Sin reforma al Estado de derecho, avances económicos quedan eclipsados: De Hoyos


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Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) —uno de los organismos más importantes del sector privado nacional—, señala sin titubear que si esta administración federal termina sin haber logrado conformar un Estado de derecho sólido, con un sistema de procuración de justicia independiente y eficaz, los avances en materia de economía y competitividad quedarán "eclipsados".

El líder empresarial se refiere en específico a la reforma del artículo 102 constitucional, que fue modificado en 2014 para establecer la transición de la actual Procuraduría General de la República (PGR) a una Fiscalía General con carácter autónomo. Sin embargo, la Coparmex y otras organizaciones y expertos consideran que este cambio aún está incompleto, por lo que es necesario 'apretar las tuercas' para garantizar que esta futura institución de verdad tenga libertad para investigar y perseguir delitos.

"Si termina esta administración sin que se logre esto, van a quedar eclipsados los avances en materia de competitividad… por haber pospuesto la reforma en materia de Estado de derecho", dice De Hoyos en entrevista con Expansión.

En su oficina en la colonia Del Valle, el empresario advierte que, así como la Coparmex ha reconocido los resultados de los últimos años en cuanto a crecimiento y aprobación de reformas estructurales, también señalará los retrocesos en el campo del respeto a la ley.

"Estamos profundamente insatisfechos con los logros que se han tenido en materia de seguridad pública, preocupados por el avance de la corrupción, y estamos notoriamente intranquilos por el clima de impunidad en el país", dice, al recordar que las tres instancias más importantes del sistema de procuración de justicia —la PGR y las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción— hoy están acéfalas.

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En esa línea, De Hoyos sostiene que México debe hacer cambios constitucionales profundos en materia de Estado de derecho. Incluso, asegura que la creación de la Fiscalía General de la República es la reforma más importante del Estado mexicano desde el establecimiento del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990.

"El reto entonces era (tener) elecciones justas. Hoy, es la procuración de justicia independiente y eficaz", afirma el líder empresarial, quien llama al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso a revisar la propuesta de los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva.

Dicho documento —ya entregado a los legisladores— plantea ajustes a la estructura de la futura Fiscalía General, así como una ruta para que a inicios de 2018 pueda empezar el proceso de nombramiento de quien será su primer titular.

Estado de derecho y competitividad

De Hoyos insiste en que consolidar el Estado de derecho es el desafío más importante para el país de cara a las elecciones de 2018 —en las que se renovarán más de 3,000 cargos públicos, entre ellos el de presidente y nueve gobiernos estatales— debido a que se trata de un factor determinante en materia de competitividad.

"Mientras se ve muy bien a México en su avance en la parte competitiva, la parte de Estado de derecho, que no fue tocada por las reformas estructurales, se ha vuelto un lastre para el país. Está siendo cada vez más un inhibidor para la constitución de nuevas empresas, para que puedan darse de mejor manera las inversiones", dice.

Para el líder empresarial, una transformación positiva en este terreno ayudaría a México a subir en los indicadores internacionales, así como a atraer empresas medianas de Estados Unidos, Europa y Asia, que hoy por hoy tienen desconfianza de invertir en la nación.

Ve: México se estanca en índice de competitividad del WEF

"Las grandes corporaciones, que saben lidiar con los problemas del mundo entero, siguen invirtiendo en México (…) El problema es las corporaciones medianas, donde está la fortaleza en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra, esas corporaciones que no se pueden jugar su destino invirtiendo con riesgos en un país", dice.

"Si logramos mejorar el Estado de derecho en materia de inversión extranjera, podríamos incluso duplicar lo que hemos tenido. Si en materia económica logramos romper paradigmas, por ejemplo, con la reforma energética, ya es tiempo de que en materia de Estado de derecho también derribemos algunos de esos mitos que nos han mantenido en una situación donde prácticamente el país no avanza".

La agenda social

Para De Hoyos, en los últimos años ha habido un proceso de fortalecimiento de las iniciativas ciudadanas, en el que la Coparmex entendió que la capacidad de incidencia crece cuando los empresarios "son aliados de la sociedad en temas que se conectan".

"Al final de cuentas, las empresas nacen, se desarrollan o fracasan en el mismo ambiente en el que están los ciudadanos caminando", dice el líder empresarial, al referir que el sector privado incluso ha logrado acercarse con organizaciones con las que tiene notorias diferencias en ciertos asuntos.

"Por ejemplo, en el tema de la fiscalía, si se revisan las poco más de 300 organizaciones que estamos impulsando esto, probablemente podría encontrarse en la lista algunos que, dirían los clásicos, son enemigos históricos de la Coparmex", comenta entre risas.

Lee: La sociedad civil, clave para un sólido Estado de derecho

A decir del líder empresarial, estos acercamientos y consensos reflejan que los ciudadanos organizados pueden priorizar temas y dejar de lado sus diferencias.

"Cada vez más hemos entendido nosotros el reto que tenemos como organización de la sociedad civil, de empresarios, pero al final de cuentas de ciudadanos, para interactuar eficazmente con esas organizaciones y juntos impulsar una agenda de país", dice.

Para el dirigente, esto forma parte de un proceso de maduración, que en otros países está más adelantado y que en México comenzó a cobrar fuerza en mayo de 2015, con el impulso a normas de combate a la corrupción y la llamada Ley 3 de 3. Esta última recabó el apoyo de más de 634,000 personas y llegó hasta el Congreso, donde fue incorporada a un paquete legislativo en anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.

"Es un esfuerzo inacabado, no ha terminado de aterrizarse con los sistemas locales, pero visto a 30,000 pies, este movimiento que empezó por un núcleo de organizaciones, que fue arropando a más organizaciones, y que luego logró el respaldo de ciudadanos, nos ha dejado como enseñanza la gran capacidad que tienen los ciudadanos cuando hay una causa clara, justa", concluye De Hoyos.

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