Por día se entregan 20 botones antipático en la ciudad de Buenos Aires ¿Funcionan?


Artículo publicado por VICE Argentina

Carla Soggiu desapareció el 15 de enero del 2019 cuando salió de su trabajo en Pompeya, el último barrio del sur de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Todas las alarmas se accionaron cuando la joven de 28 años activó dos veces su botón antipánico que le había sido otorgado luego de denunciar a su expareja por violencia de género.

Cuatro días después, el cuerpo de Carla apareció a la vera del Riachuelo —Río que abarca desde la Provincia de Buenos Aires hasta CABA y desemboca en el Río de la Plata—. Soggiu activó dos veces el botón antipánico y se comunicó con la Policía, pero nunca supieron dónde estaba porque el GPS no funcionó.

En CABA, Mauricio Macri —actual presidente de la Nación — lanzó como alcalde de la Ciudad el Botón Antipánico para víctimas de violencia doméstica en el año 2012. En palabras del ex ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, explicó que “el aparato tiene el tamaño de un celular que está conectado con la Central de Monitoreo de la Policía”.

Mientras que en la Provincia de Buenos Aires, recién en 2016 Daniel Scioli, exgobernador bonaerense, promulgó la Ley Provincial N° 10.455 que define al botón antipánico como “aquél dispositivo de geo-localización y alerta a autoridades de las fuerzas de seguridad” y el órgano que lo ejecuta es el ministerio de Seguridad bonaerense.

Según un relevamiento del gobierno de la Provincia hecho en 18 de los 24 municipios, en siete localidades bonaerenses no tienen botón antipánico ni tobillera electrónica para los denunciados por violencia. Mientras que en los 11 restantes, sí cuentan con distintos dispositivos —botón antipánico, aplicación del celular y pulsera—.

En la actualidad se entregan 20 dispositivos por día, según el Centro de Monitoreo de alarmas fijas y móviles de la Policía de la Ciudad.


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Ana María Rinaldi tiene dos botones antipánico: uno para provincia —porque vive en el partido de Lanús— y otro que funciona en CABA, lugar donde trabaja.

“El 29 de enero del 2018 denuncié a mi expareja, Fernando Galante, por rapto, lesiones y abuso sexual con acceso carnal, más conocido como violación”, relata Ana María y agrega que desde el principio de la relación notó que algo iba mal: le revisaba las redes sociales, le decía con quién podía hablar y con quién no. La alejó de sus amistades y de su familia.

El 28 de enero, mientras Ana María se encontraba en Capital esperando el colectivo para volver a su casa, su expareja se apareció con su auto y la raptó. Fernando Galante la obligó a subirse a su auto, la llevó a un garage donde la golpeó y abusó sexualmente de ella. Por un descuido de él al sonarle el teléfono, Ana María logró escapar y llamar al 911.

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Ana María Rinaldi

Pero no todo terminó ahí: Cuando llegó la Policía le dijeron que debía ir a la Comisaría y le indicaron qué transporte debía tomarse. Nunca se ofrecieron a llevarla. Luego de idas y vueltas, más denuncias y reiteradas presentaciones en la Comisaría de la mujer, en febrero le dan restricción perimetral y el botón antipánico, pero nada de eso sirve, ya que Galante incumple la misma, apareciéndose constantemente en su trabajo.

Ana María activó el botón antipánico en cinco oportunidades: una vez en Provincia y cuatro veces en Capital. Una de las veces que lo tuvo que accionar, la Policía se comunicó con ella. “Les comenté la situación y me piden que especifique en qué zona me encontraba y la dirección de mi trabajo. El móvil policial llegó 45 minutos después del alerta, cuando mi restricción decía de ‘altísimo riesgo’”.

Finalmente en abril de 2018, después de amenazas de muerte, incumplimiento de la perimetral y la falta de empatía de la Policía, lo detienen.

Antonella denunció a su pareja en enero del año pasado por violencia. El día que llegó a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) la revisó una médica, se entrevistó con una psicóloga y una abogada. “Al rato de salir de la oficina me llamaron: la jueza había decidido que tenía que tener el botón antipánico”.

Si bien la decisión de la Justicia fue rápida, el dispositivo decidió ser todo lo contrario. “De nada sirve que lo lleve conmigo cuando estoy afuera por mucho tiempo, tiene una batería que se descarga muy rápido, por eso lo tengo en mi casa conectado al cargador todo el tiempo”.

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Movil de Antonella

Antonella comenta que “por suerte” nunca tuvo que usarlo, pero una vez se le activó sin querer porque es táctil. “Me llamaron en seguida para verificar qué pasaba y tuve que buscar a un oficial de Policía para que certifique que no estaba mintiendo”.

“Cada tanto me llaman de la Policía para chequear que yo esté bien y para que reinicie el equipo. Parece ser que cada cierto tiempo pierde la señal y si yo no lo reinicio, a ellos no les aparece como aparato en funcionamiento”.


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Marina Benitez Demtschenko, abogada especializada en derecho informático con perspectiva de género y presidenta de la Fundación ‘Activismo Feminista Digital’, lleva consigo un botón antipánico luego de denunciar nueve veces a su expareja.

“El botón me lo dan después de una violación sistemática de una medida perimetral contra mi expareja, donde mi agresor no tomaba como límite esta orden judicial”, relata Marina, quien agrega que cuando fue a gestionar esta herramienta creyó que iba a ser parecida a una “alarma de auto” pero en el Departamento Judicial de La Plata —donde tiene radicada las nueve causas contra su expareja— le instalaron un software en su celular.

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Marina

Este ‘software’ te permite dos opciones: enviar un mensaje de texto en el que tenes que escribir la dirección exacta de donde estás y qué es lo que está sucediendo; y una llamada que se dirige a un patrullero que va directamente a tu casa. Lo que demuestra una ineficiencia ya que no opera si no tenes señal o carga, además de no tener GPS.

“Al no tener estas características primordiales mínimas para que la víctima no se vea teniendo que instrumentar demasiadas diligencias en un momento crítico, este tipo de sistemas, que además tenés que estar lucida para que funcione bien, por ahí mandas una dirección que no es, te equivocaste y el patrullero se va a otro lugar. O si te movilizas o te tenés que esconder, lo que fuese, no te van a localizar salvo que envíes otro mensaje de texto y esto implica un esfuerzo para la víctima que intenta no ser atacada por su agresor”, remarca la letrada.

“Yo lo activé dos veces al botón. Una de las más paradigmáticas, donde yo tuve que frenar para mandar un mensaje de texto y seguir escapándome porque mi ex se abalanzó sobre mi auto”, relata Demtschenko. Además tuvo que volver a frenar para poder llamar al 911 y confirmar que les había llegado el alerta.

En ambas situaciones relata que “la policía tardó 15 minutos, pero no labran actas y sí o sí tenés que ir a la comisaría de la mujer ya que no queda registrado en ningún lado”.

Ana María vive en Ramos Mejía y en 2017 su exmarido rompió la perimetral, “una vez más” luego de haber sido excluido del hogar por tenerla “prácticamente postrada y cautiva”.

La Justicia anteriormente se negaba a darle un botón antipánico, pero luego de que se apareciera en el domicilio y se llamara a la Policía, que justificaban al violento de que seguramente “había roto la perimetral por error”, le tramitaron el botón, pero fue en vano y encima, nunca le explicaron como utilizarlo.

“Estaba roto. Si lo desenchufaba de su cargador se apagaba y caían patrulleros a mí casa. Me llamaban de madrugada, no podía salir de mí casa porque al no estar conectado a la corriente dejaba de funcionar. Viví crisis nerviosas hasta que lo pude cambiar, pero el otro tampoco funcionaba. Todo el lote vino fallado. Insistían en que lo lleve en el cuello, como un collar de perro”, describe.


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En este caso, el botón antipánico se lo dieron a Romina no por una expareja, sino por un vecino que la hostiga a ella y a su mamá.

“Al vivir en el mismo edificio y haber ocurrido situaciones de violencia, solicité el botón antipánico en junio de 2017 pero me lo entregaron un año y medio después a raíz de una nueva denuncia que presenté en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires”, dice Romina.

El fiscal de la causa le explicó que las penas por ese tipo de denuncias son muy bajas: trabajo comunitario o, en el peor de los casos, una probation.

“Me dijo que sin pruebas de esta violencia, no había forma de encauzar los hechos y eso implicaba conseguir filmaciones de esta persona violentándome o testigos que dieran fe, por lo que me puse firme en la fiscalía y expresé de forma tajante que ante lo expuesta que me encontraba a una violencia diaria —y que al parecer no tenía ningún costo para mi agresor— no iba a retirarme sin el botón a modo de resguardo ante cualquier cosa que pudiera pasar”.

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Movil de Romina

A Romina se lo otorgaron por un mes y le enseñaron como utilizarlo, a diferencia de Ana María en Ramos Mejía. Si bien se asesoró legalmente para iniciar un proceso judicial y conseguir un sustento más firme que el otorgado por la justicia penal, se comunicó nuevamente con la Fiscalía para que le extiendan el plazo de uso, ya que, según explica Romina “al levantarse la feria judicial en Febrero, se inicia el proceso de demanda y mi situación de exposición en mi casa se vuelve aún mayor”.

Por el momento no tuvo que accionarlo porque no hubo una situación que amerite presencia policial pero remarca que el hostigamiento en su casa “es constante”.

“El mismo chico que me otorgó el botón me comentó que por ‘insultos o gritos amenazantes’ la policía no iba a venir, y si lo hacían, lo desestimarían”.

Sigue a Laura en Twitter

http://bit.ly/2MIui8p

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