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Las detenciones arbitrarias en México son motivadas por extorsiones, dice ONG

Las persistentes detenciones arbitrarias en México son perpetradas por policías que buscan extorsionar o aceptaron sobornos para capturar a alguien y hay casos con fines políticos en los que incluso siembran evidencias, advierte un informe de Amnistía Internacional publicado este jueves.

El documento, realizado a partir de entrevistas a defensores de derechos humanos, expertos y "operadores de justicia", alerta además que la impunidad que reina en México alienta estas detenciones arbitrarias, que pueden conducir a otras violaciones como la tortura y la desaparición forzada.

"Las policías saben que si actúan así pueden obtener algunos resultados, ya sea números para presentar a sus jefes o recursos provenientes de extorsiones y que no estarán sujetas a ningún tipo de sanción", dijo Carlos Zazueta, investigador para México del organismo.

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Amnistía Internacional señala que muchos de los arrestos que hace la policía en México no suelen funcionar "como una respuesta auténtica para enfrentar los delitos cometidos en el país", sino que son usados contra personas que enfrentan situaciones de discriminación, como jóvenes o indígenas.

"Todas (estas formas) son graves, todas terminan afectando los derechos de las personas, y todas ponen a las personas en un riesgo bastante serio de sufrir otras violaciones de derechos humanos", agregó Zazueta.

El informe apunta por otro lado que las corporaciones policiales no cuentan con capacitación adecuada ni con recursos materiales esenciales para procesar la escena de un crimen, además de que experimentan sobrecarga de trabajo y condiciones laborales inadecuadas.

"Las y los agentes de policía presentan serias fallas en su conocimiento del sistema de justicia, los estándares sobre el uso de la fuerza, los procesos de detención y los elementos que tienen que estar presentes para que haya flagrancia", agregó la organización.

Los derechos de las personas detenidas son violados de manera constante pues no siempre se les informa del motivo de su captura ni son presentadas ante autoridades en los tiempos que marca la ley.

"En la práctica subsisten tardanzas injustificadas, que frecuentemente son usadas para sembrar evidencias", añade.

Por ello, el organismo recomendó a las autoridades mexicanas emitir regulaciones claras para las corporaciones policiales e investigar de manera imparcial e independiente casos de detenciones arbitrarias.

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Según el Indice de Impunidad Global en México, realizado en 2015 por la Universidad de las Américas en base a criterios internacionales, del total de los delitos consumados, en solo 4.46% hay sentencias condenatorias.

La impunidad desalienta la denuncia entre las víctimas pues, según el estudio, de cada 100 delitos, solo 7% son comunicados a las autoridades correspondientes.

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Fuerza México-EU, una propuesta para compartir información de inteligencia

Una filtración proveniente de las áreas de inteligencia de Estados Unidos, relacionada con el cártel de Los Zetas, desató en 2011 una masacre en Allende, Coahuila, que dejó un número indeterminado de personas muertas y desaparecidas.

El caso ejemplifica la importancia que tiene el manejo de este tipo de información, ante lo que una propuesta del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) plantea formalizar dichos intercambios a través de un centro binacional, como una medida para evitar errores y otros problemas.

El think tank —integrado por diplomáticos y otros especialistas para el estudio de las relaciones internacionales de México— publicó un informe en el que recomienda conformar este grupo para el manejo de información clave en el combate a retos comunes, como el tráfico de drogas, armas y personas, los flujos financieros, el contrabando, la violencia de pandillas y la lucha contra la corrupción.

Los funcionarios que integrarían dicho centro, de acuerdo con el Comexi, podrían contar con reconocimiento de nacionalidad y funciones por parte de los gobiernos de ambos países, con la finalidad de dar firmeza legal a su trabajo.

"(Sugerimos) la creación de una Fuerza de Inteligencia Binacional, compuesta por agentes no vinculados a la zona fronteriza, que identifique, investigue y sancione los actos de corrupción que habilitan el tráfico ilícito de bienes y personas en ambos lados de la frontera. Además, estudiar la posibilidad de que los agentes tengan doble nacionalidad y doble encargo, con jurisdicción en ambos países, para evitar el amparo de los criminales en los recovecos de los dos marcos legales", indica el documento México-Estados Unidos: Redefiniendo la relación para la prosperidad de Norteamérica, presentado en junio.

Gustavo Mohar, integrante del equipo que elaboró el reporte, comentó que el problema al compartir información de inteligencia es que existe desconfianza de ambas partes, por lo que se consideró la opción de institucionalizar esta práctica.

"El problema que siempre ha habido, en la frontera en particular, en el intercambio de información y cooperación entre las autoridades migratorias, aduaneras, de seguridad e inteligencia, de los dos lados, es que hay mucha desconfianza mutua, y no hay un sistema institucional que permita canalizar y vencer esas resistencias bajo un sistema de control de personal, de confianza y protocolos que permitieran compartir lo que cada quien sabe, con la confianza de que se va a usar bien", dijo a Expansión.

Pese a las dificultades en la relación bilateral en el marco del gobierno del presidente de EU, Donald Trump —que, entre otras actitudes consideradas por México como "hostiles", impulsa la construcción de un muro en la frontera—, funcionarios de ambos países han manifestado su disposición para continuar juntos el trabajo para atender los problemas comunes, con una perspectiva de responsabilidad compartida.

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De parte de EU, comentó el consultor, los funcionarios en ocasiones no saben a qué autoridad mexicana proporcionar los datos recabados para que se actúe contra la delincuencia, y al hacerlo persiste el recelo de que simplemente no se usen o terminen "con los malos", como ocurrió en la masacre de Allende.

Una investigación de ProPublica sobre este caso encontró que Los Zetas se enteraron de que la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) contaba con los números telefónicos rastreables de los líderes criminales Miguel y Omar Treviño Morales. Dicha filtración al grupo delictivo detonó como venganza una serie de actos violentos que dejaron hasta 300 personas desaparecidas, según recuentos ciudadanos.

"El planteamiento es ambicioso porque se tendría que seleccionar muy bien de los dos lados gente no solo capacitada, sino con la actitud y cultura de compartir", agregó Mohar, director de la consultora Grupo Atalaya y exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la embajada de México en EU, y exsubsecretario de Migración.

El especialista detalló que una decisión de este nivel tendría que plantearse desde los gabinetes de Seguridad Nacional de ambos países, con un líder designado por cada Ejecutivo para coordinar el proyecto. El centro debería contar con una administración conjunta, en la que ambos países tendrían autoridad.

Aunque un esquema de estas características sería inédito en México, añade Mohar, existe experiencia en mecanismos como los que tienen EU con Canadá o con Colombia, así como entre países de Europa y de la región de Medio Oriente.

"Es muy de sentido común que si tienes un reto complejo, como es una frontera común donde hay delincuencia y actos ilícitos, y estás dividido por un puente, una línea o un río, el problema no es de un lado sino que se expresa del otro también, lo natural es que trabajes con tu contraparte para compartir lo que sabes y que trabajes mejor", insiste.

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La PGR acusa a exalcalde de Puebla del desvío de 20 millones de presos

La Procuraduría General de la República (PGR) acusa al exalcalde de Palmar de Bravo Pablo Morales Ugalde de no comprobar el origen de 20 millones de pesos, recursos que presuntamente fueron desviados del municipio y provienen de la venta de combustible robado.

Según la información que proporcionó el agente del Ministerio Público Federal en la audiencia de vinculación a proceso que se realizó el martes, el poblano habría desplazado grandes cantidades de ese dinero a cuentas bancarias de su hija Paulina y de un empleado de confianza.

"Con los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación, el Juez de Control consideró que el imputado desvió recursos de las cuentas del municipio a diversos instrumentos financieros de terceras personas, quienes además recibieron depósitos millonarios de recursos que probablemente estén vinculados con la venta ilegal de combustible en la zona, cuyo origen ilícito, hasta este momento, su defensa no pudo desvirtuar", informó la Procuraduría en un comunicado de prensa.

Tras analizar las pruebas que aportó el Ministerio Público Federal, el Juez de Control de la Sala 1 de la Casa de Justicia Federal de Xalapa, Veracruz, calificó como legal la detención del político por lo que lo vinculó a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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A Morales Ugalde se le imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, en las modalidades de transferir, depositar y adquirir recursos dentro del territorio nacional.

El juzgador consideró que por razones de seguridad, el ex edil debe permanecer en prisión durante el plazo que dure la investigación complementaria, el cual será de tres meses y concluirá el 10 de octubre de este año. Morales Ugalde fue detenido el 5 de julio.

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Javier Duarte será extraditado a México el 17 de julio

La cancillería de Guatemala dijo este miércoles que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte será extraditado a México el lunes 17 de julio.

"Guatemala manifestó desde el jueves pasado que México se puede llevar a Duarte en cualquier momento", dijo a Reuters Tekandi Paniagua, vocero de la cancillería.

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El exgobernador permanece en una cárcel en Ciudad de Guatemala desde su detención a mediados de abril, tras cinco meses de estar prófugo.

Duarte, del gobernante PRI, el mismo del presidente Enrique Peña Nieto, aceptó recientemente ser extraditado para enfrentar tanto acusaciones federales, como del actual gobierno de su estado.

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La SEP necesita $800 millones… tan sólo para arrancar su plan de inglés

El plan para que todos los alumnos de educación básica en México sean bilingües en un plazo de 20 años necesitará de al menos 800 millones de pesos sólo para arrancar con la creación de 1,200 plazas de maestros, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La Estrategia Nacional para la Enseñanza del Inglés prevé contratar dicho número de docentes que enseñarán el idioma a quienes estudian en las escuelas normales para ser profesores de nivel preescolar, primaria y secundaria, a partir del ciclo escolar 2018-2019. Se espera que esta sea la primera generación de normalistas bilingües que, a su vez, impartirán la asignatura a los niños al egresar en 2022.

“En un principio, vamos a poner a concurso, vamos a hacer una convocatoria amplía y abierta para 1,200 plazas de maestros de inglés en las normales para poder hacer el cambio y eso equivale en esta primera etapa a una inversión de 800 mdp”, dijo el titular de la SEP, Aurelio Nuño, en entrevista este lunes con Radio Fórmula.

De acuerdo con el funcionario, esto equivaldrá a que cada maestro pueda atender a cuatro grupos que en promedio tendrán 20 normalistas, es decir 100 estudiantes por profesor.

Los 1,200 maestros que se contratarán, y que tendrán que estar certificados con un examen de la Universidad de Cambridge además de aprobar una evaluación de competencias para dar clases, se suman a los 127 profesores de inglés que actualmente ya enseñan en las escuelas normales.

Ve: La SEP busca 1,000 maestros de inglés para el nuevo plan estudios

Esta es la primera etapa de la Estrategia Nacional de la SEP; el secretario Nuño señaló que por el momento es imposible contratar a todos los maestros de inglés requeridos para los 200,000 planteles de educación básica en el país, en donde actualmente sólo 20% (40,000) tiene docentes de dicho idioma.

La directora para las Américas de la Universidad de Cambridge, Mercedes Muratorio, consideró que aunque el esfuerzo no es suficiente, por algún lado se tiene que empezar.

“Nunca es suficiente. Si tengo que ser honesta y tengo que decir que es suficiente estaría mintiendo, pero por algún lado hay que empezar, por ahora con 1,000 maestros para dar el paso inicial y después comenzar a formar más maestros. Es un proyecto a 20 años y estamos poniendo los cimientos de la casa”, dijo la experta, quien participa en la elaboración de los nuevos planes de estudio y en la estrategia para fortalecer a las normales.

Lee: Yes, we can! México revela su plan para ser un país bilingüe en 20 años

Otro pendiente es la formalización de los aproximadamente 50,000 maestros de inglés que están en servicio pero sin una base laboral —de acuerdo con el Censo de Escuelas Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE)—, además de plantear estrategias diferenciadas que correspondan a las necesidades de cada maestros, alumno y escuela del país.

“(La SEP) está contemplando la basificación para los maestros de inglés, han hecho el conteo y dicen que va a costar 5,000 mdp basificar a todos los maestros actuales de inglés, es decir a los que están trabajando sin plaza o contratos por honorarios y en condiciones muy precarias”, detalló la investigadora de Mexicanos Primero Jennifer O’Donoghue, quien participó en una reunión con el secretario de Educación después de la presentación de la estrategia, y agregó que este proceso tardará de cinco a 10 años.

De acuerdo con el estudio Sorry de Mexicanos Primero, existe un déficit de alrededor de 308,826 profesores para cubrir al 100% los docentes del idioma que se requieren en todas las escuelas del país.

En contraste, señaló O'Donoghue, el número de plazas que se presentan a concurso cada ciclo escolar es "muy bajo", por lo que cuestionó qué va a pasar cuando salgan esos normalistas y no se tengan disponibles vacantes suficientes.

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Dos personas mueren en el socavón que se formó en la autopista México-Cuernavaca

En el socavón registrado en el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca quedaron atrapadas dos personas, quienes perdieron la vida, informó este miércoles el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

"Se rescató el vehículo Jetta del socavón en el Paso Express de Cuernavaca. Lamentablemente los dos ocupantes fallecieron", indicó el funcionario en su cuenta de Twitter.

En entrevista con Radio Fórmula, Ruiz Esparza dijo que la familia de estas personas recibirá una indemnización por parte de la secretaría. Además, señaló que la constructora Aldesa, responsable del Paso Express, tendrá responsabilidad en este incidente.

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Elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos llegaron al lugar de los hechos, donde un auto cayó en el socavón con las personas en su interior. Encima del vehículo quedó un montón de escombros y piedras que fueron removidos.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, personal de la Dirección General de Carreteras realizara dictámenes técnicos para determinar las causas que propiciaron el socavón y realizar las acciones para reparar la vía.

Graco en Nuevo León

Durante una gira por Nuevo León, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, responsabilizó a la SCT por el socavón en la vía, que hace tres meses fue inaugurado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

“No teníamos conciencia de la existencia de un drenaje pluvial de hace más de 20 años. Hace una semana se detectó que se estaban generando algunas grietas (…) la SCT es la responsable de la vía”, dijo el gobernador de Morelos.

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Ramírez explicó que debido a las fuertes lluvias registradas desde hace dos días en la entidad, así como por la acumulación de basura en la tubería, la vía colapso ante la presión que se generó, derivando en un socavón de superior a los 5 metros de profundidad.

Con información de Felix Córdava

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6 de cada 10 autos más robados en México son Nissan

En los últimos 12 meses (de julio de 2016 a junio de 2017) se registró el mayor número de robo de autos en México con 81,125 unidades, la cifra es la más grande desde que ellos tienen registro, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) este miércoles.

"Son los datos históricos más altos y nosotros llevamos la estadística de robo de vehículos, más o menos, desde 1989", informó el presidente de la AMIS, Recaredo Arias, a través de un comunicado.

Seis de los 10 modelos tienen algo en común: son de la marca Nissan.

Lee: Los 10 autos más vendidos en México en la primera mitad de 2017.

Tan solo de enero a junio de 2017, la AMIS reportó 42,755 vehículos hurtados. La cifra es 31.0% mayor a lo registrado en 2016 cuando se reportaron 32,124 autos robados.

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En los últimos 12 meses de referencia, el Estado de México es el líder con más 20,514 unidades robadas, Jalisco le quitó el segundo lugar a la Ciudad de México con 9,619 autos en tanto que la capital de país tuvo 8,308 vehículos hurtados.

Los 10 vehículos más robados en el último año son:

  1. Tsuru de Nissan con 9,223 unidades robadas. Un 5% más que lo reportado el año anterior.
  2. Pick-up de Nissan con 3,102 unidades; 11% más que el año anterior.
  3. Versa de Nissan reportó 3,066 robos; 113% más que el año anterior.
  4. Sentra de Nissan con 2,247 hurtos; 36% más que el periodo anterior.
  5. Jetta clásico de Volkswagen con 2,122; 4% más que el año anterior.
  6. Aveo de General Motors tuvo 1,870; 31% más que el año anterior.
  7. NP300 de Nissan con 1,571; 106% más que el año anterior.
  8. Vento de Volkswagen tuvo 1,570; 204% más que el año anterior.
  9. Moto 111-250 de Yamaha reportó 1,508; 12% menos que el año anterior.
  10. Estaquitas de Nissan con 1,463 robos; 7% menos que el año anterior.

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6 estados dejan sin aclarar más de la mitad de las observaciones de la Auditoría

Los gobiernos estatales afirman que tienen compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas e incluso, a principios de mayo pasado, firmaron un decálogo en la materia.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte La Caja Negra, elaborado por la organización civil México Evalúa, la mayoría de ellos queda a deber en sus aclaraciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y seis tienen más de la mitad de estas observaciones sin aclarar.

Se trata de los ejecutivos de Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, que de 2000 a 2016 dejaron sin aclaración más de 50% de los recursos federales revisados por el órgano fiscalizador.

De estos seis estados encabeza la lista Michoacán, que no ha aclarado 66% de los recursos observados, según la plataforma de México Evalúa. En tanto, la página de la ASF indica que el monto total observado en la entidad es de 32,653 millones de pesos (mdp).

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En segundo lugar está Guerrero, que aún no aclara 57% de las observaciones. En este caso, la ASF detalla que el monto total observado es de 11,201.5 mdp, principalmente detectado en las cuentas públicas de 2010 a 2016. La mayor parte de este periodo corresponde al mandato del experredista Ángel Aguirre.

Puebla, donde el monto total observado es de 8,404 mdp, también tiene 57% de observaciones pendientes.

Veracruz sigue en la lista. La entidad tiene pendiente por aclarar 54.9% de las observaciones, según México Evalúa. En total, el monto total observado en cuestión es de 58,957.2 mdp.

En los últimos años, la ASF ha presentado 59 denuncias penales por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios veracruzanos, en particular durante el mandato del expriista Javier Duarte, quien se espera próximamente sea extraditado de Guatemala a México para enfrentar acusaciones de corrupción.

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En tanto, Oaxaca tiene pendiente por aclarar 54.2% de sus observaciones. En este caso, la ASF detalla que el monto total observado asciende a 14,254 mdp.

El listado lo cierra Chiapas, donde el monto total observado es de 15,575.8 mdp y el porcentaje por aclarar es de 53.1%.

Del lado opuesto, con porcentajes menores a 20%, se encuentran los estados Jalisco, Coahuila, Aguascalientes, la Ciudad de México, Querétaro, el Estado de México y Chihuahua.

A nivel nacional, de acuerdo con la revisión de México Evalúa, la cifra pendiente por aclarar es de 217,301.8 mdp, que representa 29% de las irregularidades determinadas en las cuentas públicas de 2000 a 2016.

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Nuevo León anuncia parque industrial con inversión china

A Nuevo León se le avecina una ola de empresas chinas, al menos así lo considera el gobierno estatal.

A partir de agosto arrancará la construcción del Hofusan Industrial Park, cuya inversión será entre socios chinos y mexicanos, confirmó el subsecretario de Inversión y Fomento Industrial estatal, Samuel Peña Guzmán.

El proyecto incluye una zona comercial y habitacional de hasta 850 hectáreas con una inversión de 300 millones de dólares, y además captará la construcción de naves con una inversión superior a los 2,500 millones de dólares, explicó el funcionario en entrevista.

El parque industrial se ubicará en el kilómetro 28 de la carretera Monterrey-Colombia, en el municipio de Salinas Victoria, a 37 kilómetros aproximadamente de Monterrey.

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En agosto arrancará la primera etapa con la instalación de empresas chinas en al menos 200 hectáreas, detalló Peña Guzmán.

De 80 empresas que llegarán a Nuevo León, al menos unas 50 serán procedentes del país asiático, cuyos principales giros son del ramo farmacéutico y medidores eléctricos.

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“Viene una ola de empresas chinas que hacen estudios de factibilidad para establecerse en México. La misma Hofusan, la Holley Group, existen empresas armadoras que ahorita no puedo dar nombres que están haciendo estudios de factibilidad para ensamblar los automóviles aquí en México, y algunos exportarlos a Estados Unidos y Sudamérica. Lenovo es otra que está expandiendo operaciones”, dijo el funcionario.

Otra empresa que invertirá en Nuevo León es la china Futong Group, especializada en la fabricación de fibra óptica y todo tipo de cableado.

El subsecretario enfatizó que las empresas chinas generarán cerca de 20,000 empleos directos e indirectos.

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Para la llegada de la inversión extranjera, el gobierno de Nuevo León descartó otorgar incentivos superiores a los de la Ley del Fomento a la Inversión y el Empleo: “Esa ley está condicionada a la disponibilidad presupuestal”.

Entre los incentivos que se otorgan están la condonación Impuestos Sobre Nómina, campañas para reclutamiento, capacitación, gestión de permisos estatal y municipal, entre otros.

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La decisión de la Suprema Corte que preocupa a México

México se debate en una dura polémica judicial, luego de que se abriera la posibilidad de que miles de personas detenidas salgan libres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está detrás de la decisión: el 5 de julio, resolvió que los procesados en el sistema penal mixto puedan solicitar la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva.

En términos simples, quiere decir que quienes tienen sus expedientes entre el anterior y el nuevo sistema penal acusatorio –que es oral y entró en vigencia el 18 de junio de 2016– pueden pedir que se les levante o modifique su medida de aseguramiento en centros carcelarios. ¿La disputa? Algunas voces sostienen que miles de reos regresarían a las calles.

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El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, es uno de los que criticó la medida.

“La expectativa con esa determinación es que pudieran salir 4,000 personas de prisión, entonces ante eso habrá que preparar a la sociedad. Y la Unidad Técnica de Prevención Social de las Violencias es una buena vía, este es un buen camino”, afirmó el 7 de julio, justo el día que se firmó el decreto para dicha entidad.

Este domingo, en declaraciones a medios locales tras un partido de futbol, Mancera aclaró que esa cifra sería sólo para su entidad pero que en todo el país la cifra aumentaría “muchos miles más”.

Sin embargo, el ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, tiene otra opinión. Durante una rueda de prensa explicó que con su decisión el alto tribunal no ordenó la liberación inmediata de los reos.

La orden fue clara: abrir la opción a audiencia, la diligencia para que los internos puedan solicitar dicha revisión de libertad, detalló, de acuerdo con un comunicado del Poder Judicial.

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De hecho, ahí tendrán que argumentar las razones para que suspenda la prisión preventiva y tanto el Ministerio Público como las víctimas pueden refutar la petición. “No está diciendo la Sala y nunca dijo eso y está clarísimo en el proyecto de sentencia que mañana va a decir todas las personas que estén en prisión preventiva por favor sírvanse abandonar el penal, eso nunca se dijo eh, simplemente se dijo pueden abrir una audiencia”, indicó Cossío.

Pero para Mancera el tema va más allá. El jefe de Gobierno sostuvo en la misma conversación con los medios que la preocupación también radica en las revisiones que tendría que hacer el Ministerio Público de los casos. “Para que puedas obtener la libertad provisional tienen que solicitarla, entonces, en el momento en que la soliciten el Ministerio Público tiene que estar muy atento en los casos que no se deba conceder”, indicó.

¿Por qué

la Suprema Corte

tomó esta decisión?

Según el alto tribunal, su fallo obedece a que una parte de las leyes transitorias entre el antiguo y el nuevo sistema le da prioridad a la presunción de inocencia. Esto es que la famosa frase “cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” tiene un peso importante en la legislación.

De la misma manera, el hecho de que la prisión preventiva debe ser una excepción y lo regla. Pero además, la nueva normativa limitó el número de delitos considerados “graves”, que es en los que la medida de aseguramiento no tiene discusión.

¿Cuáles son entonces los delitos graves? De acuerdo al Código que reglamenta los procesos penales hay 10: homicidio, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo (nacional e internacional), sabotaje, corrupción de personas menores o en incapacidad de comprender, tráfico de menores y contra la salud. Una lista que excluye otros cargos como robo o portación ilegal de armas, por poner un par de ejemplos.

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Y este es precisamente uno de los problemas que alegó Mancera durante sus declaraciones. “Un robo a cuentahabiente que hubiera sido grave por la consideración en la Ciudad de México, ahora con esta interpretación, ya no sería delito grave. Esta persona podría solicitar su libertad provisional. ¿El Ministerio Público qué tendría que hacer? Analizar, por ejemplo, si hubo violencia, si hubo personas heridas, precisamente por el riesgo hacia la sociedad”, señaló.

Ahora, cabe aclarar que las personas no saldrían en libertad completa: la Suprema Corte indicó que si retira la prisión preventiva, el juez deberá “aplicar las medidas de vigilancia o supervisión”. Y volvió a insistir en que su fallo no implica el cambio inmediato de la situación del preso, “lo que permite es la aplicación de las normas del nuevo sistema penal”.

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La propuesta de los gobernadores del país

Durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario de Hidalgo, Omar Fayad, recordó que como producto del foro para el Fortalecimiento del Sistema Procesal Penal los gobernadores del país presentarán una propuesta en conjunto para la nueva normativa.

El planteamiento busca ampliar el catálogo de los delitos oficiosos así como un control eficientes del uso de armas. Además, “extensión de dominio para delitos relacionados con los hidrocarburos; prisión preventiva oficiosa; mayores facultades a la Policía, a fin de que si la víctima está en peligro, no se retrase su intervención por trámites burocráticos; facultades de geolocalización para el MP, con fines de seguridad y no de otra índole; entre otras”.

Fayad aseguró sobre el nuevo sistema penal que “todo proceso humano es perfectible, y tenemos que dejar clara la visión de que toda reforma está sujeta a ajustes, porque la sociedad en su conjunto tiene una percepción de la actuación de la autoridad, y esa es de impunidad”.

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