Trasnacionales de alimentos ‘frenan’ el combate a obesidad en México


En marzo de 2015, la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) —que reúne a la gran industria de productos ultraprocesados de Latinoamérica, región que a su vez está totalmente penetrada por los productos de trasnacionales como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kellogg´s, Unilever o Kraft— publicaba un comunicado mediante el que manifestaba su preocupación porque instituciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), pedían restringir el consumo de sus productos por considerar que iban en contra de parámetros nutricionales básicos.

En el documento se hacía una clara crítica a la instauración de impuestos a bebidas azucaradas, así como el etiquetado frontal de los alimentos, diciendo que se trataba de medidas con “un enfoque negativo y poco efectivo”, al tiempo que señalaba “desconcierto” ante las recomendaciones de ingesta diaria de azúcar de la propia OMS, indicando “carencia de una justificación creíble sobre los porcentajes propuestos” y recomendándole “una mayor discusión”.

La ONG mexicana El poder del consumidor se interesó por esos hechos desde entonces, estudió la situación y presentó un informe detallado al respecto. Se trata de La trama oculta de la epidemia: Obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés, de Agata Székely y Alejandro Calvillo, una periodista y un sociólogo investigador de temas de salud y ambientales, respectivamente.

La investigación plantea que existen diversas estrategias de la industria de bebidas y alimentos en México y en el mundo, para bloquear políticas públicas que buscan prevenir y controlar el problema de la obesidad y sus consecuencias. Estas estrategias son variadas y, de acuerdo con los investigadores, se han diversificado con el paso del tiempo.

Las sospechas de una colusión

El abordaje de este tema cobra relevancia si se toma en cuenta que, de acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en México, más del 70 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, al igual que más de un tercio de los niños y adolescentes.

Para frenar el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados, así como las crecientes tasas de obesidad, sobrepeso y sus trastornos asociados, los organismos sanitarios internacionales han recomendado a los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que apoyen e implementen una serie de medidas específicas.


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Los planes instan a aplicar políticas fiscales como impuestos sobre las bebidas azucaradas y los productos de alto contenido calórico y bajo contenido nutricional, reglamentación de la publicidad y el etiquetado frontal de los alimentos, mejoramiento de los ambientes escolares de alimentación y la actividad física, y la promoción de la lactancia materna y la alimentación saludable.

En México, a partir de las recomendaciones de estas entidades, el gobierno y la sociedad civil comenzaron a discutir políticas y campañas para enfrentar el problema. Así se implementó el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética—Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o IEPS—.

También se reguló el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, se creó el distintivo nutrimental, el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas y se reglamentó la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a niños, en el contexto de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, en octubre de 2013.

No obstante, según revelan los expertos en su informe, cada una de estas regulaciones ha sido combatida por la industria con diferentes tácticas y mediante la realización de alianzas con instancias oficiales responsables de las regulaciones que podrían mitigar la obesidad.

“El poder de la industria y sus alianzas con instituciones y funcionarios gubernamentales no sólo les permitió participar en el diseño de regulaciones fundamentales para combatir la obesidad, sino también excluir de este proceso a los institutos nacionales de salud”, aseguran en la investigación.

A esto suman la recurrencia de prácticas como la de la estudios y evidencia científica hechos “a la medida” de las necesidades de estas grandes empresas.


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El caso del blog www.hablemosclaro.org es revelador. También se encuentra citado en el estudio y destaca porque en él se ofrecen noticias de nutrición “con un enfoque proindustria”, bajo el patrocinio de entes académicos tales como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México en Morelos, entre otros.

Por ejemplo, en un artículo del mismo sitio, titulado Los alimentos procesados y su contribución a una buena dieta, y escrito por la Dra. Ruth Pedroza Islas, de la Universidad Iberoamericana, se habla de los “múltiples beneficios” de alimentarse con productos procesados.

En la nota se menciona que “el procesamiento de alimentos permite asegurar un suministro constante de productos estables para la población, que ha permitido reducir las infecciones gastrointestinales y atender las necesidades de alimentos de rápida preparación.” Así como que “los alimentos procesados ya están jugando roles relevantes para promover la salud y el bienestar de los consumidores”.

Al tocar el tema de la posible colusión de algunas organizaciones nacionales de salud con grandes consorcios alimenticios, Székely y Calvillo mencionan el caso de la Federación Mexicana de Diabetes, que en su página web muestra banners de la marca Helados Holanda, así como frecuentemente de la firma Lala.

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Más allá de sólo la exposición de la situación, los autores del estudio piden establecer un proceso transparente de revisión y reelaboración de la política de prevención de la obesidad, con la participación de los institutos y las academias, de expertos y organizaciones civiles libres de conflicto de interés.

“Al momento hemos sido testigos de una Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes simulada, que visibiliza que la salud pública y la viabilidad del país están en riesgo por los intereses de unos cuantos”, concluye Alejandro Calvillo.

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