Enrique Peña Nieto se lleva la medalla de oro en impunidad


Artículo publicado por VICE México.

No solo los exgobernadores acusados de desviar fondos públicos logran librar la cárcel. Tampoco los señalados por cometer crímenes como los de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato detentan el privilegio de evitar ser condenados a prisión. La impunidad en México es una cosa generalizada que, por cierto, ha empeorado los últimos años.

A mes y medio de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto, VICE consultó estudios especializados y entrevistó a expertos para conocer el nivel de eficacia de la justicia en México. Los resultados no lucen favorables para el presidente saliente: sólo tres de cada 100 acusados por algún delito terminan tras las rejas.

Así, cuando EPN abandoné el cargo el próximo 1 de diciembre, dejará a México como el país más impune de América Latina, según el último Índice Global de Impunidad (IGI). México encabeza el ranking latino por encima de Perú, Venezuela país al que el actual gobierno ha criticado en múltiples ocasiones en voz del canciller Luis Videgaray–, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras, El Salvador y Panamá. El país mejor colocado de la región es la isla caribeña de Barbados.

A nivel mundial, México aparece ubicado en el cuarto lugar del índice Global de Impunidad. Los primeros tres lugares del orbe son Filipinas, donde una parte del territorio vive bajo la ley marcial mientras se combaten las guerrillas; India, considerada la nación más peligrosa del mundo para ser mujer, y Camerún, país del noroeste africano que atraviesa por una dictadura desde 1982.

“Estamos en un nivel de impunidad que ningún otro país de AL ha experimentado jamás. Aquí no se han resuelto los crímenes del pasado, de la guerra sucia, ni del conflicto zapatista, ni tampoco los más recientes de la guerra contra el narcotráfico, ni los cometidos por las fuerzas armadas”, sentencia José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Edomex, nuestro peor ejemplo

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018 (IGIMEX), el país cuenta con un alto grado de impunidad y la situación ha empeorado desde 2014. Con ese telón de fondo, 16 estados de la República han desarrollado los niveles más altos de impunidad y están encabezados por el Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila y Quintana Roo, donde los niveles de impunidad son más elevados que la media nacional. Le siguen Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca para completar el top ten de impunidad.

El estudio elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) muestra al Edomex como el caso de impunidad más preocupante y expone debilidades en el Ministerio Público (MP). El territorio que vio nacer al actual presidente tiene el mayor número de carpetas de investigación con más de 200 mil, aunque solo hay mil 200 con sentencia en primera instancia. Apenas se dicta una sentencia por cada 200 acusados.


Las fiestas del DIF en tiempos de Angélica Rivera.


A pesar de la crisis que enfrentan los mexiquenses, únicamente tienen disponible una agencia del Ministerio Público, tres agentes del MP y dos policías judiciales por cada cien mil habitantes. Quizá por ello más del 95 por ciento de los delitos dejan de denunciarse.

Al otro extremo del ranking, aparece Campeche como el único estado que muestra impunidad baja, mientras que Ciudad de México presenta niveles medianos de impunidad, según los datos del Índice .

Matar sin castigo

Cuando se comete un asesinato en México, es muy probable que no se haga justicia. O, dicho de otra forma, lo más seguro es que los culpables no vayan a la cárcel, así lo señala el IGIMEX 2018, documento que analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia en México, con base en datos oficiales como el Censo de Procuración de Justicia Estatal.

Para este año, el porcentaje de encarcelados por homicidio con relación a las averiguaciones previas por homicidio bajó 10 puntos con respecto al 2016. De hecho, solo 17 personas de entre cien acusadas de asesinato terminan en la cárcel con una sentencia.

En Tamaulipas, Tabasco y Michoacán, parafraseando al compositor José Alfredo Jiménez, pareciera que la vida no vale nada. Estos tres son los estados de mayor impunidad en homicidios. La muerte se castiga, pero solo de vez en cuando.


Ayotzinapa está en AMLO. Estos son los últimos lances por enterrar el expediente.


En Michoacán, si bien destacan los robos, principalmente de automóviles, y las denuncias por agresiones son tan comunes como el robo a casa habitación, cuenta con el segundo lugar a nivel nacional en homicidios y la impunidad de los asesinos también es alta. Apenas cuatro o cinco michoacanos entre cien acusados de homicidio terminan en prisión.

A diferencia de la media nacional, Tabasco muestra un sistema de seguridad y justicia funcional, el cual contrasta con elevada tasa de impunidad en homicidios. En el terruño de López Obrador, donde las lesiones, robos a hogares y transeúntes, además de violencia entre las familias están a la orden del día, solo dos de cada cien acusados terminan en la cárcel por homicidio.

En medio de una guerra de cárteles que se ha prolongado por años, Tamaulipas, donde abundan los robos, es el estado con la mayor impunidad en cuanto a asesinatos se refiere. En la entidad fronteriza se vive con el porcentaje de encarcelados por asesinato más bajo (0.15) y únicamente una persona va a prisión entre más de 700 con averiguación abierta por homicidio.

AMLO, oye, urge una fiscalía

Con 12 estados de la república que muestran niveles altos de impunidad y otros 16 donde los grados son muy altos, el balance luce desfavorecer para el gobierno saliente. Especialistas coinciden en que dentro del legado de Peña Nieto resaltan los pocos avances en la materia, por lo que la responsabilidad de revertir la crisis recaerá en el próximo gobierno, especialmente con la creación de una fiscalía que sea realmente autónoma.

Pablo Girault, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, destaca que dentro de las pocas cosas positivas que deja este sexenio están los avances en el Sistema Nacional Anticorrupción, que, aunque no ha entrado en marcha, ya cuenta con todo el andamiaje legal para funcionar y el siguiente gobierno deberá darle buen rumbo.

Deben dejar que se haga una fiscalía autónoma y no meterse en ningún proceso, porque hasta hoy en día AMLO quiere nombrar al fiscal y sabemos que eso no funciona”, comenta el especialista.


Contratos ficticios. Estas son las universidades públicas que realizan gastos ‘fantasma’.


“Uno de los principales problemas en materia de impunidad, como lo señala el INEGI, es la falta de credibilidad y confianza en las instituciones de procuración de justicia. La mayor parte de los encuestados piensa que ir a la PGR es una pérdida de tiempo y es porque se trata de una institución que está podrida de principio a fin”, señala José Guevara, representante de la CMDPDH, y recalca la importancia de que la fiscalía autónoma no sea una mano judicial del Ejecutivo como hasta ahora.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho también apuntó a la creación de una fiscalía autónoma, así como a reforzar los mecanismos de protección para víctimas, defensores y periodistas, pero fue más allá y espera que el gobierno de AMLO no deje solas a las víctimas.

“Esperaríamos que las instituciones cuiden a las víctimas, que vea la desesperación que hay en sus ojos y en su voz, que haya búsqueda y que haya justicia porque creemos que otro sexenio más sin búsqueda, sin justicia, sin reparación y sin atención real de las víctimas va a ser fatal para el país”, indica.

Ciudadanos, denunciemos

Con un nivel paupérrimo de sentencias frente a las denuncias presentadas, apenas 45 mil entre 1.5 millones, llama la atención los pocos recursos humanos e infraestructura disponibles para atender a los ciudadanos. En México únicamente hay 3.5 ministerios públicos, jueces y magistrados por cada cien mil personas. Son cuatro veces menos que el resto del mundo, según el informe a cargo de la UDLAP.

Pero el documento no sólo exhibe las falencias de nuestro sistema de seguridad y justicia, sino que también expone la falta de cultura de la denuncia, de la cual toda la ciudadanía forma parte. En los últimos dos años aumentó el índice de cifra negra. Si ya era alta, con el incremento de un punto quedó en 93.7 por ciento. Es decir, menos del tres por ciento de los delitos que se cometen en México son denunciados ante las autoridades correspondientes.

En ese rubro Guerrero es la calca fiel de lo que ocurre a nivel nacional, también se denuncian solo tres delitos entre cien cometidos, aproximadamente. La Ciudad de México y el Estado de México son otros buenos ejemplos de la ausencia de denuncias. De cada 100 capitalinos solo cinco denuncian, mientras que únicamente cuatro mexiquenses se toma la molestia de acudir al MP tras sufrir algún delito.

Enrique Alvarado en Twitter: @kikin_agz

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