Cinco expertos nos cuentan qué hacer para frenar el asesinato de líderes sociales


Artículo publicado por VICE Colombia.


Empezó como un evento de Facebook llamado Velatón Nacional por nuestros líderes ¡Ni un minuto de silencio! Pocos días después, más de 5.000 personas habían confirmado su asistencia a la reunión con velas que se convocaba en todo el país y en casi veinte ciudades del resto del mundo.

La cita, a la que efectivamente llegaron miles, fue el resultado de una nueva indignación ciudadana: en los días anteriores a la marcha estaba siendo asesinado casi un líder al día y ni el Gobierno ni las autoridades estaban dando una respuesta pública y efectiva para resolver el problema.

La crisis del asesinato de líderes sociales en Colombia ya lleva al menos un par de años siendo una problemática urgente y en aumento. Según las organizaciones que han llevado un registro de los casos, como Somos Defensores, Indepaz y la misma Defensoría del Pueblo, desde 2016 los líderes asesinados pueden estar entre los 230 y 300. Sin embargo, en el territorio, donde viven y son asesinados la gran mayoría de ellos, no parece haber mucha presencia estatal para investigar los asesinatos o para prevenirlos.

Esa falta de acción se materializó en la indignación de miles de colombianos que en todo el mundo salieron a prender velas y a exigir que se acabe el asesinato de líderes sociales y la impunidad en la que sus muertes quedan. La impresionante convocatoria tuvo efectos, finalmente, en el Gobierno: el día anterior al evento el Presidente Juan Manuel Santos anunció que sostendría una reunión el martes siguiente —10 de julio— con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para crear un plan de acción para frenar los asesinatos.

Entre los varios puntos que surgieron de la reunión, el Gobierno aseguró que aumentará las recompensas para quienes den información que permita dar con los autores de los hechos; la creación de un Plan Urgente de Intervención en departamentos como Cauca, Antioquia y Norte de Santander; la creación de una ventanilla única en el Ministerio del Interior con una línea telefónica exclusiva para recibir denuncias de amenazas a líderes; y más recursos en la Unidad Nacional de Protección para reforzar las estudios de riesgo colectivo en regiones.

No obstante, desde el lado de los investigadores, expertos y los mismos líderes hay ideas de qué otras cosas se pueden ir haciendo para resolver la problemática. Hablamos con cinco de ellos para que nos digan qué consideran primordial a la hora de intervenir sobre el problema y qué podrían hacer los ciudadanos para ser parte de la solución.

Hugo Acero — Columnista, experto en seguridad ciudadana

“Hay que hacer un esfuerzo porque aumente el esclarecimiento de presuntos asesinos que tiene la Fiscalía en los asesinatos de líderes que, hasta ahora, es de un 50 por ciento. Ese esfuerzo lo debe hacer la Policía y la Fiscalía porque, desde luego, quien comete un homicidio es una persona que no solamente ha cometido un caso sino que pudo haber cometido varios. Detener esos asesinos supone la posibilidad de que no se den otros casos.

“En los casos en los que hay amenaza hay que garantizar la seguridad a estos líderes. La gran mayoría de congresistas, concejales y funcionarios públicos no requiere altos esquemas de seguridad. ¿Cuál es el nivel de riesgo que realmente tiene, por ejemplo, un concejal de Bogotá? Desde luego aún hay bandas criminales, pero otra era la época en la que asesinaban concejales y secuestraban congresistas. Por cada funcionario que no requiera ese servicio se le puede prestar un servicio de seguridad más adecuado a uno o dos líderes. Pero para eso hay que tocar el corazón y la consciencia de estos funcionarios, porque algunos no se quieren bajar de esos esquemas. Hay que llamar la atención de esos gobernadores y congresistas.

“Hay algo que sí pueden hacer todos los partidos, como lo plantea (el profesor) Rodrigo Uprimny en su columna: que haya un pacto entre todos los partidos políticos de rechazo total al asesinato de los líderes. No puede haber unos partidos que estén censurando que la gente marche y que aprovechen eso políticamente. Dentro de un régimen democrático ningún partido puede no estar del lado de las víctimas. Nadie se debe confundir y pensar que porque un nuevo partido subió al gobierno ahora podemos hacer lo que se nos da la gana. No. Los delincuentes a veces piensan esas cosas y por eso es que debe haber un rechazo público por parte de todos los partidos frente al asesinato de líderes. No importa si los líderes se oponen a un proyecto del gobierno o de minería ¡Tienen el derecho de hacerlo! Yo puedo estar de acuerdo con lo que plantean algunos líderes o no, pero no puedo estar de acuerdo con que los asesinen.

“Como ciudadanos, desde luego tenemos que seguir solidarizándonos con las víctimas, seguir protestando y marchando. Tenemos que mostrar públicamente que estamos en contra de este tipo de asesinatos. No podemos ser las personas que van a proteger a los líderes comunitarios. Nosotros no somos escoltas ni fuimos entrenados para eso, entonces lo que nos queda son las formas en que nos podemos manifestar. Quienes escribimos y quienes opinamos públicamente deberíamos manifestarnos de manera permanente sobre el tema”.

Ariel Ávila — Director de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista

“Las medidas que tomó el presidente son medidas de choque que sirven para contener esto, pero de fondo falta muchísimo. El gran secreto es judicializar a los que están matando líderes sociales. Mientras haya impunidad con los actores intelectuales y no se investigue, pues los van a seguir matando. Podemos poner escoltas, militares y chalecos antibalas a todos los líderes y eso no va a servir. La única forma es determinar los actores intelectuales y no solo al sicario que dispara.

“En medio de eso hay que hacer cosas: implementar un sistema colectivo de protección; mejorar los mecanismos de denuncia de los líderes sociales y de las comunidades para que la respuesta del Estado sea rápida; incrementar un cuerpo de seguridad estable en zonas vulnerables que no sean solo operaciones a profundidad. Todo eso hay que hacerlo, pero aquí el tema de fondo es judicializar. Mientras eso no se haga, acá la gente se va a seguir sintiendo con impunidad para mandar a matar.

“Lo que pasa en esta sociedad es que además de impunidad judicial hay impunidad social, porque a la gente le importa un pito que estén matando líderes sociales. También hay impunidad política porque la gente sigue votando por los mismos políticos que tienen relaciones con grupos criminales. Mientras esas impunidades no se acaben va a ser imposible mejorar esto. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene que sensibilizarse, salir a marchar, decir ‘No Más’, censurar lo que está pasando. Cuando la gente estaba cansada del secuestro se dio esa famosa marcha y lo primero que hizo las Farc al iniciar la negociación fue renunciar al secuestro. Lo que los ciudadanos podemos hacer es presionar a las autoridades marchando a la Fiscalía, por ejemplo, en lugar de a la Plaza de Bolívar”.

Lisinia Collazos — Lideresa indígena del resguardo Kite Kiwe en Timbío, Cauca

“Lo primero es que se le crea al líder cuando hace una denuncia. Cuando uno va a la Fiscalía a hacer la denuncia hay que dar la prueba: sea un panfleto, un mensaje de texto, lo que sea. Pero partiendo de una cosa tan grave como las amenazas hay que creerle a la persona que hace la denuncia, porque es que desde ahí comienzan las inconsistencias. Para parar las muertes y las amenazas hay que creerle a los líderes y que los entes respondan con una acción inmediata para proteger esa vida.

“Luego de hacer la denuncia eso se va a otra instancia y comienza la evaluación de riesgos en la UNP o en la Policía Judicial, pero esas evaluaciones se pueden demorar uno o dos meses. Y además los mecanismos de protección terminan no siendo muy adecuados para el tipo de amenazas que están ocurriendo.

“Y otra cosa, que es algo que digo por nuestra experiencia en la comunidad, es que cuando se denuncia el asesinato de una mujer dicen que fue por un tema de chismes o que nos estamos matando entre nosotros; si es un hombre dicen que fue por una deuda, un lío de faldas o un ajuste de cuentas. O dicen que somos integrantes de las bandas criminales, que colaboramos con el narcotráfico o con algún grupo armado o ilegal. Y allí termina toda la investigación. No se analiza el caso, no se hace una investigación profunda sino que muy ligeramente se dan los dictámenes para justificar la muerte de cada persona.

“A mí nunca han parado de amenazarme pero yo no me quedo quieta, yo he hecho las respectivas denuncias. La última vez pasaron quince días para que me llamara la Policía citándome para que ampliara la denuncia. Pero eso es mucho tiempo, uno lo que más quiere es que por lo menos eso no se repita y que por lo menos la denuncia sea efectiva.

“Creo que mientras las organizaciones o cualquier persona se una y haga ruido de pronto se estaría un poco más alerta de los líderes. De pronto se ponen a pensar incluso los mismos que lo amenazan a uno. Eso de pronto pasa en un momento, pero luego nos volvemos a olvidar del tema y eso no puede pasar porque los líderes sí siguen con el trauma, con el miedo. Uno no sabe sé si salir o no, uno pierde la tranquilidad y la libertad. A mí la huerta se me cayó porque ya no podía movilizarme sola. Hoy en día salimos de la casa pero no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino. Eso es una zozobra que hemos vivido sobre todo en los últimos dos años y que ha sido muy duro para nosotros acá en el Cauca”.

Carlos Guevara — Vocero de la organización Somos Defensores

“No hay una fórmula mágica para solucionar esto porque el tema es muy complejo, pero sí hay pasos que pueden tomar las autoridades. Lo primero es tener absolutamente claro el volumen de amenazas y potenciales peligros para estos líderes en zonas críticas: hablar con organizaciones terreno y con los líderes que han denunciado. No es ponerle un chaleco antibalas ni un vehículo blindado, es atender y tratar de neutralizar a quienes profirien la amenaza. Eso en el caso de amenazas digitales, por ejemplo, es mucho más fácil. Cuando amenazaron por Facebook a los hijos del expresidente Uribe, las autoridades se demoraron literalmente cinco días para dar con el responsable. Entonces las autoridades tienen las herramientas.

“Otra cosa es atender las alertas tempranas. Ya hay un instrumento, la alerta temprana 026 de este año, que dice quiénes son las organizaciones y las zonas que van a ser atacadas y que están en riesgo. ¿Qué más quieren? La Defensoría entregó la información procesada de una manera muy profesional. Desde Bogotá no se puede solucionar el tema, hay que ir al territorio. Y además tiene que haber un pacto de las autoridades locales. No podemos seguir pensando que porque (Juan Manuel) Santos por fin le paró bolas al tema, después de un montón de muertos, esa va a ser la solución completa. No se ha escuchado una sola voz de rechazo de parte de alcaldes o gobernadores sobre el tema ni en departamentos donde la situación es crítica. Las autoridades locales no se ven por ninguna parte, sencillamente escurren el bulto dejando que sean las autoridades nacionales las que respondan. La Procuraduría, por ejemplo, debería poner en acción un instrumento que tiene que es la directiva 002 para presionar esas autoridades locales.

“Pero sobre todas las cosas hay que creerle a los defensores. Históricamente se ha tratado de decir, desde hace muchos años, que los defensores se quejan demasiado, que todo son autoamenazas y eso no es cierto. La gran mayoría de los líderes asesinados no denunciaron amenazas porque estaban muertos de susto. Lo primero que tenemos que romper es el miedo a la denuncia y eso se hace aproximando a las autoridades a las comunidades. Y no solamente en una visita, sino con la presencia sostenida del Estado.

“También hay que detectar las redes de corrupción. ¿Dónde está la corrupción en la Policía, en las Fuerzas Militares, en el Ministerio de Defensa y en la Unidad Nacional de Protección? Si eso se ataca la gente va a poder tener un poco más de confianza en las autoridades locales. Hay que enfrentar las mafias regionales y que estén detrás de este tipo de violencia y detrás de la omisión también.

“Creo que lo más importante es que toda esta carreta, todos los acuerdos con el gobierno nacional, trascienda al gobierno de (Iván) Duque. Si el gobierno de Duque no llega y continúa con este plan, pues sencillamente se va a a ver enfrentado a una situación de violencia que se le está saliendo de las manos.

“Lo que pasó el viernes (la Velatón) fue muy importante para la continuidad de muchos de los trabajos de estos líderes. En Somos Defensores creemos que el respaldo ciudadano es la única forma efectiva de proteger a una persona que se dedique a la defensa de lo común, de lo de todos. Hay que respaldarlos, no dejarlos solos y pronunciarse y salir cuando haya que tomar acciones de movilización y denuncia. Ese es el papel de la comunidad: no dejar solos a los líderes, porque los líderes son gente valiente que sale y enfrenta cosas que en general la comunidad no hace”.

Valentina Rozo — Investigadora de Dejusticia

“El Gobierno tiene que entender que la Defensoría del Pueblo sí es parte del mismo gobierno. Es decir, cuando la Defensoría emite las alertas tempranas, que además tienen un sistema muy juicioso para hacerlo, el Ministerio del Interior no siempre las acepta y las eleva como debería. El año pasado hubo un caso muy criticado, y que está muy bien documentado en un informe de Somos Defensores, en que la Defensoría sacó la alerta temprana, el Ministerio no lo elevó y al hacer el cruce entre esa alerta y donde en efecto asesinaron a los líderes hay una relación gigantesca. El primer paso es que el Ministerio del Interior y la Fiscalía hagan un reconocimiento mayor de las alertas tempranas.

“Otra cosa son sin duda las medidas colectivas. En diciembre del año pasado salió el decreto que reglamenta la ruta para las medidas colectivas, entendidas como estrategias para que las mismas comunidades sean las que protejan a sus líderes. Es pasar a una protección colectiva en la que se entiende que los problemas actuales por los que están asesinando a los líderes, y que se relacionan principalmente por su territorio como la sustitución de cultivos o la minería, no están afectando solamente a una persona sino a toda la comunidad que defiende sus derechos sobre la tierra. Es una estrategia para intentar protegerlos a todos y no solamente al que lleva la bandera de esto, que normalmente es el presidente de las juntas de acción comunal.

“Pero creo que hay que tener cuidado con las estrategias que se plantean. Muchas veces se piensa que si se visibiliza más a los líderes amenazados eso puede protegerlos, pero es algo que genera debates. Las Fuerzas Militares tienen una circular interna en la que dicen que están pensando en georreferenciar a cada uno de los líderes amenazados. Eso en la sociedad civil creó un sabor agridulce porque, si bien sería buenísimo saber dónde los amenazan y protegerlos más directamente, también es información que se puede usar para otro tipo de inteligencia y ponerlos en un riesgo mayor. Hay que tener cuidado en las medidas preventivas porque pueden ser un arma de doble filo.

“Creo que, por parte de la ciudadanía, mostrar interés ya es un gran paso. Este problema se ha visibilizado en parte porque se acabó la guerra con las Farc, este es un momento para visibilizarlo, pero no es nuevo. Esto es una problemática histórica y creo que las manifestaciones ya son un primer paso con el que también se le manda el mensaje al Gobierno de que vamos a estar pendientes”.

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