El Ejército del gatillo fácil y la impunidad de la Ley de Seguridad Interior


La Cámara de Diputados aprobó, el última día de noviembre, la Ley de Seguridad Interior que las Fuerzas Armadas reclamaron como marco jurídico pero que, en la práctica, consolida su preeminencia en temas de seguridad, sin control judicial o civil; y que a su vez, les permite reservar como confidencial toda la información relacionada a sus actuaciones, escudándose en la seguridad nacional. Así lo alertaron decenas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que levantaron la voz contra esta ley.

“El Ejército tiene con esta ley una protección legal para seguir cometiendo abusos. Antes lo hacía sin marco legal, pero ahora están legalizando los excesos”, argumentó, José Guevara, el director del Instituto Mexicano para la Promoción de los Derechos Humanos (IMPDH), una de éstas organizaciones que rechaza la ley.

Casos como el de Betsy Gabriela Rodríguez, que tenía 15 años cuando fue ejecutada por un teniente del Ejército, integrante de la Policía Militar que patrullaba Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a fines de marzo de 2013, interpelan el cheque en blanco que el poder político otorgó a los uniformados en México. Un caso como el suyo, en el que hay militares involucrados, podría quedar escudado en la reserva que la nueva ley pretende aplicarles.

“Mi hija fue secuestrada por los Zetas. Ella salió corriendo de mi casa durante un episodio de violencia intrafamiliar y ellos se la llevaron de la calle”, explicó Carla, mamá de Betsy, para empezar el relato.

Recuerda cómo intentó hacer la denuncia pronto, pero cosechó dilaciones. Venga tales días, le decían en la agencia del ministerio público local. Que tenía que esperar cierto plazo para denunciar. Carla llevó dos fotos grandes a la agencia de investigación de la justicia local. No la buscaron. Ella sí.

“Me les hincaba a los halcones (informantes del narco) de mi casa para que me dijeran si la habían visto. Yo creo que les dio lástima. Mi niña tenía 15 años, ahorita tendría 19, y ellos me dijeron que la podían estar prostituyendo. Yo fui al lugar que me señalaron y me paré de lejos con mi carro en la madrugada. Si la veía aparecer, me iba a ir sobre de ellos con el carro y todo. Aunque nos muriéramos, pero no se las iba a dejar”.

Betsy Rodríguez. Foto cortesía de su madre.

A los ocho días de esa búsqueda, la madre recibió una llamada en la que le informaron que la habían encontrado.

“Lo hombres que se llevaron a mi niña se cruzaron con un retén de militares en la salida a Monterrey, pero no se detuvieron. Los corretearon y al cabo de varios kilómetros de persecución sobre la carretera federal 85, hicieron que se volcara el coche. Dio cinco vueltas, según el juez de la causa. Uno de los que iba en el coche huyó hacia el monte. Uno de los militares se acercó y habló con mi niña. ‘Háblale a mi mamá’, le pidió ella”, cuenta Carla, quien logró acceder al expediente militar sobre el caso.

La niña traía dislocado el hombro, estaba golpeada y tenía dos cortadas en los muslos, del lado interno de las piernas. Quedó sentada junto a la rueda trasera, apoyada al carro dónde la trasladaban sus secuestradores.

Carla continúa con el relato: “’Dile a mi mamá que venga por mí’, le dijo al militar que la encontró, un cabo que estaba en la persecución. Él le dijo que tenía que esperar que llegara la Cruz Roja, que ellos llamarían. Entonces, llegó otra camioneta al lugar, de la que bajó el teniente Cesar Eleuterio Chávez Soto”.

Parte del expediente militar que juzgó a Chávez.

“Los ejecutó ya teniéndolos en el piso”, continúa. “Primero a uno de ellos, luego se dirige hacia mi niña y le da 4 tiros. Pero no murió, ella levantó su cabecita, entonces él volvió a apuntarle y le dio otros tres tiros más”.

Chávez está preso en el Campo Militar número 1 de la Ciudad de México, desde abril de ese año, cuando fue capturado. Cuando la madre de la niña recibió la llamada de la justicia local, le dijeron que su hija había muerto en la volcadura del coche que los secuestradores manejaban, que todo había sido “un lamentable accidente”.

El teniente Edwin Bonilla, consultado por estos reporteros, afirmó que los militares no reciben ningún tipo de preparación civil, “nada de leyes ni derechos humanos” por lo que cree que no es función del ejército hacer patrullajes, pero las órdenes de apoyar a las instituciones de seguridad pública son inapelables.

Carla cuenta que cuando llegó al Semefo a reconocer el cuerpo, estaba cubierto con una sábana hasta la cara, que ella corrió. Vio los agujeros de bala. Se negó a llevarse el cuerpo de la niña sin una explicación convincente de lo que había pasado. Afuera el servicio forense había varias patrullas de la policía militar apostadas. En las dos camillas junto al cuerpo de su niña, estaban los cuerpos de los otros dos hombres abatidos por el teniente.

En el expediente militar al que la madre logró acceder pueden leerse los testimonios de una decena de policías militares que estaban de guardia esa tarde, el 30 de marzo, encargados del patrullaje en Ciudad Victoria, con los que se reconstruyó la información de los párrafos que siguen.

La mayoría de los militares interrogados era parte del tercer batallón de la Policía Militar de la plaza de México Distrito Federal, que habían sido enviados a comienzos de diciembre de 2012, “en apoyo a la estructura de seguridad pública de Tamaulipas”, es decir, a las policías locales.

Hay al menos cinco policías militares —incluido el teniente de infantería Julio César Portela, a cargo del convoy de la persecución— que declaran que vieron cómo Chávez Soto disparaba hacia los detenidos y que fue él quien asesinó a la niña: tras el vuelco del Tsuru la vieron viva, herida, con el hombro dislocado y cortes en los muslos, llorando; también la escucharon gritar: “¡a mí no, ¡a mí no, por favor!”, cuando el teniente le apuntó con su arma, una carabina fx-05.

Los otros militares que no vieron el momento, ubican de todos modos a Chávez Soto en la escena y recuerdan las detonaciones. Uno de ellos incluso, declara así: “Cuando vi lo que había hecho el teniente Chávez Soto me dije a mí mismo, éste ya la regó”.

Revisando el expediente se encuentran un par de detalles importantes: Chávez Soto no integraba el convoy de vehículos que persiguió al carro marca Tsuru que no paró en el retén, sino que estaba en otra patrulla, lejos del lugar; según las declaraciones de sus propios compañeros, venía escuchando una radio en dónde, según decía, había interceptado una señal del crimen organizado.

El jueves 30 de noviembre del 2017 se pretende aprobar la ley de seguridad interior que otorga a los militares las funciones policiales. El ejército mexicano considera a cualquier civil un probable enemigo y eso hace efectiva su letalidad que muestra el último registro que se tiene: un herido por cada ocho asesinados. Tan solo del 2012 al 2016 van 505 investigaciones de la PGR a militares y solo se han emitido16 sentencias.

La causa militar lo condenó por homicidio, pero en la justicia penal no se logra aún que el juez segundo de distrito de Tamaulipas, José Guerrero, encargado de la causa civil, emita un auto de formal prisión contra el militar, que provocaría la pérdida de sus fueros —y los privilegios— de estar recluido en una prisión militar.

En esta causa, su situación es más complicada. Chávez Soto está acusado de homicidio calificado, porque se considera un agravante que disparara a quemarropa a personas que estaban rendidas, en el piso y que no estaban armadas, actuando también con premeditación, como indica este otro testimonio de uno de los militares presentes, encontrado en el expediente:

“Mientras íbamos bajando escuché que el teniente Eleuterio Chávez les decía por radio al personal de nuestra patrulla que cerraran todo, es decir, que bloquearan la circulación. Y vi que el teniente Portela —encargado del convoy de la persecución— estaba del otro lado del vado, y mientras íbamos caminando rumbo al carro escuché que teniente de infantería Chávez Soto le dijo al teniente de infantería Portela: ‘mátelos comando, mátelos o los mato’”.

El segundo cargo que enfrenta en la justicia penal es el de alterar la escena del crimen.

Sigue el cabo que se desempeñaba como escolta de seguridad del teniente acusado:

“Luego regresó y habló en voz muy baja ordenándome que levantara los cascos percutidos de su arma y que los fuera a tirar a otro lado y yo le di cumplimiento a la orden y los levanté. Y en eso me dijo el teniente Chávez que buscara los cascos del arma de la persona civil que había disparado (desde el Tsuru hacia el convoy militar) y estuve buscando pero no encontré nada. Tiré los casquillos percutidos del arma del teniente Chávez Soto debajo de una piedra grande”

Vuelve la madre, a quien no le tiembla la voz al hablar: “ese señor está pidiendo ahora pruebas periciales porque argumenta que mi niña y esos hombres ya estaban muertos cuando él llegó al lugar. No quiere que lo sentencien y está agitando todo. Tiene cuatro abogados: dos militares y dos civiles”.

¿Usted cuántos abogados tiene?

“Uno, el abogado de oficio”, responde la madre.

Y sigue: “Chávez Soto tenía 24 años cuando asesinó a mi hija. Acababa de salir del Colegio Militar. En el fondo, lo que yo quiero es verlo, y que me diga por qué hizo esto. Que me diga en mi cara qué le podía hacer una niña de 15 años frente a 19 elementos del Ejército armados. Para mí ella no ha muerto”, asegura mientras muestra una foto de su hija en el teléfono. “A mí no me mataron un perrito. Ese hombre tiene que pagar por lo que ha hecho”.

Una niña camina frente a memorial de desaparecidos durante la Guerra Sucia en México. La desaparición forzada es una práctica común desde los 70´s con la militarización de las zonas rurales. En 1998 los militares pasaron a las calles y este jueves 30 de Noviembre de 2017 se pretende darles facultades policiacas. Sólo del 2012 al 2016, van 505 investigaciones de la PGR a militares de las cuales se han emitido16 sentencias.

***

La Ley de Seguridad Interior que obtuvo media sanción el último día de noviembre de este año, cambiará definitivamente la relación entre el poder civil y el militar en México, según alertaron más de ochenta organizaciones en defensa de los derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas asesinadas y desaparecidas.

Fue reclamada públicamente por el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, quien argumentó que es urgente que las fuerzas armadas cuenten con un marco legal en el que moverse. Por otro lado, las organizaciones afirman que ese marco es una tranca real y material para el acceso a la justicia en casos en dónde participen efectivos del Ejército y la Marina.

“Esta ley vuelve nugatoria la recientemente aprobada Ley General de Desaparición Forzada, porque impide el acceso a la información para poder juzgar las violaciones a los derechos humanos que cometan. Es la muestra más clara de claudicación social frente al poder militar”, dijo a esta cronista Eliana García, quien se desempeñó como subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República en 2014.

García se refirió, al terminar la conferencia dónde las organizaciones alertaron sobre la aprobación fast track que luego tuvo la ley —en la mañana fue aprobada en la comisión de gobernación y en la tarde por el pleno de diputados— que desde el año 2011 se buscó sin éxito una legislación similar. Ahora, con 248 a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, logró avanzar medio camino.

Elemento del Ejército Mexicano se acerca a una escena del crimen en donde hay tres personas ejecutadas en Guerrero, en 2017. Las modificaciones al Código de Justicia Militar en el 2014 permitieron a las autoridades civiles enjuiciar a militares, pero el artículo 27 del CJM da la primicia de la información al fuero castrense y al estar en proceso el juicio militar, impiden el acceso a la justicia civil.

José Guevara, director del Instituto Mexicano de Promoción de los Derechos Humanos, explicó a esta cronista cómo lo que se discute es en realidad una ley de impunidad para la institución castrense:

“No es una ley que busca proteger a la población civil, ni bienes ni negocios de nadie. No resuelve el problema de la seguridad pública en México. Es una ley a modo para garantizar la impunidad militar y la dependencia a ellos de la clase política”.

Guevara indicó que la ley normaliza el estado de excepción y la suspensión de derechos, que mediante la sola decisión del Presidente de la República, podría declarar la “seguridad nacional” en algún punto del país, poniendo a continuación a un militar al frente, por encima de cualquier autoridad civil, sin establecerse un plazo final para este movimiento represivo. Guevara señaló que la suspensión de garantías individuales ya está regulada en el artículo 29 constitucional, el cual sí establece mecanismos de control para esa medida, que la nueva ley no contempla.

“Permite que el Ejército, sin control judicial ni facultad constitucional, intervenga llamadas, correos, mensajes: que haga espionaje. Y que también se haga cargo de la prevención e investigación de los delitos, tareas que corresponden a la policía y el ministerio público: haciendo inteligencia, poniendo personas a disposición del MP”.

Según los casos que representan en el IMPDH, cuando el Ejército detiene a una persona, la entrega al Ministerio Público con un reporte que describe el supuesto hecho delictivo que esa persona cometió, que es la base con la que el MP arma el caso.

Sigue Guevara: “lo que hemos visto en los casos que representamos es que esos reportes están llenos de mentiras: con 24 o 48 horas de anticipación llevan a la persona detenida a los cuarteles, dónde por medio de la tortura, les arrancan confesiones para que cuando presentan el reporte al MP, ya está fabricado un caso”.

Pero a la vez, dice, la nueva ley viola el derecho a la información de tajo, porque clasifica todo lo que tenga que ver con sus operativos y actuaciones por motivos de “seguridad nacional”. Hoy, la secrecía no aplica para casos de violaciones a los derechos humanos y de hacerlo, debe decretarse caso a caso y no mecánicamente, de manera general, a todas las actuaciones militares en seguridad, como el proyecto propone. Y que tiene un problema de forma, ya que la Constitución mexicana establece que no puede abandonarse el control civil sobre las fuerzas armadas.

Guevara fue claro en las difíciles horas posteriores a que la ley fuese aprobada por los diputados: “creemos que esta Ley de Seguridad Interior legaliza las violaciones a los derechos humanos que puedan cometer las fuerzas militares del país. Y que debería preocupar más a la SEDENA que darle gusto, porque ahora van a ser expuestos como los responsables de lo que suceda cuando se declare la seguridad nacional de un lugar. Ya no es el Ejecutivo el que los manda; ellos van a ser los jefes”.

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