado este martes.

Este monto fue determinado como parte de la auditoría 359-DE, “Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, realizada por la ASF y a través de la cual ubicó cuatro fuentes de recursos.

El esquema, abunda el reporte, consiste principalmente en la aplicación de recursos procedentes de la cesión de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) a un fideicomiso privado, el cual está a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la empresa pública constituida para administrar el NAICM.

 Esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto 2011-2016
 Concepto  Monto (mdp)
 Recursos presupuestales ejercidos por dependencias y entidades del gobierno federal  6,979
 Fondo Nacional de Infraestructura  2,200
Gastos asociados al esquema de financiamiento (fideicomisos privados 2172 y 80460)  2,314
 Recursos ejercidos con cargo al Fideicomiso no paraestatal 80726  10,517
 Total  22,010
 Fuente: ASF con base en información de 11 dependencias y dos entidades, GACM y cuentas públicas 2014, 2015 y 2016.

En las revisiones de las cuentas públicas de 2014 a 2016, la Auditoría halló posibles irregularidades en el gasto 234 millones de pesos, correspondientes a 88 contratos.

La ASF ya había solicitado a GACM rendir cuentas detalladas sobre el esquema a través del cual financia la construcción del NAICM, incluyendo montos de deuda, gastos y lo relativo a la TUA, como ocurrió en la auditoría 0410 de 2015. El mismo GACM planteó el compromiso de que el proyecto fuera “pionero y referente a nivel mundial en materia de integridad y transparencia”.

Los datos de estos fideicomisos fueron reservados por Nacional Financiera (Nafin), bajo el argumento de que están protegidos por el secreto fiduciario, criterio que fue confirmado en mayo pasado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

La primera fase de la nueva terminal —que se espera inicie operaciones a finales de 2020— tiene un costo estimado de 180,000 millones de pesos: 58% de recursos públicos y el resto de créditos con la banca privada que —según plantea el proyecto— serán pagados por el propio aeropuerto.

El megaproyecto, cuyo diseño arquitectónico corre a cargo de los arquitectos Norman Foster y Fernando Romero, es considerado la mayor obra de infraestructura del país, y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto justifica su pertinencia al argumentar que la actual terminal capitalina y la red metropolitana de aeropuertos son insuficientes para atender las necesidades en esta materia, y que el NAICM permitirá posicionar a la Ciudad como un centro de conexión regional.

Recomendaciones

La ASF planteó a la Cámara de Diputados un par de recomendaciones para transparentar el gasto vinculado al NAICM, y en general este tipo de obras.

La instancia revisora propuso identificar claramente los recursos destinados al proyecto, a través de un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con el fin de disponer de información sobre su costo total.

“Es necesario generar las condiciones para que la información involucrada en dichas operaciones se reporte adecuadamente y permita conocer, de manera clara y objetiva, la carga que estos esquemas representarán para el Estado”, apuntó el reporte.

La Auditoría también sugirió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y de Transportes analizar una reforma la Ley General de Deuda Pública, para regular los mecanismos de financiamiento a través de fideicomisos, fondos, Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas, “como los utilizados para la construcción del NAICM”.

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