El PRI ‘mete presión’ para discutir la Ley de Seguridad Interior en Congreso


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A mes y medio de que termine este periodo ordinario de sesiones, el bloque legislativo encabezado por el PRI busca que se apruebe la Ley de Seguridad Interior —que tiene el objetivo de regular la actuación del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia—, mientras un grupo de organizaciones civiles y activistas exige a la oposición detener esta iniciativa impulsada por el gobierno federal.

El llamado a frenar la Ley de Seguridad Interior se da días después de que, en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el PRI lograra una victoria en otro asunto que interesa a esta administración: el mando único policial.

La semana pasada —antes de que los legisladores se fueran de 'puente' por el Día de Muertos—, los priistas consiguieron que la Comisión aprobara una solicitud para que se someta a consulta popular el modelo policial del país. El PRI busca aprovechar la elección del 1de julio del próximo año para que se pregunte a los mexicanos si prefieren 32 policías estatales de mando único, como plantea el gobierno de Enrique Peña Nieto, o que sigan existiendo los más de 1,800 cuerpos municipales que hay actualmente.

La petición de llevar el tema a consulta todavía debe ser avalada tanto por el pleno de la Cámara de Diputados como por el del Senado, y posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este contexto, los priistas insisten en sacar adelante la Ley de Seguridad Interior. La presión se refleja en las frecuentes declaraciones de altos funcionarios federales y líderes parlamentarios, quienes argumentan que la legislación en cuestión es necesaria para definir en qué casos los militares podrán estar en las calles, dar certeza legal a sus labores y, en última instancia, frenar a los delincuentes.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, incluso acusó a la oposición de condicionar la aprobación de la ley a que antes avancen otros temas, lo que desde su punto de vista retrasa el combate a la inseguridad.

“Hay partidos políticos, algunos, que dicen ‘te doy esta reforma si tú permites el paso de esta otra’, y lo que nosotros decimos como gobierno es que no hay intercambio, no hay que ser mercenario, hay que pensar en el país”, dijo a mediados de octubre ante militantes priistas.

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Días antes, el líder de los diputados del tricolor, César Camacho, exigió a las demás bancadas terminar con los “chantajes”.

“Tenemos que darle a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas una legislación absolutamente respetuosa de los derechos humanos, que ofrezca certeza jurídica a ambas partes”, dijo Camacho, quien en varias ocasiones ha declarado que el PRI y sus aliados impondrán su mayoría en la Cámara baja —donde tienen 266 de los 500 votos posibles— en caso de no alcanzar acuerdos con los otros partidos.

Piden al Frente frenar ley

Mientras el PRI ejerce presión en el Congreso de la Unión, un grupo de más de 100 organizaciones civiles y decenas de activistas publicó este domingo una carta dirigida al Frente Ciudadano por México —conformado por los partidos de oposición PAN, PRD y MC—, para exigirle que detenga la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

De acuerdo con la misiva, la norma que impulsan la administración federal y el PRI mantendría el modelo adoptado desde 2006, en el que la seguridad pública recae en los militares, aunque los desgasta y fomenta violaciones a los derechos humanos.

“(Observamos) una violación a la Constitución y la renuncia del gobierno civil a asumir su responsabilidad constitucional de proveer seguridad pública, cargando sobre las Fuerzas Armadas una responsabilidad para la que no están entrenadas ni facultadas”, dice el texto.

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“Si el frente ha de ser realmente ciudadano, debe de responder a las necesidades e intereses de la ciudadanía y no a los de la clase política. Si en cambio cede ante las presiones y suscribe, propone o aprueba alguna iniciativa que —usando el subterfugio de ‘seguridad interior’ o cualquier otro— tenga como resultado burlar el mandato constitucional consistente en que la seguridad pública quede exclusivamente en manos de cuerpos civiles, estará decantándose como una herramienta más de la clase política para la lucha electoral”, agrega.

La carta es firmada por organizaciones como Borde Político, Causa en Común, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Centro Prodh, Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y Observatorio Nacional Ciudadano, las cuales afirman que la posición del frente en este tema “es clave para saber si existe realmente un compromiso de su parte por construir un futuro distinto para el país o si lo condenarán a seguir por el actual camino”.

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