Juan Carlos I, Arabia Saudí y la comisión de Navantia


El 28 de marzo de este año, El País publicaba en su sección Gente una nota titulada “El rey Juan Carlos, de vacaciones en Arabia Saudí”. A pesar de que el ex diario independiente de la mañana se apresuraba a informarnos de que dicho viaje “no era el primero que, por ocio” hacía a dicho país el monarca emérito, resultaba evidente que había algo extraño en él. Se trató de una visita relámpago, de apenas tres días de duración que no dejaron imágenes (algo habitual) y trufadas de reuniones de alto nivel (algo bastante más raro para un señor que, desde su abdicación, ha tenido como norma dedicar el mínimo tiempo posible a cualquier actividad institucional).

El 11 de julio de este mismo año, de nuevo El País informaba de que Arabia Saudí había seleccionado a Navantia para la construcción de 5 corbetas, la remodelación del puerto de Yedda para su operacíon y la instrucción de 600 marineros del país del Golfo por un importe total de más de 2.00o millones de euros. El contrato, uno de los más importantes de la empresa pública, llevaba tres años bloqueado y tenía un fuerte significado político, derivado del papel central que jugarán dichos buques en el bloqueo de las aguas de Yemen, país objeto de una prolongada y sangrienta intervención por parte de Arabia Saudí y otras teocracias de la zona.

Entre medias, en abril de 2018, apenas unos días después de las fugaces vacaciones de nuestro rey Emérito, ocurrió algo decisivo para el desbloqueo de dicho contrato: la visita a Madrid de Mohamed Bin Salman, más conocido como MBS, heredero y hombre fuerte del reino saudí. MBS anunció de manera privada la selección de Navantia y en lo tres meses siguientes se elaboraron los contratos y las modalidades de pago y entrega.

Y ahora lanzo una hipótesis basada en las informaciones publicadas estos días: Juan Carlos I, por esta operación, se ha embolsado la comisión estándar del caso, que oscila entre el 1 y el 1,5% del monto total del contrato: en torno a los 20 millones de euros. Lo ha hecho mediante una persona interpuesta que se lo ha entregado a un testaferro quien, a su vez, ha despositado el total en una o varias cuentas suizas. Todo el proceso ha sido controlado por su abogado suizo de confianza, un personaje canónico en estas lides.

Por último, hacer notar que, siendo Navantia una empresa pública, el desvío de parte del monto del contrato a los bolsillos del Emérito es un delito de libro. Que dicho delito ha ocurrido tras la abdicación del rey, cuando ha perdido la inviolabilidad jurídica que nos ha regalado este y otros grandes momentos del monarca. Y que, por tanto, de estar en un país normal la Fiscalía comenzaría a investigar de oficio hoy mismo lo que se presume en estas líneas.

Por supuesto, no ocurrirá: se invocará la razón de Estado, la confidencialidad de los acuerdos de Defensa, las lágrimas agradecidas de los trabajadores de los Astilleros, la Marca España y saldrán los corifeos habituales a glosar las virtudes del anterior monarca como “mejor embajador” de nuestras empresas y del país. Porque, señoras y señores, tenemos lo que nos merecemos. Ni más ni menos.

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