Sobre la justificación de las delicadas decisiones de censurar una opinión o ilegalizar un partido


Antes de la llegada al poder del nazismo, en la generalidad de Estados europeos no existían los tribunales constitucionales. El pensamiento político-jurídico del momento asumía que una ley podía tener el contenido que la autoridad competente para elaborarla decidiera darle, siempre que respetase los procesos formales para su creación (en el caso de una ley orgánica, aprobación por mayoría absoluta en el parlamento). Aunque las constituciones contenían derechos para los ciudadanos y principios como el pluralismo o la democracia, eran papel mojado por cuanto no existía ninguna autoridad capaz de corregir al político de turno si los violaba.

Tras la inmensa tragedia que para Europa supuso el régimen de terror de Hitler, las nuevas constituciones establecieron resortes para limitar las decisiones del poder político, a fin de evitar que quien obtuviese el poder por medios democráticos acabase destruyendo la democracia. Se entendió que cualquier decisión política, incluso avalada por el 60% o más de la población, debía ser respetuosa con las “precondiciones lógicas de la democracia”, es decir, los Derechos Humanos y el respeto al pluralismo político (dejando fuera a los partidos que nieguen esos derechos y por tanto rechacen el propio sistema democrático).

Si un capo mafioso da la orden de asesinar a una persona sin mancharse las manos, nadie dudara de su culpabilidad. Igual que si ordena o incita a la comisión de cualquier otro delito. Este es el principio que debe suponer el límite fundamental a la libertad de expresión en democracia. Quien promueva un programa político que atente contra los Derechos inalienables del prójimo, debe ser excluido del sistema y sancionado por ello.

La democracia requiere una capacidad real de participar políticamente para cualquier ciudadano. Sin ser privado de las oportunidades que precisa para formarse intelectualmente y gozar de unas condiciones de vida que le permitan preocuparse de lo público (algo imposible cuando las carencias materiales encadenan al sufrimiento y la exclusión al ciudadano). Por tanto, los programas que promuevan la exclusión, marginación o represión de cualquier colectivo social, no tienen cabida en democracia, porque son incompatibles con la idea de participación libre e igual de toda la ciudadanía, sin la cual no existe.

Igualmente, los programas políticos que persigan o discriminen a personas por su raza, sexo, religión o cualquier otra condición social, deben quedar fuera de la democracia. Porque atentan contra el derecho de propiedad en su más valiosa expresión: el derecho a gozar de los bienes más sagrados que son titularidad de cada individuo, y que se materializan en sus Derechos Humanos. Ninguna mayoría tiene derecho a privarle de ellos, como Hitler no tenía derecho a sojuzgar a Alemania.

En suma, es consustancial a toda democracia la existencia de una “esfera de lo indecidible” que se identifica con lo anteriormente expuesto, y sin la cual dejara de existir. En España esta idea ha servido para ilegalizar a partidos que se integraban en una estrategia de imposición violenta de sus ideas a través del terrorismo, pero debería ser extrapolable a cualquier otro que, sin practicar la violencia, pretenda obtener los resortes de poder para negar los derechos y libertades más íntimamente ligados a la dignidad humana.

Idéntico argumento puede usarse para combatir a quien use cualquier medio de comunicación o difusión para convencer a la población de que persiga, discrimine o excluya a cualquier colectivo, socavando los pilares de la democracia. Porque la palabra que persigue generar actos destructivos, debe ser tan perseguida como esos propios actos, ya que atenta contra los mismos bienes jurídicos y no de una forma abstracta, sino tan concreta como nos mostró Hitler.

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