Excluir a estudiantes con discapacidad de clases regulares es anticonstitucional


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Excluir a alumnos con discapacidad de las clases del sistema educativo general es discriminatorio y, por lo tanto, anticonstitucional, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México el jueves.

“De acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo ‘general u ordinario’, sin reglas ni excepciones, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional”, escribió la Suprema Corte en una nota de prensa.

La Corte indicó que el Estado no puede tener “dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad”.

La institución hizo referencia a los artículos de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista que se enfocan en la educación especial para personas con discapacidad.

En la actualidad, de acuerdo a esas leyes y a lo descrito por la Corte, conviven dos sistemas educativos: uno regular y otro especial. Esto es lo que los magistrados consideraron inconstitucional.

Además, las leyes establecen que es optativo para el alumno o sus padres emplear herramientas de apoyo para que éste sea incluido en el sistema educativo regular.

Sin embargo, los magistrados criticaron que esa opción podría ser utilizada como pretexto “para excluir a los alumnos con discapacidad del sistema educativo regular”.

Bajo el punto de vista de los magistrados, lo mejor es que haya un sistema educativo único para todos los niños y que éste se complemente con “herramientas de apoyo para lograr la inclusión en el sistema educativo regular”, pero no un sistema de “educación especial” que separe al alumnado, según el documento hecho público.

Estas herramientas de apoyo “han sido creadas por el legislador, precisamente, para identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad”, agregó el escrito, que insiste en abogar por utilizar dichas herramientas.

Bajo estos argumentos, los jueces resolvieron que las políticas “encaminadas a formular prácticas genuinamente inclusivas” son las que deben primar, en lugar de optar por la separación del alumnado.

En su lugar, “se deberán tomar ajustes razonables, como lo son, entre otros, capacitar a profesores, adaptar las aulas a diferentes necesidades de los educandos y elaborar un plan de estudio que tome en cuenta las diferencias de los alumnos”, dijeron los magistrados.

La Corte consideró que una escuela ordinaria, si tiene una educación inclusiva, es “la medida más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integrada y lograr la educación para todos”.

“Los niños que se educan con sus pares tienen más probabilidades de convertirse en miembros productivos de la sociedad y de estar incluidos en su comunidad”, aseguraron los magistrados.

La Secretaría de Educación Pública no se pronunció al respecto. CNN en Español trató de ponerse en contacto con la dependencia para obtener un comentario, sin respuesta por ahora.

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