900 mdp, solo una muestra del posible desfalco atribuido a Roberto Borge


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El presunto quebrando al erario público de 900 millones de pesos (mdp) que ya tiene al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge en prisión preventiva en el penal federal de Morelos, no es el único desfalco que se atribuye a su gestión.

En su contra pesan otras acusaciones por las que se asegura que el monto del quebranto en la entidad durante la administración borgista, podría ser mayor a esa cantidad, y por la cual, la Procuraduría General de la República (PGR), lo acusa de lavado de dinero.

En la audiencia que se celebró este jueves en un juzgado federal, las autoridades presentaron 86 pruebas para demostrar la presunta enajenación de 22 predios propiedad del estado, los cuales fueron vendidos en 238.7 mdp, cuando su valor real era de 1,138 mdp.

En la exposición que hicieron los fiscales federales se explicó que la venta de predios, ubicados en zonas privilegiadas de la región turística, se realizó a través del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública del Estado (IPAE) a personas cercanas y familiares del exmandatario.

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En febrero del año pasado, la PGR informó del aseguramiento de 25 inmuebles relacionados con las ventas ilegales realizadas durante la gestión del expriista, los cuales estimó en ese momento tenían un valor superior a los 5,000 mdp, pero en la audiencia del jueves, los inmuebles dados a conocer fueron 22 y la cantidad del desfalco disminuyó a 900 millones de pesos.

En una entrevista que dio el secretario de la Contraloría del estado, Rafael Del Pozo a Expansión días después de aquel aseguramiento señaló que se trataba de penas una pequeña muestra, pues aseguró que si bien se había presentado una denuncia por 850 hectáreas, la enajenación podría alcanzar hasta 9,500.

Esto, puntualizó, corresponde únicamente a las operaciones realizadas a través del IPAE, pues hubo otras que se realizaron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).

A nivel estatal, el exgobernador también tiene un proceso pendiente. La Fiscalía General del estado lo acusa directamente de un quebranto al erario de 3,000 mdp.

Pero, de acuerdo con documentos integrados a las investigaciones, tan solo en los años de 2015 y 2016, los señalamientos en contra de Borge por las irregularidades cometidas durante su gestión superan los 16,000 mdp y contemplan varios ‘modus operandi’ que van desde el despojo de bienes a través de juicios laborales amañados hasta la creación de un programa fachada para el campo a través de una de las dependencias estatales.

Estos posibles desfalcos se realizaron a través de una red de más de 80 personas, entre funcionarios, familiares y personas cercanas al exmandatario, incluso, la Auditoría Superior del Estado (ASE) en agosto pasado presentó 27 denuncias contra 84 exfuncionarios que están relacionados con un desfalco de casi 12 mil millones de pesos.

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peraciones diversas

El monto del desfalco se realizó a través de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) de donde presuntamente se hizo el desvío de 4,800 mdp que estaban dirigidos al campo, pero nunca llegaron.

Otra vía para el desfalco fue la puesta en marcha de obras inexistentes, que quedaron incompletas o que se pagaron a sobrecosto. Esto presuntamente se operó desde la Secretaria Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), donde se detectó un posible desvío de 1,500 mdp.

Las revisiones a las cuentas públicas de los dos últimos años del exmandatario también dieron cuenta de un posible desvíos en la Secretaría de Finanzas de 2,464 mdp, de los cuales 1,000 se habrían destinado al pago de taxis aéreos a través de empresas de personas cercanas a Borge.

También 700 mdp que la Secretaría de Salud pagó para la contratación de un software que nunca se instaló o los 1,555 mdp que una empresa privada pagó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, pero se esfumó.

A todo esto, se suman 4,308 mdp que la administración de Borge tiene pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación por anomalías detectadas en el manejo de fondos federales entre los años de 2013 a 2016.

Entre las irregularidades detectadas por el órgano de fiscalización hay pagos a personal no autorizado, gastos sin comprobar, sobrecostos en obras y penalizaciones por incumplimientos de proveedores.

Algunos de los fondos federales en los que se detectaron malos manejos es el de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, de Participaciones Federales a Entidades Federativas y de Aportaciones a los Servicios de Salud.

Lee: Los testimonios de los afectados por los despojos de Los Piratas de Borge

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