¿Qué debería contemplar la regulación de la amapola en México?


Empecemos por aquello con lo que tenemos más experiencia: la amapola y sus derivados. Mucho se está discutiendo, en México y el mundo, sobre los opioides. En México tenemos ya llamados concretos —a nivel local y a nivel federal— para abandonar la prohibición de esta planta, abriendo la posibilidad a la producción legal de sus derivados.

¿Qué debería contemplar la regulación de la amapola o los opiáceos que de ella derivan? Recordemos la premisa de la que partimos: una regulación adecuada debe de tomar en cuenta al usuario y su búsqueda del “viaje”. Tenemos que distinguir entre los distintos tipos de viaje que buscan los usuarios, para poder regular adecuadamente cada uno. Por supuesto, hay tantos “viajes” como usuarios, pero creo que podemos identificar tres grandes tipos de usuarios y desarrollar regulaciones adecuada para cada uno.

El primer viaje que debemos regular es el que busca alivio con fines médicos. Los medicamentos derivados de la amapola (los opiáceos) son legales; producidos y comercializados mediante un sistema de fiscalización internacional controlado desde la ONU. La India y Turquía, por ejemplo, cuentan con industrias legales de cultivo de amapola para producción de medicamentos. México es el tercer país productor de amapola ilícita en el mundo y primero en el hemisferio occidental. Sin embargo, en México el cultivo de amapola y la producción de fármacos derivados están prohibidas. Nuestra población no está ni cerca de tener el acceso necesario a los medicamentos paliativos derivados de la amapola, pues importamos lo poco que prescribimos y nuestros médicos prescriben mucho menos de lo que nuestros pacientes necesitan.

La prohibición ha estigmatizado el uso de opiáceos con fines médicos. A pesar de ser medicamentos básicos para el tratamiento del dolor, nuestro gremio médico no sabe bien cómo utilizarlos o recetarlos, en parte porque no hay una formación adecuada en la materia, en parte porque los controles burocráticos de la substancia han sido históricamente tan estrictos que los médicos optan por evitarlos. Debemos cambiar esto, sin caer en los burdos excesos a los que han llegado países como Estados Unidos, en donde la epidemia de muertes por sobredosis de opiáceos y opioides se debe, en parte, a la agresiva promoción de estos medicamentos por parte de las farmacéuticas y a través del gremio médico.

Para la producción y uso de medicamentos derivados de la amapola necesitamos cambiar la cultura médica y la industria farmacéutica. Con mejor formación médica, recetarios menos engorrosos, pero con estrictas restricciones a la promoción y publicidad de estos medicamentos, podemos empezar a proporcionar a los pacientes los medicamentos que necesitan, mientras evitamos los excesos en que ha caído la industria en otros países. Pero eso no basta: debemos de dejar de importar lo que podemos producir, con creces, aquí. México debería de ser una potencia mundial de la industria farmacéutica simplemente por su capacidad para producir amapola, y por el potencial que su producción legal podría detonar en la industria farmacéutica. Guerrero podría ser epicentro de una industria farmacéutica robusta, en vez de competir por ser la capital mundial de fosas clandestinas que esconden cientos o miles de cadáveres.

La propuesta aquí es regular un sistema de producción de la amapola y de sus derivados farmacéuticos. La industria puede ser pública o privada, aunque por prudencia convendría empezar por un monopolio público con participación privada sólo de campesinos productores. Una vez el sistema regulatorio e institucional haya madurado, podría abrirse al sector privado. Al legalizar la producción, deben preverse mecanismos que den prioridad a los productores nacionales actuales (campesinos) de amapola (ilícita) para abastecer el (nuevo) mercado (lícito). Con su experiencia acumulada, nuestros campesinos aportarían a un mercado legal lo que hoy aportan al mercado ilícito. Además, son las comunidades campesinas productoras de amapola quienes más han sufrido la violencia oficial de la prohibición. Desde las incursiones militares en la sierra en los años 70, hasta la erradicación por aspersión aérea con químicos de hoy en día, estas comunidades han visto destruidos sus otros plantíos (esto es, su sustento), contaminadas sus fuentes de agua y afectada su población enfermedades derivadas de los químicos usados en la aspersión entre sus miembros. Como una política de desagravio, son estas comunidades las que deben beneficiarse primero de la participación en la nueva industria lícita.

La nueva industria farmacéutica aprovecharía el volumen y calidad de la amapola de producción nacional para satisfacer la demanda nacional, primero; pero también debemos de procurar acceso al mercado internacional. Aquí será fundamental trabajar de la mano con la ONU, pues la producción nacional de amapola es tan grande que cubriría fácilmente la demanda nacional de medicamentos. Para aprovechar la potencial industria de fármacos opiáceos, es preciso tener acceso a los mercados internacionales y eso se puede y debe hacer a través del régimen internacional hoy vigente y manejado desde las Naciones Unidas.

Pero legalizar la amapola para fines médicos no basta. Necesitamos también pensar en otro viaje, quizá el que hoy sea el peor de los viajes: el de las personas que han desarrollado dependencia a los opiáceos. México, a diferencia de Estados Unidos, no tiene un problema de abuso de opiáceos en gran escala. Pero existen muchas comunidades donde el problema no es menor. Tijuana quizá sea el ejemplo más visible, pero no el único. Quien se viaja con heroína hoy en día tiene, sobre todo, un viaje inseguro. Es inseguro porque no sabe bien a bien qué se está metiendo al cuerpo porque su proveedor no esta regulado; porque el estigma social y el acoso policiaco le lleva a desarrollar prácticas que potencian los riesgos a su salud (como el uso compartido de jeringas); y porque la ilicitud del mercado le obliga a consumir en lugares inadecuados. Pues bien, existen muchas experiencias internacionales sobre los beneficios de proporcionar lugares de inyección seguros, con el equipamiento, atención e información adecuados. Empecemos por proporcionarlos: lugares de inyección seguros a cargo del sector salud en comunidades donde se identifica uso problemático son indispensables.

Ahora bien, no sólo debemos proporcionar el lugar: proporcionemos también la sustancia. Lo hemos hecho antes: durante los últimos meses del gobierno del general Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Salud decidió suministrar gratuitamente y en forma directa, heroína de calidad a dependientes. De esa forma, las autoridades de salud podían conocer y determinar la dosis y frecuencia de acceso a la droga. Además, sustraían a los usuarios del mercado negro, afectando palpablemente a los narcomenudistas de la época. (Al respecto, recomiendo leer Nuestra historia narcótica de Froylán Enciso). Pues bien, repitamos la dosis del general. Pero incluyamos esta vez un robusto sistema de tratamiento basado en evidencia, y no uno que —como hoy— prescribe sólo la abstención.

Suele decirse que la heroína nunca debe regularse y siempre estar prohibida. Si recordamos las lecciones de esta columna, tendremos en mente que los límites a los que llegamos cuando caemos en el exceso y la forma en la que aprendemos a significar el viaje son ambas función de nuestro contexto y nuestro entorno social. Mejorando el contexto y el entorno social alrededor del uso, podemos mejorar el viaje.

Queda un tercer viaje por regular: el caso de quienes decidan usar opiáceos sin ser dependientes (a fin de cuentas, por allí pasaron en algún momento quienes hoy son dependientes). Ese es el tercer tipo de viaje: el que no es emprendido ni con fines medicinales ni por dependencia. Pues bien, incluso ese viaje hay que regularlo. Aquí, la prudencia aconseja iniciar por un monopolio público para el cultivo, producción y distribución, que procure ofrecer opiáceos cuya presentación tienda a ser menos adictiva que la heroína, y cuyas dosis, frecuencia, etcétera puedan ser registradas por las autoridades de salud, a fin de identificar lo más tempranamente posible indicios de uso problemático y ofrecer los servicios de prevención o tratamiento según se necesiten.

Sobra decir que los tres regímenes incluirían una prohibición absoluta de la publicidad, la promoción y el fomento al uso; garantizarían que el Estado provea información basada en evidencia para usuarios actuales o potenciales; una estricta prohibición para —fuera del contexto médico— suministrar las substancias a menores, y todas las demás medidas de salud pública propias de cualquier substancia potencialmente riesgosa, en su versión más estricta. Eso es regular.

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