Matar al mensajero: luto en el periodismo latinoamericano


“Es necesario que informe sobre esta guerra”. Martha Gellhorn, una de las primeras corresponsales de guerra, escribió en 1944 una carta a las autoridades militares estadounidenses para que le permitieran cubrir el desembarco que se preparaba contra Alemania. Como hiciera unos años antes en la guerra civil española, sentía la necesidad de contar al mundo todo el drama, las intrigas y las miserias que conlleva una guerra. Algo parecido debían sentir Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio asesinados presuntamente por un grupo disidente de las FARC. Como Gellhorn, ellos querían relatar también un drama, el de una frontera caliente en la que operan a su antojo las bandas criminales y los grupos de narcotraficantes. Pero América Latina es, desde hace tiempo, un territorio hostil para ejercer el periodismo. Gabriel García Márquez ya lo advirtió en un seminario celebrado en Barranquilla en 1997: “En los últimos años, el periodismo se convirtió en un oficio peligroso”, se lamentó entonces el Premio Nobel de Literatura. El periodismo latinoamericano vuelve a estar hoy de luto, un dolor que queda reflejado en la desaparición del color del sitio web de El Comercio.

Las muertes de Ortega (32 años), Rivas (45) y Segarra (60) han sacudido las conciencias de medio mundo pero su caso podría convertirse pronto sólo en una estadística más si los poderes públicos y la sociedad no toman cartas en el asunto. Una sociedad que cada año se echa las manos a la cabeza cuando se divulgan las cifras de periodistas asesinados en el desempeño de su trabajo. Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), 17 de los 82 reporteros asesinados en 2017 murieron en América Latina (12 de ellos en México, tres en Honduras y dos en República Dominicana). La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), por su parte, eleva esa cifra y tiene en cuenta a aquellos periodistas que desaparecieron de manera forzada. Para esta organización, 42 reporteros mexicanos perdieron la vida en 2017 mientras informaban en algún país de la región.

Ese riesgo que asumen los informadores en la región (especialmente en países como México, Honduras o Colombia) no es nuevo. De acuerdo alObservatorio de la Libertad de Prensa en América Latina, entre 1970 y 2015 murieron de forma violenta o desaparecieron unos mil trabajadores de prensa, una cifra escalofriante que sin embargo sólo parece cobrar significado cuando un caso provoca alarma social, como ha sucedido ahora con el asesinato de los periodistas ecuatorianos. O como ocurrió hace casi un año, tras el asesinato del periodista y escritor mexicano Javier Valdez, cofundador del semanario Río Doce de Culiacán y autor de varios libros sobre narcotráfico. La conmoción que provocó su asesinato, el 15 de mayo de 2017, traspasó las fronteras de México como ahora lo ha hecho el dramático final de los reporteros ecuatorianos. Pero esa indignación masiva no ha tenido lamentablemente una respuesta por parte de las instituciones. Ismael Bojórquez, director de Río Doce, ha vuelto a denunciar este fin de semana que once meses después de la muerte de Valdez, todavía no hay ningún detenido por el crimen.


12 abril. Declaraciones del Presidente Lenín Moreno sobre la situación de los periodistas secuestrados:


Mientras los gobiernos de Ecuador y Colombia se han conjurado para dar con el paradero de los asesinos de los periodistas de El Comercio, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en Medellín, anunciaba un original homenaje. Medios de comunicación de ambos países realizarán una cobertura conjunta en la misma frontera donde fueron secuestrados los trabajadores de El Comercio. Esa colaboración periodística se suma a las numerosas muestras de solidaridad (con la campaña #NosFaltan3), y más tarde de duelo que ha provocado este nuevo ataque contra la prensa en la región.

El desasosiego en Ecuador es tremendo. Se trata del primer caso de secuestro y asesinato de reporteros que sufre el país. El periodismo colombiano, por contra, ya ha experimentado en carne propia un conflicto armado que se ha prolongado durante medio siglo y ha dejado más de 220.000 muertos. El fuego cruzado entre las guerrillas, los paramilitares y el ejército, y la presencia entrecruzada del narcotráfico, generó un sangriento escenario que causó también muchas bajas entre los periodistas que investigaron y denunciaron los crímenes perpetrados durante esos años de plomo. Según el informe “La palabra y el silencio, la violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)”, elaborado por el Centro de Memoria Histórica, 152 periodistas fueron asesinados en el país en ese periodo. Las conclusiones del informe son desalentadoras. El 60% de esos delitos ya prescribieron y sólo en cuatro casos se llegó a determinar quiénes fueron los autores intelectuales de los crímenes.

Ortega (periodista), Rivas (fotógrafo) y Segarra (conductor) fueron secuestrados el 26 de marzo en la localidad de Mataje, en la frontera entre Ecuador y Colombia, por un grupo disidente de las recientemente desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Días después y pese al reclamo de liberación unánime de la comunidad internacional, se confirmó su asesinato, presumiblemente a manos del denominado Frente Oliver Sinisterra, comandado por Walter Arizala, alias Guacho, por cuya cabeza ya hay una recompensa de 230.000 dólares. El grupo de Guacho, que se mueve principalmente en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, es uno de los frentes de las FARC que no se acogió a los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos a finales de 2016. El desarme de la guerrilla redujo considerablemente el número de secuestros pero no así de homicidios. El vacío de poder que se produjo tras la desmovilización guerrillera ha ocasionado un aumento de la violencia en algunas de las zonas antes controladas por las FARC. Al mismo tiempo, la lentitud en la aplicación de los programas gubernamentales para la reinserción social de los ex guerrilleros ha llevado a algunos de ellos a retomar las armas, pero esta vez en el seno de grupos criminales, como aquellos que surgieron en el país tras la desmovilización a finales de 2006 de los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las denominadas bandas criminales emergentes (Bacrim) sembraron el terror desde entonces en alianza con el narcotráfico. Los disidentes de las FARC, como Guacho, se sumarían ahora a esa compleja red del crimen organizado en la frontera entre Ecuador y Colombia, una franja terrestre que durante años fue ignorada por las autoridades. Precisamente, el fortalecimiento de los controles fronterizos en el último año había provocado una escalada de la violencia en la zona, objeto de la investigación de los periodistas asesinados.

García Márquez tenía razón. El periodismo ha entrado desde hace años en un territorio de riesgo permanente en América Latina. Pero el escritor y periodista colombiano también dijo en alguna ocasión que se trataba del mejor oficio del mundo. El trabajo de Ortega, Rivas y Segarra y la impresionante muestra de solidaridad del gremio periodístico en todo el mundo le dan la razón a Gabo.

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