Las pastillas de Ariel. El mercado negro como alternativa para las salvadoreñas


Artículo publicado por VICE México.

Cuando Ariel confirmó que estaba embarazada por tercera vez, más que miedo, sintió mucha rabia. No le agradaba la idea de hacer pasar a su cuerpo por un aborto otra vez, pero no había otra opción, era lo que tenía que hacer. “No me arrepiento de hacerlo, me arrepiento de haberme puesto en una situación que me llevó a hacerlo”, explica.

Ariel es la menor de tres hijos por parte de papá y la única por parte de mamá. En ese entonces tenía 24 años y aún vivía en casa con ellos. Su preocupación nunca estuvo relacionada con el pecado o el infierno, ideas que las monjas habían intentado, sin éxito, instalarle en la cabeza en más de una década de formación académica. No es que ella desconociera los métodos, sino que utilizar cualquier anticonceptivo inyectable u oral que alterara su ciclo significaba una pelea en casa. “No es fácil vivir con una mamá que está pendiente hasta de cuántas toallas al mes usás”, agrega.

Su mamá estableció como régimen disciplinario el control desmedido de todo lo que hacía o le pasaba a Ariel. Desde que se convirtió en adolescente, aprovechaba las horas en las que ella estaba en el colegio para revisar su cuarto, el contenido de su celular, a manera de descubrir si le escondía algo. “Eso a mí siempre me dificultó usar algún método, porque sabía que de alguna manera se iba a dar cuenta. Si eran pastillas me las iba a encontrar y si era algo más iba a notar los cambios en la regla e iba a poner el grito en el cielo”.

Tener un hijo no era opción y esa certeza no la abandonó nunca: este embarazo, al igual que los dos anteriores, no podía avanzar. Era el año 2013, tenía 24 años, y la situación con su pareja era cada vez más tormentosa, a tal grado que él eventualmente solo desapareció: dejó de contestarle las llamadas y los mensajes.


Aborto clandestino en América Latina: cárcel, estigma, negocio y reclamo social.


Ariel y su familia son de clase media. Ella era estudiante universitaria y trabajaba. Aun así, un embarazo producto de una relación que mantenía a escondidas y que además resultó fallida implicaba acarrear un estigma. Aunque tampoco eso era algo que le importaba.

El conservadurismo en el que vive inmerso El Salvador no se mide solo por una de las leyes más draconianas en el mundo respecto al aborto, sino también por el significado de un embarazo fuera de matrimonio como un sinónimo de desgracia, de “echar el futuro a perder”. La culpa siempre es de la mujer.

Dada la absoluta penalización del aborto, obtener cifras exactas que dimensionen el problema es imposible. Los cálculos se basan en estimaciones. En todo caso, las cifras son alarmantes por donde se vean, no hay remanso que indique lo contrario. Según datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre 2005 y 2008 ocurrieron 20 mil abortos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 11% de estas interrupciones concluyó en deceso de la mujer.

Existe, sin embargo, un dato que poco se observa cuando se habla del aborto: el de las mujeres que ante la desesperación por un embarazo no deseado deciden intoxicarse con el afán de interrumpirlo. El desconocimiento, no obstante, las lleva a la muerte. De acuerdo con el Informe sobre hechos de violencia contra las mujeres 2016-2017, se registraron 14 suicidios por envenenamiento como causa de muerte materna entre 2015 y 2017.

El Salvador es uno de los seis países de América Latina y el Caribe en los que está prohibido totalmente el aborto, cuya realización equivale a penas que van entre los dos y los ocho años a un tratamiento judicial de homicidio que puede condenar hasta por 30 años o más. Las otras naciones con una legislación similar son: Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Surinam. Hasta 2018, solo dos casos habían terminado en condena por el delito de aborto consentido y propio.

Para atrás, en lugar de para adelante…

El 10 de enero de 1998 entró en vigencia la reforma penal que tipificó como crimen todo tipo de aborto y cualquier ayuda para llevarlo a cabo. Desde entonces, aborto es mala palabra. En 1997, el mismo ministro de Salud ingresó a la Asamblea Legislativa una iniciativa que puso en marcha el retroceso del derecho a decidir de las mujeres. Se impusieron la moral y el privilegio.

Hasta entonces, existían tres causales a las que podía acceder cualquier mujer para tener un aborto seguro: cuando la vida de la madre estaba en peligro, cuando la vida del feto era inviable después del nacimiento y en caso de violación. A partir de la entrada en vigencia de la reforma al código penal, la puerta se cerró a estas excepciones.

Ese mismo paquete de reformas incluía a la Constitución, para que se modificara el artículo 1 y se reconociera al ser humano desde el momento de la concepción. Sin embargo, no es barrera para que las mujeres decidan, aunque esa decisión no las afecte a todas por igual. El privilegio marca la diferencia.


“Tú tuviste un bebé y lo mataste”. Susana pasó seis años en una cárcel mexicana.


Ariel es una de esas mujeres que cuenta su historia desde el privilegio. Pero no existe clase social ni justificación que borre el estigma. Es por eso que, al igual que el resto de mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, así haya sido por razones médicas, decide hacerlo desde el anonimato.

La primera vez que abortó tenía 18 años. Su novio de ese entonces consiguió las pastillas gracias a que un amigo de él las había conseguido hace poco para su novia y le dio el nombre. Su pareja era nueve años mayor que ella y desde que cumplió la mayoría de edad habían coqueteado con la idea de casarse. Tenían un año y medio juntos. “Si no hubiera sido por él, yo no hubiera sabido qué hacer. Solo sabía que no lo quería tener. Mi contacto con el mundo exterior eran tres amigas de mi edad que por supuesto tampoco sabían que existía tal manera de hacerlo”.

La famosa pastilla de uso alterno

El acceso a redes de contactos es también parte del privilegio, no solo lo económico. Uno de los métodos a los que más recurren las mujeres en El Salvador para practicarse un aborto es el Misoprostol. Su uso está recomendado para tratar úlceras y su venta, al menos hasta 2013, era restringida en las farmacias: solo podía comprarse con receta médica. La demanda sin receta es tan alta que una dosis de seis pastillas cuesta 200 dólares en el mercado negro.

Ahora es imposible encontrarlas en otro lado que no sea el mercado negro. “Las sacaron del mercado porque muchas jovencitas las utilizaban para abortar”, explica un dependiente de farmacia. La orden vino directamente del Estado, a través de la Dirección Nacional de Medicamentos.

Una vez que las tuvo en su poder, Ariel siguió las indicaciones al pie de la letra. Se encerró en su cuarto a pasar el dolor en silencio. “Todo pasó como debería de haber pasado, pero después me quedé con un sangrado leve que me duró semanas. Fui a pasar consulta y me dejaron anticonceptivos que mi mamá no me dejó tomarme porque puso el grito en el cielo”. En sustitución de las pastillas, le compró un jarabe natural para detener la hemorragia. Y, si bien se detuvo, solo empeoró las cosas.

Cuando la muerte toca a la puerta…

Una tarde, Ariel estaba esperando el autobús para ir a la universidad. De repente sintió un flujo pesado salir de su cuerpo. Empezó a desangrarse hasta mojar por completo la bermuda blanca con verde que vestía. Paralizada por el miedo, llamó a su mamá para pedirle ayuda. Ella se sintió culpable. La médica amiga de la familia que la examinó le llamó la atención por no haber dejado que tomara las pastillas. “Cuando pasó lo de la hemorragia en realidad solo sentí miedo de morirme desangrada y sentía cólera con mi mamá por no dejarme tomar las pastillas, por lo irónico de la situación”.

Ariel y su pareja estuvieron juntos unos seis años más. No recuerda el intervalo de tiempo, pero al cabo de algunos meses, de nuevo tuvo un retraso en su período. Esta vez, tenerlo podría haber sido viable, él tenía un buen trabajo como para cubrir los gastos. Pero ella empezaba a sentir que la idea de estar con él “para siempre” no la atraía como antes. Él tampoco intentó convencerla de no hacerlo. Eso hizo todavía más fácil la decisión. “En realidad de lo que me arrepiento es de haberme metido en una relación tan seria estando tan pequeña, no de haber resuelto el problema”.

Esta vez el proceso fue distinto. Puso en el buscador de Google el nombre del medicamento y se encontró con distintos números que ofertaban la dosis con entrega en cualquier centro comercial del Área Metropolitana de San Salvador. Quedaron de verse en una cafetería. Al llegar, el joven que tenía su dosis le dijo que se sentara e hicieran plática para disimular. Después de un rato le entregó una bolsa con la dosis y las instrucciones, tomó el dinero y se fue.

No iba a dejar que el episodio de la primera vez se repitiera. “No tenía miedo, solo busqué más información en internet y me preparé. Tomé analgésicos y sabía que en caso de que me quedara el sangrado tenía que tomarme los anticonceptivos. Fue menos trauma. Después de eso me vino la regla justo a los 28 días y cero problemas”.

Ahora que lo cuenta en retrospectiva puede decir con facilidad que no tuvo miedo, pero por si las dudas, cada vez que se practicó un aborto borraba el registro de mensajes de texto con su novio y amigas de su celular en caso de que el dolor o el sangrado fueran tan intensos que la obligaran a ir a la sala de emergencias. No quería incriminar a nadie más.

Para muchas mujeres, sobre todo jóvenes, ese es el caso. A veces no expulsan el producto por completo y es necesario hacer un legrado, la excusa de la consulta es una caída, generalmente. Los médicos saben que no es esa la verdadera razón, pero al no haber una prueba fehaciente que incrimine a la paciente, “nos limitamos a hacer nuestro trabajo”, explica una médica que, por razones de seguridad, pidió el anonimato. “Mi trabajo es ayudar a las mujeres, no juzgarlas”, concluye.

El Estado revictimiza en lugar de ayudar

Este no siempre es el caso. En El Salvador, hay 24 mujeres cumpliendo condenas acusadas de haber matado a sus bebés cuando lo que tuvieron fue un parto extrahospitalario. Todas son mujeres pobres y pese a que la prueba no es suficiente para concluir que hubo dolo de su parte, el Estado se olvida de la presunción de inocencia y las castiga con hasta 30 años de cárcel por un crimen que no cometieron.

El debate para que el aborto sea libre y seguro está a años luz. En abril 2018, la discusión de reformar el código penal para incluir al menos dos de cuatro excepciones propuestas para el delito de aborto se engavetó por no contar con los 43 votos necesarios para aprobarla. Parte de los argumentos en contra manifestaban que antes de hablar de aborto, era prioritario que se impartiera educación sexual integral. Un grupo de mujeres ligadas a la derecha acuerparon un anteproyecto de ley, que finalmente los diputados decidieron también mandar a cajón. Con una Asamblea Legislativa dominada por la derecha más conservadora, el mejor chance que tiene de reactivarse el debate son las elecciones de 2021, a espera de que la conformación cambie.

Hoy por hoy, el aborto es un tema en el que ni políticos ni sociedad civil logran un punto intermedio. Entre ellos, Ariel. Ahora tiene casi 30 años, está soltera y se independizó de la casa de sus padres. Desde un plano totalmente hipotético, dice que si volviera a quedar embarazada esta vez no abortaría. Cree que su cuerpo no lo resistiría. Es por eso que, para ella, no debería legalizarse por completo: “No se puede agarrar como que es feria”.

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