Jornaleros en México: reclutados a fuerza por la delincuencia


Francisca, Álvaro y sus dos hijos pequeños dejaron la Sierra Norte de Oaxaca, al sur de México, para irse a trabajar a Sinaloa. Necesitaban trabajo con urgencia y un hombre les ofreció la posibilidad de cortar jitomates en un sembradío. A cambio les prometió un salario de 70 pesos (menos de 4 dólares) por jornada de diez horas ininterrumpidas. Dijeron que sí.

A seis meses de haber llegado, hablaron con alguien que les dijo que los habían engañado. Que no estaban en Sinaloa, sino en Nuevo León, una entidad al lado opuesto del país. Aunque hasta el momento no hay una investigación en curso sobre dicho caso, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas considera que pudieron haberles mentido para ocultar la verdadera situación laboral a la que los oaxaqueños se iban a enfrentar.

La situación de este tipo de trabajadores del campo en México se agrava con cada cosecha. Los problemas a los que se enfrentan lejos de sus lugares de origen cada vez son más complejos; las cláusulas bajo las que son contratados son más injustas y los mecanismos con que son enganchados ahora también llevan el sello de la violencia.

La Red Nacional ha documentado testimonios de víctimas de este fenómeno desde hace varios años. Encontró que son 13 los estados en donde las condiciones en que laboran son deplorables. Entre ellos destacan Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, San Luis Potosí y Sinaloa.


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En dichas entidades, aseguran, sus derechos laborales son prácticamente inexistentes: no cuentan con prestaciones, ni horarios fijos, ni la certeza de que les paguen en tiempo y forma. Tampoco reciben una alimentación digna, con frecuencia viven en hacinamiento y las condiciones de las casas donde los alojan son casi siempre insalubres.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México hay 3 millones de migrantes jornaleros agrícolas. Si además se toma en cuenta que por lo general ellos se movilizan con sus familias — con un promedio de cuatro miembros —, la cifra inicial de personas relacionadas con trabajos asalariados en el campo aumenta a 12 millones.

Una de las cuestiones que más preocupan a quienes investigan este tema tiene que ver con el descubrimiento de redes de reclutamiento y enganche de jornaleros. Al funcionar como una empresa, hacen que situaciones como la explotación infantil pasen casi desapercibidas.

Estas redes se han detectado en la región de la huasteca potosina, hidalguense y veracruzana, con destino a campos agrícolas en San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León y Baja California.


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Incluso se tienen documentados dos casos de desaparición masiva de jornaleros agrícolas. La Red Nacional asegura que lo más probable es que se los llevaran a trabajar a algún sitio en contra de su voluntad. Uno de ellos es el de 200 personas originarias del municipio de Mazatlán Villa de Flores, del estado de Oaxaca, de quienes no se supo más en su camino a Sinaloa, en 2004.

El otro ocurrió en 2010: eran 20 campesinos oriundos del municipio de Xilitla, San Luis Potosí, y que desaparecieron en la zona colindante con el estado de Tamaulipas.

A pesar de todo, muchos de ellos ni siquiera están conscientes de ser víctimas. Para la mayoría no es opción hacer dos horas de camino del campo a la dependencia de gobierno más cercana, para levantar una denuncia. Después de jornadas laborales tan extenuantes es difícil que les queden ganas de asesorarse con un abogado, de hacer filas para rellenar documentos, de volver cada determinado tiempo para asentar firmas o ratificar sus quejas.

La Red Nacional de Jornaleros cree que para que su situación mejore debería hacerse un registro actualizado de todos ellos, así como elaborarse políticas públicas necesarias para proteger y garantizar sus derechos de salud, vivienda y trabajo. Sólo así, aseguran, su situación podría empezar a cambiar.

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