Las claves del juicio político contra el exgobernador nayarita Roberto Sandoval


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La lista de exgobernadores investigados por presuntos desvíos de recursos públicos se amplió este miércoles con el exmandatario priista de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.

El Congreso local inició un procedimiento de juicio político en su contra, por malversación y violación de varias leyes locales, así como en contra dos miembros de su gabinete: los extitulares de la Secretaría de Administración y Finanzas, Mario Alberto Pacheco Ventura, y de la Contraloría General de Gobierno, Luis Antonio Apaseo.

De acuerdo con la legislación de Nayarit, este posible enjuiciamiento en el Legislativo local solo serviría para inhabilitar a Sandoval hasta por 20 años para ocupar algún cargo público. Fuentes de la secretaría técnica del Congreso nayarita explican que la medida no implica sanciones de tipo penal o administrativo, que correspondería promover a otras instancias como la fiscalía, el órgano fiscalizador o el contralor.

Por lo pronto, aquí está una guía para entender el procedimiento abierto.

¿Por qué un juicio político, si ya no es gobernador?

En la mayor parte del país, un Poder Legislativo puede abrir contra el Ejecutivo dos tipos de juicios: uno de procedencia, para quitar el fuero a un funcionario, o uno político, que lo separa del cargo o lo inhabilita. En Nayarit ya no existe la figura del fuero para quienes tienen un cargo público, por lo que solo existe el juicio político, según explicó el diputado local panista Javier Mercado durante la aprobación del procedimiento. Así, aun cuando una persona haya dejado su puesto, el Congreso tiene hasta un año para juzgarla por acciones cometidas durante su encargo.

¿De qué lo acusan?

Sandoval es acusado en el Legislativo de presunto enriquecimiento ilícito o inexplicable, uso indebido de programas sociales, uso indebido del cargo y peculado. A la par, en julio de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra del todavía gobernador, por aumentar su patrimonio de forma inexplicable, y meses antes fue detenido Edgar Veytia, hasta entonces fiscal y su cercano colaborador, acusado de narcotráfico. Además, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó una red operada por el exsecretario de Obras Públicas de Sandoval, Gianni Ramírez, para otorgar discrecionalmente casi 122 millones de pesos en contratos.

¿Podría Sandoval ser encarcelado?

No por el procedimiento de juicio político, iniciado a raíz de una demanda promovida por un grupo de ciudadanos autodenominados "Comisión de la Verdad". El Congreso solo puede determinar la inhabilitación de Sandoval hasta por un máximo de 20 años. La Legislatura pasada, en la que el PRI tenía a 15 de 30 diputados, aprobó quitarle al Legislativo la posibilidad de acusar penalmente. Sin embargo, hay otra denuncia ante la Fiscalía del Estado, también presentada por la "Comisión de la Verdad", que acudió ante dicha instancia antes de que Sandoval terminara su periodo, en septiembre de 2017.

¿Qué sigue entonces?

La demanda de juicio político fue turnada a una comisión instructora, conformada por cuatro diputados de diferentes partidos, que van a investigar, reunir pruebas y llamar a declarar al exgobernador. A más tardar en un año, la comisión enviará sus conclusiones al pleno del Congreso nayarita, que tomará la decisión final de dictar o no la inhabilitación.

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