Texas ejecuta a mexicano acusado de asesinato pese a reclamos


Estados Unidos ejecutó el miércoles en la noche al ciudadano mexicano Rubén Cárdenas, de 47 años, pese a los reclamos de funcionarios mexicanos y dos expertos de Naciones Unidas.

Cárdenas fue hallado culpable del secuestro, violación y asesinato, en febrero de 1997, de su prima de 16 años, Mayra Laguna, en el sur de Texas. El condenado dijo a los investigadores que había consumido cocaína.

El caso de Cárdenas provocó protestas de diplomáticos mexicanos, que habían dicho que los fiscales de Texas no siguieron el debido proceso y no permitieron que Cárdenas hablara con funcionarios consulares mexicanos.


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El Senado de México había pedido al presidente Enrique Peña Nieto que solicitara al gobernador de Texas, Greg Abbott, y al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, un nuevo juicio.

Marcela Guerra, senadora del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabeza el comité de Relaciones Exteriores para América del Norte, había pedido a Abbott que intercediera, con el argumento de que los derechos de Cárdenas fueron violados.

Guerra dijo que había pruebas sólidas de que Cárdenas podría haber hecho una confesión bajo coacción, lo que es completamente ilegal.

Dos expertos en derechos humanos que asesoran a las Naciones Unidas dijeron en una declaración esta semana en Ginebra que si Texas ejecuta a Cárdenas, el Gobierno de Estados Unidos habrá implementado una pena de muerte sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos.


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Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó que el connacional Rubén Cárdenas Ramírez fuera ejecutado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se negara a revisar el caso.

“El gobierno de México expresa su más sentido pésame a los familiares del señor Cárdenas Ramírez, a quienes ha acompañado en este largo y complejo proceso”.

Cárdenas Ramírez es el quinto mexicano ejecutado en violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004.

“El gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas. En tal virtud, ha reiterado a nivel nacional e internacional, que seguirá promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo”.

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