Los militares sí podrían actuar sin autorización del presidente mexicano, advierte Amnistía


Mientras en el Senado mexicano se discute la Ley de Seguridad Interior, unas 200 organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales han alzado su voz a través comunicados y mensajes en redes sociales para manifestar su rechazo a dicha legislación pues consideran que, en caso de ser aprobada, agravaría la crisis de derechos humanos en el país.

El proyecto de ley se aprobó la semana pasada en el Cámara de Diputados con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones y ahora espera el aval de la Cámara Alta para entrar en vigor.

Uno de sus aspectos principales es que contempla el despliegue de las fuerzas armadas en un territorio determinado mediante una “declaratoria de protección a la seguridad interna” emitida por el presidente de la República. Es decir, una orden del mandatario sería la base para el inicio de las acciones militares.

Sin embargo, el proyecto legislativo que fue enviado al Senado deja claro que las fuerzas armadas podrían actuar sin el permiso explícito del presidente, señala una carta enviada a los senadores por Amnistía Internacional (AI), en la cual manifiesta su preocupación por este hecho.

“(El proyecto) contiene disposiciones que activan el uso de las Fuerzas Armadas una vez que el Presidente expide una ‘declaración de protección de seguridad interna’. Sin embargo, también señala que esta declaración no es necesaria cuando la situación que pueda considerarse requiera que dicha activación ha surgido en línea con la Agenda Nacional de Riesgos, un documento secreto del que no se conoce los criterios, y que no está sujeto a controles o verificaciones”, dice la misiva firmada por Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía.

En el artículo 6 del proyecto de ley se lee: “Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos”.

Pero ¿qué es la Agenda Nacional de Riesgos?

En la página web del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) —el órgano de inteligencia del Estado mexicano— se le describe como “un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos”.

Además, informa la institución, el documento permite orientar las labores de inteligencia, así como las acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas en materia de Seguridad Nacional encaminadas a dar continuidad al proyecto de nación en el corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con el CISEN, la Agenda Nacional de Riesgos es propuesta por el Consejo de Seguridad Nacional y aprobada por el presidente. Para su elaboración se analiza el contexto nacional e internacional y se guía en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa para la Seguridad Nacional y en los lineamientos del propio CISEN.


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Pero una de las cosas más criticadas de la Agenda es que debido a su contenido no es de acceso público para los ciudadanos: es un documento confidencial reservado por 12 años. Por ello, en varias ocasiones se ha negado su difusión mediante solicitudes de información.

A pesar de ello, en agosto de 2016, la revista Contralínea logró tener acceso a la Agenda Nacional de Riesgos 2015. En una serie de reportajes se enumeran los riesgos y amenazas a la seguridad nacional tal y como se asientan en el documento oficial.

La lista que muestra —de mayor a menor prioridad— los temas que preocupan al gobierno mexicano se compone por: delincuencia organizada, conflictos agudos focalizados, anarquismo, terrorismo, flujos migratorios descontrolados, corrupción e impunidad, ciberseguridad, tráfico ilícito de mercancías en fronteras y mares, desastre naturales, pandemias y subversión.

Oídos sordos, dice Amnistía

También en la carta enviada por Amnistía Internacional a los senadores, se alerta que el proyecto de ley que se discute, establece que cualquier acción que se lleve a cabo bajo el mandato presidencial se guiará por un principio de confidencialidad y que toda la información se clasificará como secreta.

En entrevista con VICE News, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explica que la Cámara de Diputados no hizo caso a todas las críticas que han hecho las organizaciones e instituciones a nivel nacional e internacional para no aprobar la ley. “México atraviesa por una crisis en la que se violan los derechos civiles y políticos de la población, por ello es tan preocupante que los oídos sordos sean una política de Estado”.


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Cuando la ley se aprobó en el Congreso, los diputados del Partido Revolucionario Institucional —el partido oficialista— defendieron su aprobación argumentando que dicha norma jurídica no significaba dar un amplio margen de actuación a los militares y que el respeto a los derechos humanos estaba garantizado.

Sin embargo, Guevara Rosas, comenta que en México ha sido evidente que la presencia militar en las calles ha representado un aumento a las violaciones a los derechos humanos y que otorgar al ejército funciones policiacas para las que no está preparado afectaría el acceso a la justicia que exigen las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

—¿Cuál sería la propuesta para generar una alternativa a esta ley?

—Se requiere una estrategia integral que incluya la defensa de los derechos económicos y sociales de la población, combatir la discriminación, fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, capacitar constantemente a las policías, acabar con la impunidad y reforzar la transparencia en la administración pública.

En su comunicado, la organización señaló que desde hace diez años ha documentado en el país, de manera constante, el aumento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de las fuerzas armadas en el contexto de la cada vez mayor participación de militares en las operaciones de seguridad pública, las cuales en su gran mayoría permanecen en la impunidad.

Además, reiteró su llamado a las autoridades mexicanas “para que pongan fin al papel de las fuerzas armadas en la realización de funciones policiales regulares, como detenciones, investigaciones e interrogatorios, debido a que sus miembros poseen una capacitación que fomenta el uso excesivo de la fuerza y no rinden cuentas por sus actos”.

Finalmente, Amnistía Internacional exigió que se garantice el papel de las fuerzas armadas desplegadas para que “actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera expedita, imparcial y efectiva”.

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